por Jorge Altamira
Las especulaciones y divagaciones acerca de una concertación entre Trump y el gobierno venezolano para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han copado los titulares y los comentarios de los medios de comunicación internacionales. La ausencia de una respuesta militar al sobrevuelo de aviones y helicópteros de la fuerza Delta sobre Caracas y el bombardeo a los asientos militares de La Carlota, en el centro de la capital de Venezuela, y el fuerte Tuna, son presentados como prueba de un arreglo convenido para ejecutar la operación de piratería. Las declaraciones ulteriores de Trump que descartan un pasaje del gobierno a la jefa de la oposición ‘escuálida’, María Corina Machado, acompañada por una declaración de confianza en la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para gobernar una transición política sin condiciones ni plazos, han reforzado esas presunciones. Los desmentidos públicos de los principales funcionarios de gobierno, Diosdado Cabello, ministro de Interior y encargado de Seguridad; Vladimir Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas: o Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no disiparon las sospechas de un pacto político. Tampoco las declaraciones de la Vicepresidenta, quien ha reclamado el retorno de Maduro al país y a la Presidencia –algo que olvidan muchas declaraciones de repudio al ataque de parte de la izquierda internacional-. El secuestro de Maduro ha sido un acto delictivo, porque no ha respondido a ningún pedido judicial de extradición u orden captura internacional. Con una mirada retrospectiva, el operativo ha repetido, con las variantes del caso, la extracción de Leopoldo López, un dirigente opositor, de la embajada de España, y de los refugiados en la embajada argentina, custodiada por el gobierno de Brasil. Si las especulaciones o divagaciones acerca del secuestro de Maduro tienen algún ancla en la realidad, la punta del ovillo no apareció recién en la madrugada del 3 de enero.
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