por Alejandro Valenzuela Torres
¿Se puede hacer oposición constructiva a un gobierno que se califica de fascista? La pregunta no es retórica sino política, y toca un nervio central de la coyuntura: ¿puede la izquierda declararse “oposición constructiva” frente a un gobierno que durante la campaña fue caracterizado —con plena conciencia del peso histórico del término— como fascista? ¿O aquella caracterización fue apenas un recurso de agitación electoral, un significante vacío destinado a capturar votos y disciplinar adhesiones momentáneas? El problema no reside en la conveniencia táctica del lenguaje duro en campaña, sino en la inconsistencia estratégica que se abre cuando, apenas concluido el ciclo electoral, ese mismo sujeto político se dispone a dialogar “cuantas veces sea necesario” con el adversario que hasta ayer era presentado como una amenaza estructural a las libertades democráticas y a los derechos elementales de las mayorías.
La posición explicitada por Lautaro Carmona en nombre de la dirigencia del Partido Comunista de Chile revela, más que una reflexión crítica sobre el nuevo escenario, la continuidad de una lógica ya conocida: la adaptación preventiva al marco institucional y la anticipada renuncia a una oposición de clase. Hablar de “oposición constructiva y propositiva” frente a un gobierno de José Antonio Kast no es un gesto de madurez política, como suele presentarse, sino la aceptación tácita de que el conflicto social debe ser traducido —y neutralizado— en términos parlamentarios, discursivos y administrativos. En ese movimiento, la lucha política deja de ser antagonismo real y se convierte en una disputa de matices dentro del mismo horizonte estratégico: el de la gobernabilidad del orden existente.
Más aún, la apelación reiterada al “bien de Chile” como justificación última del diálogo con un proyecto reaccionario reproduce una vieja operación ideológica: la disolución de los intereses de clase en una abstracción nacional que siempre termina funcionando a favor de los sectores dominantes. Si el nuevo gobierno de Kast representa, como se sostuvo en campaña, una ofensiva autoritaria contra derechos sociales, laborales y políticos, entonces no hay “bien común” posible que pueda construirse conjuntamente con él. En ese caso, la tarea de la izquierda no es “mejorar” sus políticas ni humanizar sus efectos, sino organizar la resistencia social, elevar el nivel de conciencia y preparar las condiciones para derrotarlo en el terreno de la lucha de clases, no en el de la cortesía institucional.
La referencia defensiva a la no validación de golpes de Estado y a la condena abstracta de la violencia resulta, en este contexto, reveladora. Nadie ha planteado —salvo como caricatura interesada— una política insurreccional inmediata ni la negación mecánica de la legalidad. Lo que sí está en discusión es si la izquierda acepta de antemano los límites que el propio adversario impondrá a cualquier forma de movilización efectiva. Un gobierno con rasgos autoritarios no necesita clausurar formalmente la democracia para vaciarla de contenido; le basta con que su oposición se autoimponga una moderación estructural en nombre de la responsabilidad republicana.
La unidad que se invoca, finalmente, aparece despojada de toda densidad programática real. No se trata de construir un proyecto común para enfrentar a la reacción, sino de preservar un espacio político administrable tras la derrota, prolongando la lógica que ya caracterizó al ciclo encabezado por Gabriel Boric: la subordinación de las expectativas populares a los ritmos del Estado y a las exigencias de estabilidad del capital. Ese ciclo en que se institucionalizó que hacer lo que demanda la derecha es revelador de una «perspectiva de Estado». En ese sentido, la “oposición constructiva” no es una novedad, sino la continuación coherente de una estrategia que, incluso cuando denunciaba al adversario como fascista, jamás estuvo dispuesta a romper con los fundamentos materiales que lo hacen posible. Un aliado de Carmona, el senador socialista Juan Luis Castro lo dijo con toda claridad ayer: llamar a movilizarse no solo es una irresponsabilidad sino que es propio de organizaciones estudiantiles. Si ayer era todo farsa, ahora es todo cobardía.
La disyuntiva, entonces, es clara y no admite ambigüedades sin costo político: o la caracterización del nuevo gobierno como fascista tenía un contenido real, y exige una oposición frontal, socialmente anclada y estratégicamente independiente; o fue, efectivamente, un cazabobos electoral, útil para la campaña pero descartable en la práctica. Persistir en ambas posiciones a la vez solo puede conducir a un resultado conocido: la desmoralización de las bases, la despolitización del conflicto y la conversión de la izquierda en un factor auxiliar de la gobernabilidad reaccionaria.