por Gustavo Burgos
La publicación en El Porteño de “De la Revolución Industrial a la Era digital”, de Luis Mesina, merece ser valorada no solamente por los problemas que aborda, sino por el terreno político en que los instala. En momentos en que buena parte de la discusión pública sobre inteligencia artificial, automatización y nuevas tecnologías oscila entre el entusiasmo empresarial y el temor abstracto ante una máquina que supuestamente amenaza al ser humano, Mesina devuelve la cuestión a su lugar material: las relaciones de producción y la lucha entre las clases. Su punto de partida consiste precisamente en rechazar la historia de la tecnología como una sucesión neutral de adelantos técnicos, mostrando que desde la Revolución Industrial la organización del trabajo ha estado atravesada por una disputa sistemática acerca del control del tiempo y del saber del trabajador. Esta recuperación del lenguaje de clase tiene una importancia que trasciende ampliamente los límites de una discusión académica: constituye un paso en la reconstrucción de una política obrera independiente después de décadas durante las cuales las categorías propias del movimiento de trabajadores fueron desplazadas por el vocabulario de la gobernabilidad, la ciudadanía, las políticas públicas y el diálogo social.
Uno de los principales méritos del trabajo es su capacidad de síntesis. Mesina establece una línea que conduce desde el trabajador de oficio hasta Taylor, desde el cronómetro hasta Ford, desde la cadena de montaje hasta el just-in-time de Toyota y, finalmente, desde el control del movimiento físico hasta la captura algorítmica de la atención y el conocimiento. No estamos ante episodios aislados. Lo que el ensayo intenta demostrar es la continuidad histórica de una necesidad del capital: apropiarse crecientemente de las capacidades del trabajo vivo y transformar cada incremento de productividad en una ampliación de las posibilidades de valorización. El cronómetro taylorista aparece así como un instrumento para arrebatar al trabajador profesional los “secretos de fabricación”, descomponer su oficio y transferir el conocimiento del proceso hacia la dirección empresarial. Más tarde, el toyotismo perfeccionará esa apropiación: ya no bastará con controlar el brazo del trabajador; será necesario movilizar también su inteligencia, sus sugerencias y su iniciativa, hasta convertir la explotación —en la certera expresión de Mesina— en una explotación “participativa”.
La fórmula que resume esta evolución —“el algoritmo como nuevo cronómetro”— tiene particular fuerza porque permite comprender la inteligencia artificial no como una ruptura misteriosa con la historia precedente, sino como una nueva etapa de una contradicción mucho más antigua. Los sistemas digitales permiten medir en milisegundos aquello que Taylor contabilizaba con su cronómetro; pueden registrar movimientos, clics, tiempos de respuesta y atención, pero sobre todo pueden apropiarse del conocimiento producido colectivamente por los trabajadores, codificarlo y devolverlo posteriormente bajo la forma de una potencia que se les enfrenta como capital. La cuestión resulta especialmente importante para el movimiento obrero chileno porque permite comprender que la automatización no afecta solamente al trabajador industrial tradicional. La nueva ofensiva alcanza a administrativos, empleados bancarios, periodistas, profesores, abogados, trabajadores del comercio, programadores, operadores logísticos y crecientes sectores del trabajo intelectual y de servicios.
Sin embargo, precisamente porque el planteamiento de Mesina resulta fértil, merece ser desarrollado en un punto que aparece unilateralmente formulado en el ensayo. La historia de las transformaciones tecnológicas del capitalismo no puede comprenderse únicamente como una sucesión de ofensivas patronales sobre una clase trabajadora que recibe pasivamente sus consecuencias. Si el capital transforma permanentemente la organización de la producción, ello ocurre también porque los trabajadores resisten. El trabajador aparece en el texto fundamentalmente como objeto de la expropiación de su saber, de la intensificación de sus ritmos y de la subordinación tecnológica. Pero la lucha de clases nunca ha funcionado en una sola dirección. La burguesía reorganiza el trabajo para aumentar la explotación, ciertamente, pero también para quebrar las formas de resistencia que los propios trabajadores construyen dentro de las modalidades anteriores de producción.
Esta cuestión posee en Chile una historia que supera largamente los 150 años. Desde la formación del proletariado minero y portuario del siglo XIX, pasando por las sociedades de resistencia, las mancomunales, las huelgas salitreras, la organización ferroviaria, minera, industrial y portuaria, hasta los grandes procesos de sindicalización del siglo XX, los trabajadores chilenos nunca fueron simples espectadores del desarrollo de las fuerzas productivas. Cada reorganización del trabajo encontró resistencias, apropiaciones, negociaciones y conflictos. La máquina modificaba la composición de la clase, pero la clase respondía creando nuevas organizaciones. La concentración industrial que permitía al capital aumentar la productividad reunía al mismo tiempo a cientos o miles de trabajadores bajo un mismo techo y creaba condiciones materiales para su organización colectiva. La racionalización productiva podía destruir antiguos oficios, pero también engendraba nuevas formas de cooperación obrera y, con ellas, nuevas posibilidades de lucha.
Hay aquí una dialéctica fundamental. El capital intenta resolver mediante la tecnología un problema de explotación y de control, pero al hacerlo transforma también a la clase que explota. El trabajador artesanal desplazado por la fábrica no desaparece simplemente: reaparece como proletario industrial. El obrero de oficio derrotado por Taylor deja paso a enormes concentraciones fordistas capaces de organizar sindicatos industriales de masas. La fragmentación toyotista y la tercerización debilitaron antiguas estructuras sindicales, pero crearon gigantescas cadenas logísticas cuya continuidad depende de trabajadores situados en nodos estratégicos. Y hoy la digitalización fragmenta espacialmente a la fuerza de trabajo al mismo tiempo que integra técnicamente millones de operaciones en redes productivas de una escala jamás conocida.
La resistencia obrera, por tanto, no constituye un elemento exterior al desarrollo tecnológico capitalista: forma parte de su propia historia. El capital incorpora maquinaria para reducir costos y aumentar productividad, pero también para disminuir su dependencia de determinados grupos de trabajadores, quebrar capacidades de negociación, modificar la composición de las plantas y recuperar control sobre el proceso laboral. Los trabajadores, por su parte, aprenden a utilizar las nuevas condiciones productivas como terreno de organización. Esta relación entre ofensiva del capital y recomposición obrera permite superar cualquier imagen del desarrollo tecnológico como una marcha inexorable hacia la omnipotencia patronal.
La precisión es importante también desde el punto de vista de la teoría marxista de la crisis. Mesina relaciona correctamente el incremento de productividad con la necesidad del capital de enfrentar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Pero esa relación debe entenderse contradictoriamente. Cada capital individual introduce nuevas tecnologías para reducir sus costos, aumentar la productividad y obtener una ventaja frente a sus competidores. Sin embargo, cuando esas innovaciones se generalizan y aumenta la proporción de capital invertido en maquinaria, instalaciones y tecnología respecto del trabajo vivo —la única fuente de nuevo valor—, la misma dinámica mediante la cual el capital intenta proteger su rentabilidad reproduce las condiciones que presionan nuevamente sobre ella. La respuesta capitalista a la contradicción vuelve a engendrar la contradicción.
Éste es un aspecto decisivo para comprender la inteligencia artificial. La automatización puede elevar extraordinariamente la productividad y simultáneamente destruir puestos de trabajo, intensificar los ritmos laborales y aumentar la masa de trabajadores disponibles. Lo que técnicamente constituye una posibilidad de liberación aparece socialmente como una amenaza. Si una tecnología permite producir en cuatro horas aquello que anteriormente exigía ocho, una organización racional de la sociedad podría reducir la jornada manteniendo la producción necesaria. Bajo el capitalismo sucede exactamente lo contrario: la empresa procura conservar ocho horas de trabajo, reducir personal y apropiarse privadamente del aumento de productividad. La máquina que podría liberar tiempo termina produciendo cesantía para unos y sobretrabajo para otros.
Esta contradicción permite avanzar desde el problema tecnológico hacia una cuestión bastante más profunda. No estamos solamente ante un uso equivocado de tecnologías que podrían utilizarse mejor. Estamos ante la creciente incompatibilidad entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones capitalistas de producción. La humanidad dispone de capacidades técnicas que permitirían reducir radicalmente el tiempo de trabajo necesario, coordinar sistemas productivos extremadamente complejos y satisfacer necesidades sociales a una escala desconocida. Pero esas capacidades permanecen subordinadas a una estructura de clases fundada en la propiedad privada de los grandes medios de producción.
Éste es el punto en que la discusión adquiere particular relevancia para una nación dependiente como Chile. La burguesía chilena ha demostrado históricamente su incapacidad para desarrollar de manera independiente las fuerzas productivas nacionales. Su existencia está entrelazada con el capital internacional, la exportación de materias primas, la apropiación privada de la renta minera y la dependencia tecnológica. Chile posee cobre y litio indispensables para las nuevas industrias mundiales, pero carece de control social sobre las grandes cadenas tecnológicas que utilizan esos recursos. Exportamos materiales estratégicos e importamos tecnología, maquinaria, propiedad intelectual y plataformas. La revolución tecnológica mundial profundiza así una contradicción histórica de nuestra formación social: poseemos una enorme riqueza material sin controlar soberanamente las condiciones bajo las cuales esa riqueza se transforma en desarrollo productivo.
La burguesía resulta incapaz de resolver esta contradicción porque no puede dejar de ser burguesía. No se trata de incompetencia administrativa ni de ausencia de empresarios suficientemente patrióticos. Su incapacidad es de clase. Liberar plenamente las fuerzas productivas significaría someter la inversión, los recursos naturales, el crédito, la tecnología y el comercio exterior a objetivos sociales conscientemente determinados; pero hacerlo exigiría precisamente eliminar el criterio que organiza la producción capitalista: la rentabilidad privada. La misma clase propietaria que debería realizar esa transformación tendría que renunciar a las condiciones materiales de su existencia.
Por ello, tampoco existe una liberación nacional consecuente separada de la emancipación social. Una economía dependiente no puede conquistar una verdadera independencia limitándose a sustituir un socio internacional por otro. La subordinación a Estados Unidos no se supera convirtiendo a China en nuevo centro de dependencia, del mismo modo que la nacionalización formal de una empresa no significa socialización si trabajadores y sociedad permanecen excluidos de las decisiones fundamentales. La cuestión nacional desemboca necesariamente en la cuestión de clase.
Llegamos así a la conclusión más importante del ensayo de Mesina. Mientras el control de los medios de producción y de las tecnologías permanezca subordinado a la acumulación privada, sostiene el autor, la productividad continuará operando a expensas de la reproducción social; frente a ello propone la “democratización de las fuerzas productivas y la reapropiación del tiempo social”. La formulación es correcta, pero corresponde extraer de ella todas sus consecuencias políticas. Llevada hasta el final, semejante democratización no puede consistir simplemente en mayor participación sindical en la administración de la empresa capitalista ni en una regulación estatal más severa de los algoritmos.
Democratizar las fuerzas productivas significa socializarlas. Y socializarlas significa expropiar a los grandes propietarios y colocar los principales medios de producción, el sistema financiero, los recursos estratégicos, la energía, las grandes infraestructuras y crecientemente las capacidades tecnológicas fundamentales bajo propiedad social y administración democrática de los productores. Esa transformación exige una forma de poder correspondiente: un gobierno de trabajadores, no entendido como un gobierno parlamentario que administra el Estado existente en nombre de los trabajadores, sino como un poder asentado en sus propias organizaciones democráticas y asamblearias.
La experiencia histórica del movimiento obrero ha conocido diferentes formas de esos organismos: consejos, soviets, comités de fábrica, coordinadoras, cordones industriales. Su denominación concreta dependerá de las condiciones de cada proceso histórico. Su principio, sin embargo, permanece: quienes producen deben organizarse también para decidir. Asambleas en los lugares de trabajo, delegados elegidos y revocables, coordinación territorial y por ramas productivas y organismos capaces de centralizar democráticamente esas decisiones constituyen la arquitectura posible de un poder alternativo al de la burguesía.
Desde esta perspectiva, un gobierno obrero no constituye un añadido doctrinario colocado artificialmente al final de una discusión sobre tecnología. Surge de la contradicción misma que Mesina describe. Si el problema consiste en quién controla la máquina, inevitablemente debemos preguntar quién controla la empresa; si preguntamos quién controla la empresa, debemos preguntarnos quién posee los medios de producción; y si discutimos quién posee los medios de producción, terminamos inevitablemente preguntándonos qué clase detenta el poder político que garantiza esa propiedad.
Pero semejante conclusión sólo tiene valor si puede traducirse en tareas inmediatas para el movimiento obrero chileno. La primera es probablemente la más elemental y, al mismo tiempo, la más difícil: recuperar una política de independencia de clase. Décadas de subordinación sindical a los partidos del régimen, institucionalización de la negociación colectiva y transformación del sindicalismo en administrador especializado de conflictos laborales han debilitado la comprensión de que cada disputa salarial forma parte de una relación social más general entre capital y trabajo. Es necesario reconstruir esa continuidad.
La segunda tarea consiste en politizar la resistencia. Una huelga contra despidos derivados de automatización no debería limitarse a pedir una indemnización mejor. Debe cuestionar el derecho unilateral del empresario a decidir qué tecnología introduce y quién recibe sus beneficios. Si una máquina permite producir lo mismo empleando menos tiempo humano, la reivindicación obrera elemental debe ser reducción de la jornada sin reducción salarial y distribución de las horas disponibles entre todos los trabajadores. Frente al argumento patronal de que una empresa debe despedir para mantener su competitividad, corresponde exigir apertura de sus libros, conocimiento de costos, utilidades, inversiones y productividad. El secreto comercial no puede colocarse por encima del derecho de los trabajadores a defender sus condiciones de existencia.
La tercera consiste en superar la fragmentación sindical por empresa y comenzar a pensar las cadenas productivas desde el punto de vista de quienes trabajan en ellas. Mineros, portuarios, transportistas, trabajadores de energía, logística, telecomunicaciones y servicios aparecen jurídicamente separados, pero el capital los integra diariamente dentro de un único proceso material. La organización obrera debe aprender a reproducir políticamente esa integración. Coordinaciones por rama, encuentros de delegados, comités contra despidos y organismos territoriales pueden constituir formas embrionarias de una organización superior.
Hay además una tarea intelectual que no debe menospreciarse. Taylor arrebató al trabajador el conocimiento del proceso laboral; el algoritmo pretende ahora apropiarse incluso de su conocimiento cognitivo. La organización obrera necesita recorrer el camino inverso: recuperar colectivamente el conocimiento de cómo funciona la producción. Los trabajadores deben conocer las empresas mejor que sus directorios, comprender las cadenas logísticas, saber hacia dónde se dirige el cobre, cómo circula el crédito, cómo se forman los precios, cómo funcionan los algoritmos que organizan su actividad y qué posibilidades reales de reducción de jornada permite la productividad alcanzada. Ese conocimiento constituye ya una forma embrionaria de poder.
Finalmente, todas estas luchas necesitan converger en un programa de clase: defensa irrestricta del salario y el empleo; reducción de la jornada sin reducción salarial frente a los aumentos de productividad; reparto de las horas de trabajo disponibles; control obrero de la introducción de nuevas tecnologías; apertura de los libros empresariales; organización de trabajadores por ramas y cadenas productivas; nacionalización bajo control de los trabajadores de la gran minería y los recursos estratégicos; socialización del sistema financiero y de las grandes infraestructuras; planificación democrática de la producción conforme a las necesidades sociales y no a la ganancia.
Ninguna de estas reivindicaciones debe entenderse aisladamente. Su importancia reside precisamente en la dinámica que establecen entre la lucha presente y el problema del poder. Defender un puesto de trabajo conduce a discutir productividad; discutir productividad lleva a preguntar quién se apropia de ella; discutir apropiación conduce a la propiedad; y discutir la propiedad de los grandes medios de producción conduce inevitablemente al poder político.
En esto reside la importancia política de la contribución de Luis Mesina. En una época en que incluso buena parte de la izquierda ha sustituido la crítica del capitalismo por la administración de sus consecuencias, volver a hablar de trabajo, productividad, explotación, tasa de ganancia, propiedad y control de los medios de producción constituye ya una ruptura significativa. No porque estas categorías pertenezcan a un lenguaje antiguo que debamos conservar por fidelidad doctrinaria, sino porque la inteligencia artificial, la automatización y la crisis capitalista vuelven a demostrar brutalmente su actualidad.
El algoritmo puede ser el nuevo cronómetro, como sostiene acertadamente Mesina. Pero la historia del movimiento obrero enseña algo más: junto a cada nuevo cronómetro nació también una nueva resistencia. La tarea consiste ahora en transformar esa resistencia dispersa en conciencia, la conciencia en organización y la organización en programa. La clase trabajadora no necesita defenderse de las fuerzas productivas que ella misma ha creado. Necesita arrebatárselas al capital. La democratización planteada por Mesina alcanza entonces su significado histórico completo: socialización de los grandes medios de producción, poder asentado en las organizaciones democráticas de los trabajadores y gobierno obrero como condición para que la extraordinaria productividad creada por generaciones de trabajo humano deje de presentarse como una amenaza y pueda convertirse, finalmente, en instrumento de emancipación.