por Ibán de Rementería //
En julio pasado, en relación a los sucesos del Liceo de Aplicación dos importantes sostenedores de la educación pública, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el de la Comuna Independencia, Gonzalo Durán, opinaron frente a frente sobre como asumir los daños causados por las tomas estudiantiles de los establecimientos educativos.
Mientras el Alcalde Alessandri evalúa como el impacto más grave de las tomas escolares a: “la pérdida de respeto hacia la autoridad, la normalización de la violencia y la legitimación de la destrucción de mobiliario y recursos públicos como elemento de protesta”. Para confrontar este problema desarrolla el concepto de: “el Rompe-Paga. Dos palabras que sintetizan el sentido común y la máxima fundamental de una sociedad democrática basada en los derechos y deberes”[1].
Por su parte el Alcalde Durán tienen un enfoque del asunto completamente distinto, plantea que: “No podemos hablar de tomas estudiantiles sin poner en contexto de que se trata, porque ellas son la expresión de que se ha quebrado el diálogo”…entonces: “cómo generamos mejores y más eficientes mecanismos de diálogo con los actores sociales”. Ante lo cual establece que: “Las tomas sólo se pueden evitar en la medida en que se trabaje con y para las comunidades escolares…”. El Alcalde Durán concluye definiendo su proyecto de intervención así: “Por ello es que en nuestra comuna hemos apostado por dar relevancia a los consejos escolares (órganos en el que participan académicos, estudiantes, apoderados, directivos y asistentes de la educación)”[2].[3]
Lo que se tematiza aquí son dos modelos de interpretación y gestión de las causa de la violencia escolar: para una, la falta de autoridad, para la otra, la falta de participación. Para una la solución está en castigar a los infractores, para la otra el asunto se resuelve escuchando y dialogando con las partes.
Veamos algunos antecedentes sobre la violencia escolar en el país, hace 10 años se informaba que al comparar la I y II encuestas de violencia en el ámbito escolar realizados por Adimark GFK a petición del Ministerio del Interior entre los años 2005 y 2007 se revelaba una gran disminución de la violencia escolar del 45,2% al 26,3%, tanto la física como la psicológica, esta inusitada variación a la baja del 58% en la violencia escolar en dos años no tienen ninguna explicación en el informe, pero es constatable que el gran acontecimiento que afectó la vida escolar entre las dos fechas de los estudios fue la “marcha de los pingüinos” donde los estudiantes reclamaban profundas reformas escolares de contenidos, pedagógicas, de gestión y accesibilidad universal (gratuidad) para la educación nacional [4], esto, a no dudarlo, fue un gran procesos de participación estudiantil, cuya frustración llevara a su repetición en 2011.
Por su parte, el Premio Nacional de Educación 2017, Abraham Magendzo, preguntado sobre la violencia escolar responde que: “La violencia está instalada en la sociedad y no solamente en Chile”… “Y en las escuelas, en la educación se reproduce esta violencia que hay en la sociedad”. Preguntado sobre qué hacer entonces, propone: “…que frente a algunos temas ciudadanos se invite a los estudiantes a dialogar en torno a estos temas…”. Diagnostica una falla pedagógica principal: “Yo creo que hay poco dialogo en las escuelas, no hay pedagogía del diálogo, hay una pedagogía del dictar, hacer las pruebas para ver si el niño aprendió”. Inquirido sobre el proyecto “Aula Segura” responde: “Yo pienso que la exclusión no soluciona los problemas”. Y en cambio recomienda: “…hay que escucharlos y saber por qué se comportan así, cuál es el fin, por qué no usan otros métodos para manifestar su descontento”. En esto concuerda con las prácticas del Alcalde Durán.
Al terminar las fiestas patrias el Presidente Piñera presentó su proyecto de ley “Aula segura” afirmando que esta tiene por propósito expulsar a “delincuentes y violentistas disfrazados de estudiantes”[5], bueno si están disfrazados de estudiantes entonces no lo serían y no es necesario expulsarlo para aplicarles todo el rigor de la ley, como lo han manifestado varios expertos hay normas penales y administrativas vigentes que permiten perseguir y castigar esas conductas inaceptables.
Las reacciones ante la propuesta presidencial fueron variadas, pero considerando las más representativas, tenemos que Humberto Garrido, Director del Liceo de Aplicación, institución emblemática por estos sucesos declaró que: “las comunidades educativas están ‘angustiadas’ por el clima de violencia”, y agregó “necesitamos rápidamente sacar a esos estudiantes, porque nuestra comunidad es la que corre peligro”, en esas opiniones fue secundado por Fernando Soto, Rector del Instituto Nacional e Inés Aqueveque Directora del Liceo 1 Javiera Carrera. La desaprobación a esta manera de asumir la violencia escolar, inesperadamente, provino de los padres organizados, así Judy Valdés, Presidenta del Centro de Apoderados del Instituto Nacional y vocera de colegios como el Liceo 1, el Carmela Carvajal, Barros Borgoño, INBA, Aplicación y Liceo 7, manifestó: “No es llegar y expulsar, sino que también se tiene que apoyar a estos alumnos”, ya que según ella esta situación se inscribe en: “la crisis de la educación pública, que es por falta de recursos”[6].
Posteriormente los debates se han centrado en qué hacer con los escolares expulsados, lo cual por cierto hay que resolver, pero, lo evidente aquí es que las expulsiones motivadas por conductas inaceptables de violencia escolar no se hace cargo del origen del problema que es la falta de participación de los estudiantes, como de los otros estamentos educativos, en la gestión de las instituciones educativas, pese a que está prevista una institucionalidad como son los Consejos Escolares, esa es la instancia donde debe operar las recomendaciones del profesor Abraham Magendzo, quien ha dicho: “…hay que escucharlos y saber por qué se comportan así”, este por algo es Premio Nacional de Educación.
Las opiniones aquí vertidas en ningún caso pretender defender ni justificar el uso de bombas incendiarias en contra de profesores, personal asistente de la educación o carabineros ni en contra de persona alguna, tampoco en contra de los establecimientos educacionales y sus equipamientos, y los repudia firmemente, pero el autor de estas líneas defiende la toma de los establecimientos educativos y de cualquier recinto público o privado como parte de la lucha social por mejores condiciones educativas de los escolares, los estudiantes, los maestros y profesores, en general, por mejorar las condiciones de vida de cualquier sector social. Tanto más cuanto que, el suscrito en 1962 fue uno de los cabecillas junto con otros compañeros de la toma por cuarenta días del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, en solidaridad con la huelga general del Magisterio en el Gobierno de Jorge Alessandri.
[1]La Tercera ¿Es adecuada la política del “rompe paga” para enfrentar los daños de las tomas? 21 julio 2018, p.10.
[2]Ibid.
[3]Según la Agencia de Calidad de la Educacióndel Ministerio de Educación los Consejos Escolares,creados en 2004, nacieron con la misión de promover la participación de las comunidades educativas a través del diálogo abierto entre todos los actores que las componen. Así, directores, sostenedores, profesores, estudiantes y apoderados tienen la oportunidad de reunirse en pro de un mismo fin: mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizajes en los establecimientos educacionales.
Estos consejos se llevan a cabo, por ley, en todo colegio subvencionado por el Estado en Chile, y surgieron con el fin de resguardar la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa, establecer un espacio de confianza y fomentar la participación activa y representativa de todos sus integrantes, además de fortalecer la sociedad civil y la posibilidad de que todos los miembros de un establecimiento puedan opinar con respecto a distintos temas.
[4]El Mercurio. Escolares se agreden menos, pero ataques son más violentos.5 diciembre 2008, p. C1.
[5]El Mercurio. Directores de liceos emblemáticos urgen por aprobación de proyecto de ley “Aula Segura”. 21 septiembre 2018, p. C5.
[6]Ibid.
(el autor es ex alumno del Liceo Eduardo de la Barra, Valparaíso)
