por Gustavo Burgos
La democracia burguesa chilena no atraviesa simplemente una crisis de legitimidad, como acostumbran afirmar los analistas del régimen cada vez que las encuestas registran una caída de confianza en el Parlamento, los partidos o las instituciones. Lo que se encuentra crecientemente cuestionado es algo bastante más profundo: la capacidad misma de los mecanismos de representación establecidos para procesar las contradicciones sociales producidas por un régimen económico fundado en la concentración de la propiedad, el endeudamiento, la precarización del trabajo y la subordinación de todas las necesidades sociales a la acumulación del capital. El agotamiento de las ilusiones democráticas no significa que millones hayan llegado espontáneamente a una conclusión socialista ni que hayan dejado de votar; significa que la experiencia cotidiana demuestra, cada vez con mayor brutalidad, que la alternancia electoral no altera las relaciones fundamentales de poder. Cambian los gobiernos, las coaliciones, los nombres de los ministros y los discursos presidenciales, pero permanecen la propiedad de la gran minería, los bancos, las AFP, las grandes cadenas comerciales, los puertos, los medios de comunicación y las plataformas que crecientemente organizan la esfera pública. La democracia burguesa puede ampliar o restringir derechos, reformar constituciones y reemplazar administradores, pero no puede democratizar realmente una sociedad mientras preserve como derecho fundamental el poder privado del capital sobre la vida social.
