Mientras se desarrolla la audiencia de formalización encabezada por la cuestionada fiscal Tatiana Esquivel contra los hijos de Julia Chuñil (Pablo, Jeannette y Javier) bajo el testimonio de un exyerno coimputado, el caso vuelve a exponer una ofensiva represiva del aparato judicial contra quienes se organizan y luchan por derechos básicos y humanos: el derecho al territorio, al medioambiente, a la vivienda y los derechos de los pueblos originarios.
La historia del decreto de ley 701 se inicia durante la dictadura cívico militar. En 1974, la industria forestal presenta cambios profundos, donde la CONAF tenía a su cargo los predios expropiados de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Uno de estos cambios es el decreto de Ley 701, impulsado por el ministro de Economía Fernando Leniz e implementado por Ponce Lerou (ex yerno de Pinochet). Esta iniciativa de ley fortaleció la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado, la cual implicaba la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus beneficiando a los empresarios del sector, siendo la base de la multiplicación de la riqueza de los grupos forestales como los Angelini y los Matte.
Más de 560 organizaciones sociales emplazaron a Gabriel Boric y al Senado por medio de una carta, se suman movilizaciones convocadas por organizaciones medioambientales de la juventud para este martes. Mientras tanto, Boric descarta frenar la votación en el Senado con la excusa de esperar las «side letters». Este miércoles se votará en el Senado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que involucra a 11 países, conocido como TPP-11.
por Teresa Melipal
El TPP-11 es un nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico, considerado como el de mayor envergadura actualmente en curso. El tratado está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y durante los días martes y miércoles de esta semana la Cámara de Diputados votará la ratificación del acuerdo luego de postergarse el pasado 3 de abril.
Este tratado fue impulsado durante las últimas cosas pendientes del gobierno de Michelle Bachelet y que ha tomado este gobierno. Su principal objetivo es reducir el rango de maniobra del Estado en la economía dentro de una amplia gama de materias, entre ellas; económicas, comerciales, derechos sociales y culturales, dificultando la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo.