por Gustavo Burgos
La urgencia con que el gobierno de José Antonio Kast procura dotar al Estado chileno de un nuevo armazón constitucional represivo no puede explicarse por la delincuencia, el narcotráfico ni por ninguna de las otras invocaciones con las que La Moneda pretende justificarlo. La reforma constitucional sobre seguridad forma parte de una operación política mucho más profunda: preparar preventivamente al Estado para contener y eventualmente aplastar la resistencia social que necesariamente habrá de provocar el formidable ataque contra las condiciones de vida de los trabajadores que constituye el programa económico del Gobierno. Contratos por hora, polifuncionalidad, anualización de jornadas que podrían alcanzar las 52 horas, modificación del régimen de indemnizaciones y debilitamiento de las organizaciones sindicales forman parte de una ofensiva que pretende transferir al trabajo los costos de la crisis y reconstruir las condiciones de acumulación del capital.