por Gustavo Burgos
Cualquier análisis serio del secuestro de Nicolás Maduro debe comenzar con una advertencia metodológica ineludible: nos movemos, por ahora, casi exclusivamente con información proveniente de la prensa burguesa internacional, de comunicados oficiales de las potencias involucradas y de filtraciones interesadas. La ausencia —o extrema debilidad— de informes sistemáticos emanados del propio movimiento obrero y popular venezolano obliga a una cautela que no es neutralidad, sino conciencia de los límites del material disponible. Dicho esto, incluso dentro de esas restricciones existen hechos objetivos que permiten delinear un cuadro político general y formular hipótesis que no pueden ser despachadas como meras conjeturas.
El primero de esos hechos es que un secuestro de esta naturaleza, ejecutado por un comando de fuerzas especiales norteamericano, resulta prácticamente imposible sin algún grado de apoyo interno, ya sea en forma de información estratégica, liberación de zonas, inacción deliberada o colaboración directa de sectores traidores del aparato estatal o militar. La operación ha sido presentada por Washington como una acción orientada a la “persecución del narcotráfico”, una coartada clásica que cumple la función de despolitizar una agresión militar y reconvertirla discursivamente en acto policial.
Sin embargo, ni siquiera la prensa imperialista ni los gobiernos cipayos de América Latina, que han desplegado críticas procedimentales apelando al derecho internacional, se atreven a caracterizar el hecho como lo que es: una agresión imperialista abierta contra un país semicolonial. Mucho menos extraen de ello la conclusión lógica: la necesidad de promover acciones de masas de resistencia. El juridicismo funciona aquí como una forma oblicua de sometimiento a Donald Trump, en la medida en que el derecho internacional —como toda norma jurídica— no es un límite externo al poder, sino el sedimento histórico de relaciones de fuerza impuestas, en última instancia, por las armas.
Frente a esta claudicación institucional, las protestas registradas en Nueva York, París, Londres y otras capitales del mundo muestran que amplios sectores de las masas han percibido intuitivamente la naturaleza real del acontecimiento. Allí donde cancillerías y editoriales hablan de “excesos” o “irregularidades”, la calle reconoce una acción de dominio imperial dirigida no solo contra Venezuela, sino contra el conjunto de América Latina. Esa percepción popular desborda el marco legalista y revela una conciencia más profunda de la violencia estructural del orden imperialista.
En este contexto, adquiere una interés particular la declaración de Delcy Rodríguez, quien, en su primer mensaje como presidenta encargada, llamó explícitamente a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación” con Estados Unidos. El comunicado resulta elocuente no solo por lo que dice, sino por lo que omitía: no existá en él una exigencia clara e inequívoca de liberación inmediata de Maduro, ni una denuncia frontal del secuestro como agresión imperialista. Por el contrario, el texto parecía sintonizar con la idea —expresada sin ambages por Trump— de que Venezuela será gobernada desde Washington durante una “transición política” destinada a garantizar el acceso irrestricto de las petroleras estadounidenses al petróleo venezolano, nacionalizado por la Revolución Bolivariana. Cuando Rodríguez invocaba la “cooperación”, la “legalidad internacional” y la “no injerencia” en el mismo acto en que se acepta el hecho consumado de una captura militar extranjera, el discurso resultaba vaciado de contenido soberano y se aproximaba peligrosamente a una declaración de principios de subordinación. Sin embargo, si observamos lo expresado en la reciente ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez como Presidente Encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, tal ambigüedad parece despejarse ya que en la misma ceremonia ésta afirmó inequívocamente su compromiso con la revolución bolivariana y con el propio Nicolás Maduro. Esto aleja la materialización del plan norteamericano y lo deja colgando de un hilo a pesar de la espectacular arremetida comunicacional imperialista.
En efecto, el proyecto norteamericano para Venezuela por lo mismo, enfrenta límites objetivos muy significativos. En primer lugar, no se apoya en una derrota militar del Estado venezolano. No hubo invasión terrestre ni aniquilación de sus fuerzas armadas; por lo tanto, el éxito estratégico de Washington depende íntegramente de la colaboración del chavismo o de una fracción decisiva de él. En segundo lugar, una transición de este tipo solo podría avanzar aplastando el proceso de movilización antiimperialista sobre el cual el régimen se apoyó desde sus inicios, en una clave nacionalista de choque con Estados Unidos. Las milicias bolivarianas —estimadas en más de 100.000 hombres armados— no pueden ser desarticuladas por una simple orden emitida desde Washington, ni siquiera mediante decretos avalados por una institucionalidad en crisis. En este punto, resulta relevante advertir que importantes sectores del propio chavismo continúan sosteniendo, un discurso de tono revolucionario y antiimperialista, lo que indica que el enfrentamiento con EEUU está lejos de resolverse. En tercer lugar, la dilación en la instalación de un nuevo régimen estable, sumada a la crisis económica que acompañaría una transición atravesada por conflictos intestinos, proyecta un escenario de inestabilidad aguda, donde la hipótesis de una guerra civil no puede ser descartada a la ligera comprometiendo estratégicamente los intereses norteamericanos en toda la región.
Los datos disponibles sobre la operación militar —campañas de inteligencia prolongadas, supresión coordinada de defensas aéreas, ciberataques, infiltración de helicópteros y extracción rápida del objetivo— confirman la enorme capacidad técnica del aparato militar estadounidense, pero no resuelven la cuestión política central: cómo traducir un éxito táctico en un cambio de régimen duradero. De ahí las declaraciones de Marco Rubio, que detallan sin pudor las exigencias de Washington: reestructuración de la industria petrolera, eliminación de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, y ruptura de relaciones con Irán y Hezbolá se encuentren muy alejadas de materializarse. Se trata, en suma, de un programa de recolonización integral que solo podrá materializarse aplastando el movimiento antiimperialista venezolano.
La dimensión petrolera es fundamental. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo y, aun con su producción deprimida, su control resulta estratégico para el mercado energético global. La reacción relativamente contenida de los precios no invalida el objetivo de fondo: asegurar, mediante un gobierno tutelado, el acceso directo de las corporaciones estadounidenses a esos recursos. En ese marco, la “cooperación” inicialmente propuesta por Rodríguez aparece más como un gesto diplomático que como una señal de disponibilidad política concreta.
Defender incondicionalmente la soberanía del pueblo venezolano no implica cerrar los ojos frente a las contradicciones, vacilaciones o posibles traiciones de su dirección política. Por el contrario, implica señalar que cualquier salida que transforme al chavismo en garante de los intereses de Estados Unidos solo podrá imponerse mediante la represión del propio sujeto social que sostuvo el proceso bolivariano. Y ese es, precisamente, el punto en el que el proyecto imperialista revela su mayor debilidad: depende de quebrar una tradición de resistencia de masas que, aun golpeada y confundida, sigue siendo un factor activo en la realidad venezolana y latinoamericana.
De nada sirven los análisis “objetivos” que se limitan a constatar retrocesos en la lucha antiimperialista o a describir la iniciativa táctica exitosa del imperialismo, si no están volcados íntegramente a recuperar la iniciativa: toda lucidez que no se convierte en orientación para la acción termina, en los hechos, como contemplación impotente. Este secuestro es apenas un primer paso de una ofensiva mayor de Estados Unidos destinada a recomponer posiciones en América Latina en disputa directa con la potencia emergente china; por eso mismo no es un “caso venezolano”, sino un ataque contra todos y cada uno de nuestros países.
El propio Trump ha explicitado su intención de continuar la escalada apuntando contra Colombia, Cuba y México, lo que confirma el carácter regional —y pedagógico— de la operación: disciplinar por la fuerza, y medir hasta dónde llega la docilidad de las clases dominantes locales y de sus gobiernos. Frente a esto, la respuesta no puede reducirse a alusiones rituales al derecho internacional —como ha hecho impotentemente Boric— porque sabemos que el único “derecho internacional” efectivo es el que nace de las armas y de la movilización organizada de los trabajadores y el pueblo; la invocación legalista, repetida por gobiernos de América Latina y del mundo, busca juridizar el problema y extraerlo del escenario donde realmente se decide: la lucha de clases. Levantar la bandera antiimperialista y de la revolución social es condición para una solidaridad efectiva con el pueblo venezolano herido: su resistencia y su combate no son un asunto ajeno, son la causa común de todos los explotados y de todos los pueblos del mundo.