por El Porteño
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados continuó este miércoles por la tarde la discusión general del proyecto de ley (Boletín N.º 16.725-06) que busca derogar el feriado legal en días de elecciones y plebiscitos, iniciativa que se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional.
La sesión estuvo marcada por la activa intervención de sindicatos y organizaciones de trabajadores, quienes advirtieron que eliminar el feriado electoral afectaría gravemente el ejercicio efectivo del derecho a voto, especialmente en sectores como el comercio, el retail y las farmacias. Según señalaron, esta medida profundizaría una discriminación entre trabajadores, ya que quienes se desempeñan en establecimientos que no comparten la misma razón social -como malls o centros comerciales- deben abrir en días de elecciones y quedan supeditados a un “acuerdo” con sus jefaturas para ejercer su derecho a sufragio durante un permiso de tres horas.
Los dirigentes sindicales enfatizaron que dicho tiempo resulta insuficiente en la práctica, considerando las largas distancias existentes entre los lugares de trabajo y los domicilios electorales, especialmente en grandes ciudades. “Se está discriminando a parte de la ciudadanía, que no puede votar en igualdad de condiciones respecto del resto”, advirtieron.
Frente a la propuesta del empresariado de cambiar el local de votación a uno cercano al lugar de trabajo, los representantes sindicales rechazaron categóricamente esta alternativa. “Las personas quieren votar por las autoridades de su circunscripción, aquellas que representan sus territorios e intereses, y no por otras que no guardan relación con su realidad. Solo plantearlo es una falta de respeto”, señaló Sergio Fuentes, vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios (Conatracops).
Durante la jornada intervinieron los dirigentes sindicales Sergio Fuentes, presidente del Sindicato Nacional Jumbo y secretario de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios; Mauricio Acevedo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias Fenatrafar; y Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart. Todos coincidieron en que el feriado electoral constituye una garantía democrática y laboral, consagrada en la legislación chilena, particularmente en el artículo 180 de la Ley N.º 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que reconoce el derecho de las y los trabajadores a disponer del tiempo necesario para sufragar sin menoscabo de sus remuneraciones.
A juicio de los dirigentes, lo correcto no es eliminar el feriado, sino extender este derecho a todos los trabajadores y trabajadoras, sin discriminaciones, ya que no deben existir ciudadanos de primera y segunda categoría frente al ejercicio de derechos políticos fundamentales.
Asimismo, llamaron al Parlamento a no retroceder en materia de derechos laborales, advirtiendo que, de prosperar esta iniciativa, los trabajadores del sector podrían verse obligados a movilizarse. “No podemos perder lo avanzado. Esta es una muy mala señal política para los trabajadores. Después de esto, querrán que volvamos a trabajar en feriados y fechas importantes como Navidad hasta altas horas de la noche, como ocurría antes”, señaló Juan Moreno. En la misma línea, Mauricio Acevedo agregó: “No podemos retroceder en derechos ganados democráticamente; es grave que el Congreso se preste para retrocesos sociales”.
En la sesión también expusieron autoridades públicas y representantes del empresariado de los sectores comercio, turismo y gastronomía, entre ellos Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales y Estudios de la Cámara de Centros Comerciales de Chile; representantes de la Cámara de Comercio de Santiago; Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía; Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Turismo de Chile; y Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail A.G.
Desde el sector empresarial se argumentó que el cierre en días feriados genera importantes pérdidas económicas y que, a su juicio, trabajar y votar serían compatibles, siempre que se mantengan los permisos actualmente establecidos.
El debate reflejó con claridad la tensión entre los intereses económicos y la protección de derechos laborales y democráticos, poniendo en el centro la necesidad de asegurar que ningún trabajador o trabajadora vea restringida su participación en procesos electorales, pilar esencial de la democracia. La discusión continuará en próximas sesiones de la comisión.