por Gustavo Burgos
El lanzamiento inminente de la megatoma de San Antonio constituye hoy la imagen más descarnada de la política habitacional del Estado chileno. En un asentamiento donde viven, según diversas estimaciones, entre diez y doce mil personas –trabajadores precarizados, migrantes, mujeres jefas de hogar, jóvenes sin acceso a arriendo ni subsidios–, la Tercera Sala de la Corte Suprema —famosa porque dos de sus integrantes han sido destituidos por el Senado y se prepara la Acusación Constitucional para un tercero, todos por corrupción— ordenó el desalojo total del predio, fijando plazos sumarios y estableciendo, como verdad jurídica, que la ocupación constituye una privación ilegítima del dominio. El Gobierno, presionado por el costo político de un operativo policial de magnitud dictatorial, ha intentado maniobrar mediante la expropiación de 100 hectáreas del predio y la elaboración de un proyecto habitacional futuro. Pero esta expropiación acotada solo busca cumplir formalmente con el fallo y contener la indignación social: en los hechos, todo lo que queda fuera de ese polígono será desalojado por la fuerza. La escena dantesca que se prepara –miles de familias puestas en la calle, sin alternativas habitacionales reales– no es un accidente, sino la culminación lógica de una política estatal que ha hecho del desalojo su instrumento privilegiado frente al problema de la vivienda.
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