por Gustavo Burgos
El reciente artículo de Emilio Albamonte y Matías Maiello, “Pensar la estrategia revolucionaria en el siglo XXI”, tiene el mérito de devolver al debate marxista problemas que buena parte de la izquierda contemporánea ha expulsado de su horizonte: estrategia, partido, doble poder, organismos de autoorganización, autodefensa, insurrección y destrucción del Estado burgués. Sus autores rechazan explícitamente una interpretación parlamentaria o gradual de la transformación social, sostienen que ningún frente electoral puede sustituir a los organismos de poder obrero y polemizan con las concepciones que imaginan una transformación progresiva del Estado desde su interior. Por eso una discusión seria con el PTS no puede fundarse en atribuirle una renuncia doctrinaria a la revolución que sus propios textos desmienten. El problema comienza en otra parte: en determinar si esa estrategia organiza efectivamente las mediaciones de su actividad cotidiana o si existe una creciente separación entre un programa histórico revolucionario y un programa operativo concentrado en resistencia, movilización, intervención parlamentaria y acumulación electoral.
Los últimos cuatro años ofrecen un terreno particularmente fértil para examinar esta cuestión porque los parlamentarios del PTS han desplegado una actividad política intensa y perfectamente documentable. Lejos de practicar un parlamentarismo pasivo, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y, desde diciembre de 2023, Christian Castillo han combinado sistemáticamente intervención en el Congreso con presencia en conflictos obreros, movilizaciones y críticas a las conducciones sindicales. Precisamente por eso su experiencia resulta interesante: no estamos frente al reformismo parlamentario clásico. Estamos ante una corriente que insiste en que su verdadera fuerza está fuera del Parlamento mientras utiliza simultáneamente el Parlamento como tribuna, como espacio de presentación de reformas y derogaciones y como escenario desde el cual convoca a la movilización. En julio de 2022, en plena crisis del gobierno de Alberto Fernández y después de la salida del ministro de Economía Martín Guzmán, los diputados del PTS convocaban a una movilización nacional reclamando que las centrales sindicales rompieran la tregua y llamaran a paro y plan de lucha. Del Caño condensó en aquella oportunidad la lógica de la intervención: habían presentado proyectos en la Cámara, señalaba, pero éstos no eran tratados; “nuestra fuerza está en la calle”.
La fórmula es importante porque permite identificar una estructura que reaparece una y otra vez. Algunos llaman a esta conducta, con cierto humor negro, «luchismo«. Frente al acuerdo con el FMI, los diputados denunciaron el pacto dentro del Congreso y convocaron simultáneamente a rechazarlo mediante movilización callejera; frente al Presupuesto 2023 intervinieron en comisiones y lo denunciaron como presupuesto de ajuste; frente a los tarifazos propusieron la estatización de los servicios y acompañaron luchas obreras como la de los trabajadores del neumático. La institución parlamentaria aparecía así subordinada discursivamente a la lucha social: se presenta un proyecto, se utiliza la banca para denunciar, se demuestra que la mayoría parlamentaria responde a otros intereses y se concluye que la relación de fuerzas debe modificarse desde afuera. Ésta no es la estructura del parlamentarismo reformista tradicional. Pero tampoco contiene la mediación que llevaría desde esa exterioridad social hasta la construcción de una autoridad política alternativa. El circuito termina generalmente en movilización, paro, plan de lucha y fortalecimiento de la organización independiente.
La misma estructura se volvió todavía más visible durante la crisis jujeña de 2023. Alejandro Vilca y los demás diputados del FIT-U llevaron al Congreso denuncias contra la represión y la detención de militantes, presentaron proyectos de repudio y reclamaron la anulación de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, mientras la política fundamental se colocaba en la huelga docente, las comunidades indígenas y la movilización en las calles. El lenguaje era inequívocamente clasista y extraparlamentario: las conquistas debían imponerse “desde abajo”. Pero nuevamente aparece una cuestión metodológica: “desde abajo” define el lugar desde el cual se construye la fuerza, no todavía la naturaleza del poder que pretende reemplazar al existente. Una política puede ser enteramente independiente de los partidos burgueses, apoyar huelgas, denunciar al Estado y defender libertades democráticas sin resolver por ello cómo la fuerza social acumulada se transforma en una soberanía política distinta de la Constitución y del Parlamento.
La llegada de Milei al gobierno hizo aún más intensa esta articulación entre Parlamento y calle. El ejemplo más nítido fue probablemente el tratamiento del DNU 70/2023. Los diputados del PTS y otros integrantes del FIT-U no se limitaron a movilizar contra el decreto: presentaron formalmente un proyecto de ley para declararlo de “nulidad absoluta e insanable”. Paralelamente llamaban a la movilización, al paro y a un plan de lucha para derrotar el conjunto del programa gubernamental. Poco después presentaron también proyectos sobre registración laboral, reducción de jornada, prohibición de despidos sin indemnización durante el período de prueba, jubilación universal, licencias especiales y otras materias laborales. Es decir, la bancada del FIT-U no sólo utilizó el Congreso como tribuna propagandística: intentó producir legislación alternativa y utilizar mecanismos jurídicos de la propia institucionalidad para bloquear o revertir aspectos de la ofensiva gubernamental.
Nada de esto permite deducir automáticamente reformismo en sentido tradicional. Los bolcheviques participaron en parlamentos reaccionarios, presentaron mociones y utilizaron todos los resquicios legales disponibles. La cuestión está en qué función estratégica cumple esa actividad. Una banca revolucionaria puede presentar una ley no porque alimente ilusiones sobre el Parlamento sino para poner de manifiesto ante millones que incluso reformas elementales chocan con los intereses de las clases dominantes. Pero entonces la demostración debe culminar políticamente en algo más que la constatación de que “la verdadera fuerza está en la calle”. Debe ayudar a que esa fuerza social avance hacia la comprensión de que los organismos que construye para luchar pueden transformarse en instituciones de otra soberanía. De otro modo, se establece una división del trabajo relativamente estable: dentro del Congreso, oposición intransigente y presentación de un programa de reformas radicales; fuera del Congreso, movilización para imponerlas. La ruptura del Congreso como forma de representación y de la Constitución como codificación de un determinado poder de clase queda reservada para un futuro cualitativamente distinto. Los romanos llamaban a ese futuro improbable «las calendas griegas».
La práctica parlamentaria de 2025 refuerza esta constatación. Los diputados del FIT-U presentaron proyectos para declarar la emergencia presupuestaria universitaria, ampliar derechos previsionales del personal universitario, rechazar recortes en el PAMI y atender la emergencia en discapacidad. En el proyecto sobre esta última materia la propia fundamentación afirmaba que profundizar las movilizaciones y las medidas de lucha era “el camino” y que el proyecto legislativo se colocaba al servicio de esa pelea. La forma es coherente y reiterativa: la lucha produce una demanda; la bancada la traduce jurídicamente; el Parlamento funciona como escenario de denuncia; la movilización debe imponer aquello que la correlación institucional bloquea.
Incluso intervenciones institucionalmente más agresivas mantienen esa lógica. Frente al caso Espert, diputados del FIT-U utilizaron los propios procedimientos de la Cámara para promover su remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Frente al veto a la ley de financiamiento universitario impulsaron su derogación parlamentaria. En enero de 2026 Bregman y Del Caño volvieron a recurrir a la categoría jurídica de “nulidad absoluta e insanable” para impugnar otro decreto de necesidad y urgencia. Y en febrero, mientras se trataba la reforma laboral, los parlamentarios del PTS reclamaban una movilización permanente sobre el Congreso, criticaban a la CGT por no haber convocado paro nacional y advertían que, si los trabajadores se retiraban de la calle, continuarían las negociaciones parlamentarias sobre sus derechos. La oposición entre calle e institución aparece otra vez claramente formulada, pero sigue tratándose de una relación en que la movilización opera fundamentalmente sobre las instituciones existentes, no contra ellas.
El problema no es usar el Parlamento, sino dónde termina la mediación
Desde una crítica marxista revolucionaria, el problema no consiste entonces en que los diputados del PTS presenten proyectos de ley, participen en comisiones o invoquen garantías constitucionales. Tampoco en que reclamen nulidades jurídicas frente a decretos o leyes. La cuestión estratégica es que, cuando se reconstruye la conducta parlamentaria de estos años, aparece con enorme nitidez una secuencia política que se repite: utilizar la banca para denunciar, convertir reivindicaciones obreras y populares en proyectos, demostrar el bloqueo de la institucionalidad, llamar a la movilización y reclamar que esa movilización alcance la fuerza suficiente para derrotar una medida, un plan o un gobierno. El eslabón inmediatamente posterior —la transformación de los organismos de lucha en formas embrionarias de una autoridad alternativa al Parlamento y al Estado— aparece sin ningún desarrollo en la intervención política pública, aunque ocupe un lugar inequívoco en los textos estratégicos de la organización.
La distinción es fundamental porque permite formular con mayor rigor la hipótesis de un reformismo de nuevo cuño. No se trataría del viejo reformismo socialdemócrata que negaba la necesidad de la revolución, sino de una posible separación temporal entre dos momentos. En el primero, correspondiente a la actividad real desarrollada durante largos períodos, predominan intervención parlamentaria, reformas radicales, sindicalismo combativo, movilización, coordinación de luchas y construcción partidaria. En un segundo momento, reservado a una futura crisis revolucionaria, aparecerían doble poder, órganos soviéticos, autodefensa generalizada, ruptura constitucional e insurrección. Ambos momentos están doctrinariamente conectados, pero la cuestión política decisiva es si la práctica del primero produce conscientemente las instituciones, experiencias y formas de autoridad necesarias para hacer posible el segundo.
Aquí aparece el verdadero problema del etapismo. No es el viejo esquema estalinista de una revolución democrática separada cronológicamente de la revolución socialista. Es una división más sutil entre una fase presente de presión radical e independencia política dentro del marco institucional y una fase futura de ruptura del marco institucional. La revolución permanece programáticamente intacta, pero la política concreta tiende a detenerse en la frontera que separa la lucha contra el gobierno de la lucha contra la forma estatal misma. No basta entonces con afirmar que la estrategia final es insurreccional. Una estrategia revolucionaria sólo existe efectivamente si modifica la manera en que se organiza cada lucha presente, procurando que la clase trabajadora no experimente únicamente su fuerza para presionar al Estado sino también su capacidad para asumir funciones que hasta entonces monopolizaba ese Estado.
La Marcha de la Bronca como condensación de esa lógica
El discurso de Myriam Bregman al cierre de la Marcha de la Bronca, realizada el pasado 19 de septiembre, resulta especialmente revelador porque fue pronunciado fuera del Parlamento y dirigido precisamente a sectores que la izquierda intenta organizar. Bregman celebró que la movilización hubiese reunido una bronca social dispersa y afirmó que la tarea inmediata era empezar “desde mañana” a construir coordinación en cada ciudad, universidad, escuela y lugar de trabajo. Sostuvo que “la relación de fuerzas se construye” y concluyó convocando a una gran huelga general por fuera de los aparatos sindicales tradicionales para derrotar a Milei, sus cómplices y el FMI.
La formulación —un deja vu de las «plazas» de Luis Zamora en 1989— posee un contenido clasista inequívoco y representa incluso un avance respecto de una política puramente electoral: coordinación desde abajo → construcción de relación de fuerzas → huelga general → derrota del gobierno. Pero precisamente porque la secuencia es tan clara permite formular la pregunta que falta. ¿Qué viene después de derrotar a Milei? ¿Una modificación del programa gubernamental? ¿Su renuncia? ¿Elecciones anticipadas? ¿Un gobierno de izquierda surgido de los mecanismos constitucionales? ¿O la transformación de los organismos que hicieron posible la huelga general en instituciones capaces de reivindicar para sí el derecho a decidir sobre la sociedad? El documento de la Marcha exigía aumentos salariales y previsionales, prohibición de despidos, anulación de la reforma laboral, reapertura de FATE, no pago de la deuda, ruptura con el FMI y un plan de lucha hacia la huelga general. También llamaba a coordinar “desde abajo” en sindicatos, escuelas, universidades, hospitales y barrios. Es un programa de lucha radical. Pero no formula todavía una alternativa de poder frente a la institucionalidad que pretende obligar a satisfacer esas demandas.
La diferencia puede parecer semántica, pero es justamente la diferencia entre movilización y doble poder. Una huelga general puede paralizar la sociedad sin cuestionar quién tiene derecho a gobernarla una vez finalizada la huelga. Puede incluso derribar un gobierno y devolver inmediatamente la decisión política al Congreso, a la Corte, a la Constitución y a nuevas elecciones. No lo sabremos en Chile luego de la derrota política del Octubre de 2019. El problema revolucionario comienza cuando los organismos que demostraron poseer capacidad para detener la producción, el transporte, los servicios y la administración social se preguntan por qué deben entregar nuevamente el poder a instituciones que durante el conflicto combatieron. La cuestión no es simplemente “más calle”. Es qué poder comienza a nacer en la calle, en las fábricas, en los hospitales, en las universidades y en los territorios.
Esta distinción permite reinterpretar también la conducta parlamentaria reciente. Cuando los diputados del PTS proponen anular un DNU, reformar la legislación laboral o proteger el financiamiento universitario y simultáneamente llaman a movilizar para imponer esos objetivos, utilizan el Parlamento de una forma compatible con una política revolucionaria. Pero si el horizonte de la movilización continúa siendo fundamentalmente conseguir que el Parlamento legisle de otro modo, impedir que sancione una determinada norma o construir una correlación electoral superior para la próxima confrontación, la institucionalidad continúa apareciendo ante millones como el lugar donde finalmente se adoptan las decisiones legítimas. El parlamentario revolucionario denuncia al Parlamento, pero al presentar durante años proyectos de solución legislativa puede simultáneamente contribuir —si no existe una mediación política superior— a reproducir la idea de que las luchas encuentran su consumación normal cuando son traducidas en ley.
No hay aquí una contradicción moral ni de procedimientos. Hay una contradicción de clase. Los representantes del FIT-U pueden ser personalmente consecuentes, donar parte de sus dietas, acompañar huelgas y votar sistemáticamente contra políticas empresariales y, sin embargo, participar de una dinámica objetiva en la cual la izquierda se vuelve una presencia estable y reconocible del Parlamento argentino. Este fenómeno adquiere particular relevancia después de quince años de FIT-U: cuando la crisis de representación alcanzó una dimensión extraordinaria, la ruptura con la llamada “casta” fue capitalizada masivamente por Milei y no por las corrientes que históricamente habían denunciado el carácter burgués de la institucionalidad. Esto no prueba que la participación parlamentaria del FIT-U haya causado ese resultado; semejante relación causal sería insostenible. Sí obliga a preguntarse —en términos objetivos— qué imagen política construyó ante amplios sectores sociales una izquierda cuya principal visibilidad pública durante años estuvo asociada también a debates presidenciales, bancas parlamentarias y elecciones.
La lección chilena: la calle puede estar llena y el poder seguir en otra parte
Volvemos a Chile. Aquí la experiencia de la Unidad Popular adquiere una actualidad extraordinaria. Entre 1970 y 1973 tuvieron lugar las mayores movilizaciones obreras de toda la historia, se trató de la cúspide de un movimiento que venía desarrollándose durante cincuenta años, desde tiempos de Recabarren.. Se desarrollaron huelgas, ocupaciones, comandos comunales, JAP, organización campesina y, desde 1972, Cordones Industriales que comenzaron a coordinar territorialmente fábricas y trabajadores y a intervenir en problemas que excedían la negociación sindical ordinaria. La clase trabajadora chilena desarrolló una capacidad de autoorganización incomparablemente mayor que la existente hoy en Argentina. Sin embargo, esa capacidad social no llegó a centralizarse como una autoridad política nacional alternativa. Los Cordones constituyeron una posibilidad de poder, no un poder estatal ya constituido.
La contradicción apareció con toda su crudeza después del Tanquetazo de junio de 1973. Allende llamó a fortalecer el poder popular, pero insistió simultáneamente en que ese poder no debía ser antagónico ni independiente del Gobierno. La estrategia dominante pretendía combinar una extraordinaria movilización obrera con el mantenimiento de la soberanía de la Constitución, el Parlamento y unas Fuerzas Armadas concebidas todavía como constitucionalistas. Desde una lectura marxista revolucionaria, allí se encuentra una de las claves de la derrota: no en la existencia de una movilización excesiva, sino en la ausencia de una estrategia que convirtiera los organismos surgidos de la lucha en una autoridad política conscientemente alternativa al Estado existente.
La enseñanza no consiste en sostener retrospectivamente que los Cordones debían proclamar de inmediato un nuevo Estado ni en transformar toda asamblea obrera en un soviet imaginario. Consiste en comprender que no existe un tránsito espontáneo desde la movilización hacia poder. Hay que construirlo política y programáticamente. Una asamblea convocada para organizar una marcha no cumple la misma función que una asamblea que comienza a tomar decisiones sobre producción y distribución; una coordinación de sindicatos no equivale a una coordinación de delegados mandatados y revocables que empieza a reclamar autoridad sobre un territorio; una huelga general orientada a presionar al Congreso no tiene el mismo contenido que una huelga en la cual los organismos que la dirigen comienzan a plantearse cómo debería gobernarse el país si el gobierno cae. Entre ambos extremos existe precisamente aquello que debería constituir el núcleo de un programa de transición: una cadena de mediaciones mediante la cual la clase experimenta su capacidad no sólo para resistir, sino para gobernar.
Desde esta perspectiva, el problema de los parlamentarios del FIT-U no consiste en que actúen en el Parlamento, sino en qué aprendizaje político produce esa intervención. Durante casi 15 años puede observarse una enorme cantidad de iniciativas destinadas a defender derechos, bloquear decretos, ampliar jubilaciones, proteger universidades, reformar legislación laboral o repudiar actos represivos. También puede observarse una conducta sostenida de acompañamiento a huelgas y movilizaciones. La pregunta marxista no es si esas luchas son correctas. La pregunta es cómo se articulan con una pedagogía política de ruptura institucional. ¿Se demuestra solamente que el Parlamento vota contra los trabajadores porque existe una mala correlación de fuerzas, o se demuestra además que el Parlamento, como forma de soberanía política fundada en la sociedad capitalista, constituye históricamente un límite para el poder de la clase trabajadora? ¿Se reclama solamente otra legislación o se comienza a explicar qué instituciones podrían sustituir la representación parlamentaria por formas superiores de democracia obrera? Puesto en terreno de política internacional ¿Contribuyó la Flotilla por la Paz al fortalecimiento de los métodos obreros e insurreccionales de combate al Estado de Israel?
La diferencia adquiere especial importancia frente al eventual agotamiento del mileísmo. Si la crisis de su gobierno vuelve a erosionar la confianza en las instituciones, una corriente revolucionaria puede limitarse a presentarse como la alternativa política más consecuente dentro de la siguiente elección parlamentaria o puede intentar transformar esa crisis de representación en una crisis de la propia representación burguesa. Para esto último no basta afirmar abstractamente que en el futuro existirán consejos obreros. Es necesario que la práctica presente haga inteligible la idea de que organismos elegidos desde fábricas, hospitales, universidades y territorios, coordinados nacionalmente y sometidos a mandato y revocabilidad, podrían poseer una legitimidad democrática superior a la del Congreso existente. En buena medida, por eso se impuso Milei, porque su demagogia anti casta logró interpretar el descrédito fenomenal de las instituciones democrático burguesas.
Éste es el punto en que la polémica con Albamonte y Maiello podría volverse verdaderamente productiva. Su artículo reconoce el problema del doble poder, insiste en que los consejos deben convertirse en instituciones de una soberanía distinta y recupera incluso los “comités de acción” como una posible mediación entre luchas dispersas y organismos superiores. La conducta concreta de los parlamentarios del PTS durante los últimos cuatro años plantea, sin embargo, la pregunta de hasta qué punto esa elaboración estratégica ha descendido al programa operativo cotidiano. Porque el recorrido observable continúa siendo, con notable regularidad: proyecto parlamentario → denuncia del bloqueo institucional → movilización → coordinación desde abajo → paro o huelga general → derrota del plan gubernamental.
El discurso de Bregman en la Marcha de la Bronca lleva esta secuencia hasta su forma más avanzada. La pregunta no es desacreditarla, sino completarla:
coordinación → huelga general → derrota de Milei → ¿qué poder?
En ese signo de interrogación se concentra la discusión.
Si la respuesta queda reservada para una futura situación revolucionaria, se reproduce inevitablemente una estrategia de dos tiempos en la cual la política presente se desarrolla enteramente dentro de las formas de resistencia y representación existentes y la revolución aparece solamente después, cuando una crisis objetiva haya modificado el terreno. La experiencia chilena muestra precisamente el peligro de semejante separación: una clase puede alcanzar niveles extraordinarios de movilización y organización y, sin embargo, ser derrotada si no transforma a tiempo esa fuerza social en una soberanía política alternativa.
Por eso, la discusión sobre el Parlamento, la Constitución y el Estado no puede comenzar recién cuando haya madurado una situación de doble poder, como si la expulsión de la burguesía del poder y la destrucción de su aparato estatal fueran consecuencias espontáneas de la movilización callejera o incluso de una huelga general. Del mismo modo, la socialización de los grandes medios de producción y la expropiación de la burguesía no pueden quedar confinadas a los círculos eruditos de la propaganda socialista ni reducirse, en el plano económico, a la legítima pero insuficiente consigna del desconocimiento de la deuda con el FMI: deben constituirse desde ahora en una respuesta coherente y global frente a la catástrofe social producida por el capitalismo, mostrando que el problema no reside solamente en quién administra los recursos existentes, sino en quién posee, controla y decide sobre las palancas fundamentales de la economía. Tampoco puede la política de derechos humanos transformarse en sustituto de una concepción clasista del derecho, porque la lucha contra la impunidad no se resuelve únicamente mediante tribunales, garantías constitucionales o ampliación de derechos dentro del orden existente, sino que remite finalmente a la capacidad de los propios explotados para imponer justicia mediante sus organismos independientes de poder. Constitución, Parlamento, propiedad, justicia y Estado no son, por tanto, cuestiones reservadas para una futura coyuntura revolucionaria, sino problemas que deben atravesar desde ahora la educación política, las consignas y las mediaciones concretas de cada lucha. No se trata de contraponer a las reivindicaciones inmediatas una retórica insurreccional abstracta, ni de transformar cada conflicto en una ficticia batalla final, sino precisamente de impedir que la ruptura institucional, la expropiación de la burguesía y la construcción de un nuevo poder permanezcan eternamente relegadas a ese segundo tiempo de la estrategia que siempre se anuncia para mañana y nunca alcanza a organizar políticamente el presente.
La cuestión que deja abierta la trayectoria parlamentaria del FIT-U entre 2011 y 2026 puede formularse, en definitiva, en términos estrictamente estratégicos: ¿sus bancas han servido únicamente para representar dentro del régimen una política de independencia de clase o han sido utilizadas también para preparar conscientemente a sectores de masas para comprender que su emancipación exige romper insurreccionalmente con ese régimen y sustituir sus instituciones por organismos propios de poder obrero y popular? La respuesta no puede encontrarse en la mayor o menor frecuencia con que los documentos partidarios invoquen Octubre, los soviets, el doble poder o la insurrección, sino en la función efectiva que esas categorías cumplen en la práctica política cotidiana, en la educación de la vanguardia y en la construcción de órganos capaces de transformar la resistencia en una disputa real por el poder. Es precisamente allí donde debe medirse la distancia entre programa revolucionario y adaptación reformista: no en la fidelidad doctrinaria declarada, sino en la capacidad de cada lucha, cada banca y cada intervención política para quebrar la subordinación de las masas a la legalidad burguesa y orientarlas hacia una institucionalidad propia. La superación de este reformismo de nuevo tipo —que hoy atraviesa el debate de la izquierda revolucionaria argentina, chilena y latinoamericana— no constituye, por tanto, una discusión secundaria ni una disputa de aparato, sino una cuestión decisiva para la construcción del partido de la clase trabajadora como organización de cuadros, de combate y de poder, capaz no sólo levantar el estandarte de los explotados, sino de preparar consciente y materialmente las condiciones de su propia revolución.