por Alejandro Valenzuela Torres
La reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast debe ser caracterizada por lo que efectivamente propone y no por la denominación administrativa con que pretende presentarse. No estamos ante una simple ampliación de los estados de excepción, una reforma policial o un ajuste técnico destinado a enfrentar determinadas manifestaciones de criminalidad. Lo que se propone al Congreso es la construcción jurídica de un régimen de dictadura militar de conducción civil, en el cual el Poder Ejecutivo concentra facultades extraordinarias sobre la población, las Fuerzas Armadas adquieren funciones directas de control territorial y tanto el Congreso como los tribunales son desplazados hacia un papel secundario y finalmente decorativo frente a una maquinaria represiva que puede ser activada mediante decisiones esencialmente políticas y administrativas. El elemento determinante de este dispositivo es la recuperación de la doctrina del enemigo interno: la construcción de un sujeto previamente definido como criminal, terrorista o amenaza para la seguridad pública, no necesariamente como resultado de una sentencia judicial, sino a partir de la calificación política que permite poner en funcionamiento el régimen de excepción.
