por Valeria Menéndez
El crecimiento internacional de la extrema derecha ha devuelto al centro del debate político la cuestión del fascismo. Autoritarismo, nacionalismo, xenofobia, militarización, ataques contra los derechos sociales, concentración extraordinaria de la riqueza y creciente poder de grandes corporaciones tecnológicas aparecen reunidos como síntomas de una época atravesada por profundas convulsiones. Sobre este terreno se ha desarrollado un antifascismo liberal que identifica correctamente muchos de estos peligros, pero los interpreta fundamentalmente como una amenaza exterior o excepcional contra la democracia. Su representación básica del conflicto político enfrenta democracia y fascismo, racionalidad e irracionalismo, tolerancia y autoritarismo, cooperación y odio. Desde una perspectiva marxista, sin embargo, esta oposición resulta insuficiente porque deja en segundo plano la contradicción social sobre la cual se levantan ambas formas políticas: la existente entre capital y trabajo.
El problema no consiste en negar la importancia de las libertades democráticas ni la gravedad del crecimiento de fuerzas reaccionarias. La clase trabajadora tiene razones materiales para defender la libertad sindical, el derecho de huelga, la libertad de expresión, reunión y organización política. La cuestión es otra: determinar si el fascismo constituye simplemente la negación de la democracia o si ambos fenómenos deben comprenderse dentro de las contradicciones históricas del capitalismo. Cuando la defensa de las libertades democráticas se transforma en defensa del régimen social que las contiene de manera limitada y contradictoria, el antifascismo deja de constituir una política independiente de los trabajadores y comienza a funcionar como mecanismo de legitimación del orden burgués. La paradoja consiste entonces en combatir las consecuencias políticas de la crisis mientras se preservan las relaciones sociales que continuamente vuelven a producirlas.
Fascismo, capitalismo y lucha de clases
El fascismo no puede definirse simplemente por la brutalidad de un gobierno, el racismo de sus dirigentes, su nacionalismo, el culto al jefe, el militarismo o la utilización sistemática de la mentira. Todos estos elementos formaron parte de las experiencias fascistas históricas, pero adquieren su significado preciso dentro de determinadas relaciones entre las clases. El fascismo europeo del período de entreguerras surgió después de la enorme irrupción revolucionaria abierta por Octubre de 1917. En Italia fue inseparable del Biennio Rosso, de las ocupaciones de fábricas y de la movilización revolucionaria del proletariado; en Alemania se desarrolló después de sucesivas crisis revolucionarias, sobre el terreno de la Gran Depresión y frente a organizaciones socialdemócratas y comunistas que agrupaban a millones de trabajadores. La función histórica del fascismo no fue simplemente reemplazar una democracia tolerante por un gobierno autoritario, sino movilizar a sectores de la pequeña burguesía arruinada y otras capas desesperadas para destruir las organizaciones independientes del proletariado y resolver mediante la contrarrevolución una crisis extrema de dominación burguesa.
Esta determinación resulta fundamental porque permite distinguir fascismo de autoritarismo, bonapartismo, nacionalismo reaccionario o extrema derecha parlamentaria. Tales fenómenos pueden preparar condiciones para desarrollos fascistas, incorporar elementos de su repertorio político o atacar violentamente al movimiento obrero sin constituir todavía una reproducción del fascismo histórico. Diluir estas diferencias conduce a una consecuencia política peligrosa: si toda extrema derecha es fascista, cualquier sector burgués que conserve las formas parlamentarias puede ser presentado automáticamente como antifascista. El campo político queda entonces dividido entre una derecha antidemocrática y un inmenso bloque democrático que puede extenderse desde organizaciones obreras hasta partidos responsables de administrar durante décadas el mismo régimen capitalista. La independencia política de la clase trabajadora desaparece precisamente en nombre de la urgencia de defenderla de la reacción.
El mismo desplazamiento ocurre cuando la crítica social se concentra excesivamente en los multimillonarios, las corporaciones tecnológicas o determinadas élites particularmente reaccionarias. El poder alcanzado por esas capas es real, pero el capital no es simplemente un conjunto de individuos obscenamente ricos. Es una relación social fundada sobre la propiedad privada de los medios de producción, la separación de los productores respecto de esos medios, la generalización del trabajo asalariado y la apropiación privada del excedente producido socialmente. Los grandes magnates pueden ser reemplazados sin que desaparezca ninguna de estas relaciones. Tampoco la destrucción ambiental requiere capitalistas personalmente nihilistas. Incluso una empresa sinceramente comprometida con determinados objetivos ecológicos continúa sometida a la competencia, la rentabilidad, el crédito y la acumulación. La compulsión destructiva reside en el funcionamiento del capital y no simplemente en la psicología de quienes circunstancialmente lo personifican. Una crítica que sustituye la contradicción entre capital y trabajo por la oposición entre una élite reaccionaria y una mayoría democrática termina transformando un problema de relaciones sociales en un problema de mala distribución del poder.
El antifascismo liberal como programa de restauración del capitalismo
El núcleo político del antifascismo liberal aparece cuando intenta explicar por qué crece la extrema derecha. Su respuesta contiene una parte indiscutiblemente verdadera: décadas de precarización, destrucción de derechos sociales, privatizaciones, endeudamiento, inseguridad laboral y deterioro de los servicios públicos han generado una profunda frustración social que las fuerzas reaccionarias explotan demagógicamente. De esa constatación se desprende, sin embargo, una conclusión mucho más problemática: sería posible neutralizar a la extrema derecha reconstruyendo un capitalismo regulado, socialmente inclusivo y democráticamente administrado. El horizonte pasa a ser una suerte de nuevo pacto social capaz de combinar crecimiento económico, redistribución, transición ecológica, derechos civiles y regulación de las grandes corporaciones. La lucha contra el fascismo termina convertida así en un programa de regeneración democrática del capitalismo.
La experiencia histórica del Estado social suele ser invocada para demostrar que semejante alternativa sería posible. Pero las conquistas sociales del siglo XX no fueron simplemente el resultado de la lucidez de gobiernos reformistas. Fueron arrancadas bajo la presión de gigantescas luchas obreras, revoluciones, huelgas generales, ocupaciones de fábricas y el crecimiento de poderosas organizaciones sindicales y políticas. El capitalismo europeo de posguerra realizó concesiones sociales en condiciones históricas excepcionales: expansión económica, reconstrucción posterior a la guerra, extraordinario aumento de la productividad y, sobre todo, existencia de un movimiento obrero organizado que constituía una amenaza política efectiva para la burguesía. Separar el Estado social de aquella relación de fuerzas transforma una conquista arrancada por la lucha de clases en una supuesta virtud natural de la democracia liberal.
Las condiciones contemporáneas son profundamente distintas. El capitalismo mundial se encuentra atravesado por endeudamiento, sobreacumulación, competencia tecnológica, militarización, crisis ambiental y crecientes disputas por mercados, materias primas y zonas de influencia. Pretender reconstruir las antiguas formas de compromiso social sin cuestionar el poder económico de la burguesía significa pedir al capital que renuncie voluntariamente a mecanismos mediante los cuales intenta preservar su rentabilidad. De ahí surge una contradicción insalvable para el reformismo contemporáneo: promete redistribuir riqueza sin transformar las relaciones de propiedad que concentran esa riqueza; democratizar la sociedad sin democratizar la producción; limitar el poder corporativo mientras conserva la propiedad privada de las corporaciones; resolver la crisis ambiental manteniendo una economía cuyo funcionamiento exige acumulación permanente.
La ausencia del imperialismo como categoría analítica, profundiza todavía más esta limitación. No existe un capitalismo mundial homogéneo que pueda simplemente ser administrado con criterios sociales y ecológicos más racionales. El mercado mundial está estructurado por relaciones jerárquicas entre potencias imperialistas, Estados dependientes y economías subordinadas. Incluso la denominada transición energética reproduce estas contradicciones: cobre, litio, cobalto y tierras raras adquieren importancia estratégica mientras amplias regiones periféricas continúan especializadas en la extracción de materias primas y los centros imperialistas concentran capital financiero, tecnología, propiedad intelectual y los segmentos más rentables de las cadenas productivas. Del mismo modo, el militarismo no constituye solamente el resultado de dirigentes particularmente agresivos. La competencia económica entre capitales se reproduce políticamente como competencia entre Estados por mercados, territorios, rutas comerciales, recursos naturales y zonas de influencia. La guerra no constituye un accidente exterior al mercado mundial: es una de las formas extremas mediante las cuales se expresan sus contradicciones.
La independencia política de los trabajadores frente a la extrema derecha
El problema estratégico aparece con toda claridad cuando el antifascismo liberal plantea la necesidad de constituir grandes frentes democráticos contra la extrema derecha. La fórmula parece elemental: ante un enemigo que amenaza las libertades democráticas deben reunirse todas las fuerzas dispuestas a defenderlas. Pero semejante planteamiento —dominado por el sentido común— modifica inmediatamente el eje de la política obrera. La contradicción entre capital y trabajo queda subordinada a la oposición entre democracia y fascismo, y sectores de la burguesía pasan de adversarios de clase a aliados políticos. La defensa concreta de libertades democráticas amenazadas se transforma así en defensa política de las instituciones del Estado burgués y, finalmente, del propio régimen social sobre el cual estas descansan.
El marxismo no deduce de ello ninguna indiferencia frente a los derechos democráticos. Por el contrario, los trabajadores necesitan defenderlos porque constituyen condiciones fundamentales para su organización independiente. Pero precisamente por eso no pueden confiar su defensa al mismo Estado que periódicamente los restringe cuando las necesidades de dominación de clase así lo exigen. Estados de excepción, militarización de territorios, legislación antiterrorista, vigilancia masiva, restricciones del derecho de huelga y criminalización de movimientos sociales pueden desarrollarse perfectamente dentro de regímenes constitucionales. La democracia burguesa contiene una contradicción elemental: reconoce formalmente la igualdad política mientras preserva una gigantesca desigualdad económica. Los trabajadores pueden votar quién administra el Estado, pero carecen de poder equivalente para decidir quién controla los bancos, las minas, los puertos, la industria, los medios de comunicación, las plataformas digitales o el excedente económico que ellos mismos producen. La democracia termina allí donde comienza la propiedad privada de los grandes medios de producción.
Esta contradicción permite comprender también por qué la extrema derecha puede presentarse demagógicamente como fuerza antisistema. Durante décadas, partidos conservadores, liberales y socialdemócratas administraron privatizaciones, precarización laboral, endeudamiento y deterioro de servicios públicos. Cuando la izquierda abandona una política independiente de clase y se transforma en defensora del orden institucional frente a la amenaza reaccionaria, entrega a la extrema derecha la posibilidad de apropiarse fraudulentamente del descontento social. Esta última dirige entonces la frustración contra inmigrantes, minorías, funcionarios públicos u otros sectores de trabajadores, mientras deja intactas las relaciones fundamentales de propiedad. Se produce así una paradoja decisiva: el antifascismo liberal puede contribuir a fortalecer aquello que pretende combatir cuando convierte a la izquierda en guardiana política del statu quo. Si alguien quiere comprender este problema puede analizar el carácter «constitucionalista» de la bancada del FIT frente a Milei en la Argentina.
La alternativa marxista parte de otro terreno. La clase trabajadora posee una capacidad política específica porque ocupa una posición estratégica dentro del proceso de producción. Puertos, transportes, minería, energía, comunicaciones, hospitales, logística, industria y servicios dependen diariamente de su trabajo. Esa capacidad material constituye la base objetiva de una política independiente y diferencia al proletariado de una simple agregación electoral de ciudadanos progresistas. Combatir a la extrema derecha significa entonces organizar esa fuerza social, defender todas las libertades democráticas, enfrentar cualquier intento de destruir las organizaciones obreras y de los sectores oprimidos y, al mismo tiempo, impedir que esa lucha sea subordinada políticamente a sectores «democráticos» de la burguesía.
Un antifascismo consecuente no puede limitarse, por ello, a impedir que los sectores más reaccionarios administren el capitalismo. Debe interrogar las relaciones sociales que producen recurrentemente autoritarismo, nacionalismo, racismo, militarización y reacción política. Esto plantea inevitablemente la cuestión de la propiedad: socialización de los grandes medios de producción y de la banca, control de los trabajadores sobre la producción, ruptura con las relaciones imperialistas y planificación democrática de la economía conforme a las necesidades sociales y a los límites materiales de la naturaleza. Ya no se trata simplemente de distribuir mejor aquello que produce el mercado, sino de decidir colectivamente qué producir, cómo producir, para quién producir y con qué consecuencias sociales y ambientales.
La alternativa a la extrema derecha no puede consistir, en consecuencia, en regresar al capitalismo democrático de ayer —como propone el progresismo, Boric y sus acólitos— porque las contradicciones de aquel capitalismo contribuyeron a producir la crisis política de hoy. Tampoco puede establecerse una oposición abstracta entre un capitalismo democrático, ecológico y humanitario y otro capitalismo autoritario, xenófobo y militarista, como si se tratara simplemente de escoger entre dos modelos administrativos equivalentes. La cuestión decisiva es qué clase gobierna, qué relaciones de propiedad sostiene ese poder y qué fuerzas sociales pueden transformarlas. Allí se encuentra el límite histórico del antifascismo liberal: pretende salvar de sus expresiones más reaccionarias un orden social cuyas contradicciones contribuyen a producirlas. El antifascismo revolucionario comienza precisamente donde termina esa defensa: en la lucha por la construcción de un partido de la clase trabajadora para luchar simultáneamente contra la reacción y contra las relaciones capitalistas que crean las condiciones de su reproducción.