por Gustavo Burgos
Las noticias desde Perú resultan alarmantes. El Presidente Castillo aparece en la tarde disponiendo la disolución del Congreso, anunciando que legislará por decreto y declarando —esto es fundamental para comprender la medida— Estado de Excepción en todo el territorio nacional, con toque de queda a partir de las 22:00. Unas horas después, la propia Vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte con el apoyo del Congreso, 16 votos oficialistas y muy pocas oposiciones asume la Presidencia de la República, destituyendo a Castillo. El hecho es una palada más sobre la moribunda democracia burguesa peruana que desde 2016 a la fecha ha tenido 5 Presidentes que han visto interrumpidos sus mandatos por razones constitucionales. Pero esto no es lo único, en los últimos treinta años la totalidad de los ex mandatarios han terminado en la cárcel como Fujimori y Humala, fugados como Toledo, destituidos como Kuczynski o suicidados como García. Se trata de una monstruosa muestra del hundimiento completo del régimen burgués, sin que en esta crisis hayan podido expresarse los explotados, la clase trabajadora ni el campesinado peruano.
Castillo se impuso en las pasadas elecciones por un estrecho margen sobre la candidata de la ultraderecha fujimorista, Keiko Fujimori. Asume en julio de 2021 rodeado de un aura de luchador, atento a su importante papel como dirigente sindical del magisterio, reivindicando adicionalmente la vestimenta del campesino indígena peruano. El ancho sombrero blanco de paja, un lápiz gigante y sandalias hechas de neumático, definieron una iconografía de claro talante popular. Sin embargo, tales extravagancias duraron muy poco. A pesar de su discurso popular, la primera medida de su Gobierno fue darle garantías al gran empresariado y al imperialismo nombrando a un neoliberal a cargo del Ministerio de Economía, Pedro Francke, y confirmando en el directorio del Banco Central a José Velarde, un socialcristiano de extrema derecha —fue designado en el cargo el 2006 por el corrupto Alan García— a quien puso a cargo de los intereses del capital financiero. Estos personajes fueron determinantes en el curso práctico que tomó Castillo en el Gobierno. De hecho fue Francke el que condicionó su permanencia en el cargo exigiendo la salida del Primer Ministro, Guido Bellido por su pasado izquierdista, se le acusó en su momento de ser un apologista del terrorismo.
En efecto, a muy poco andar —esta historia nos resulta conocida a los chilenos— quien había ganado la elección en segunda vuelta conjurando la amenaza fascista del fujimorismo, comenzó a aplicar las mismas recetas fujimoristas. Lo indicado no se limitó a las medidas económicas de equilibrio fiscal y castigo al consumo, sino que además gobernó desde febrero de este año con Estados de Excepción apoyado en las FFAA para contener la resistencia popular. Castillo cae no como resultado del «law fare» ni por haber llevado adelante un programa de reformas. De hecho no impulsó ninguna reforma, su planteamiento de convocar a una Asamblea Constituyente jamás se tradujo en un proyecto concreto. Todo el discurso redistributivo se mantuvo desde los acotados marcos del Consenso de Washington. Ni siquiera se dispuso a realizar mínimas medidas liberalizadoras definiéndose contrario al aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual. En definitiva tiene cuatro patas, tiene cola y bigotes, es un gato. Castillo más allá de su estridente iconografía de campaña electoral gobernó para el gran capital apoyado en las FFAA y fue depuesto como el resultado de la crónica crisis que sacude a la burguesía peruana, en un conflicto en que los trabajadores, los explotados del Perú no han tenido ninguna participación.
Desconocemos la situación concreta en el Perú en estos momentos. Basamos nuestra posición en lo que han sido tanto las declaraciones y acciones emanadas del propio Gobierno de Castillo y las críticas provenientes de su propio entorno. Intentamos adoptar una posición de clase que interprete los intereses de la mayoría trabajadora que —como ya hemos indicado— no se expresa políticamente de forma independiente. Castillo, el fujimorismo, el APRA y un sinfín de fuerzas de la balcanizada política peruana no son la expresión política ni de la clase obrera ni de la nación oprimida peruanas. Lo que hoy se vive en el Perú es un estertor más de la prolongada putrefacción del régimen político capitalista en ese país.
En este punto hemos de detenernos. A nivel internacional y en Chile una parte importante de la izquierda reformista e incluso alguna que se reclama revolucionaria, sostiene que el golpe del Congreso debe ser repudiado y en su lugar ha de abrirse camino a un proceso que conduzca a una Asamblea Constituyente. Vale decir, ante la manifiesta crisis del régimen democrático burgués y en una fase en que los trabajadores y el pueblo se definen en ruptura con el mismo, lo que proponen estos izquierdistas es más de lo mismo: más elecciones, más politiquería burguesa y nuevas instituciones.
Sabemos, aún más desde Chile, que el camino constitucional es inconducente y solo nos lleva a nuevas derrotas, porque el problema no es que la Derecha sea antidemocrática, ni se trata de que se haya o no violado la Constitución peruana —en esa discusión simplemente no nos metemos— sino que la raíz de esta crisis hemos de encontrarla en el propio orden social capitalista peruano cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción. No puede olvidarse que Castillo salió del Gobierno intentando un Estado de Excepción y un toque de queda, buscando su propio Golpe de Estado. Esto último es definitorio y caracteriza a un Gobierno incapaz siquiera de apoyarse en la movilización de masas para sustentar su autopresevación. La salida de Castillo resultó por lo mismo infamante. En estos momentos trasciende que está gestionando pedir asilo diplomático en la Embajada de México.
Igualmente, la principal organización obrera del Perú, la CGTP, ofreció un acotado camino institucional. Otras organizaciones de trabajadores han seguido el mismo camino, reclamando el respeto de la Constitución, sin ninguna referencia a la movilización y a la resistencia popular. En las organizaciones de izquierda no se observa un panorama —al menos a nivel general— que permita proyectar la articulación de un frente de clase. Tal es el principal obstáculo para el desarrollo del movimiento revolucionario. La salida a la crisis —como en todos los puntos del orbe— es la revolución social, la ruptura con con el imperialismo y el gobierno de la clase trabajadora asentada en los órganos de poder de la clase. La salida a esta crisis jamás será institucional sino que insurreccional y de ruptura institucional. Bajo esta perspectiva estratégica entregamos toda nuestra solidaridad a quienes se han levantado en contra de este nuevo golpe de Estado ya que del Gobierno de Boluarte solo podrá provenir más hambre, miseria y represión.
El hombre del sombrero, Pedro Castillo, cayó en definitiva presa del camino institucional que proyectó. Presa de un ideario democrático burgués como el de Perú Libre, sin organizaciones y sin mayor perspectiva de transformación social. Presa del discurso electorero, del cálculo jurídico y del pacto con el gran capital. No deja de ser elocuente que uno de sus últimos actos como gobernante haya sido venir a ver a Boric a Santiago. Son las calles y avenidas de Perú, las calles de la resistencia al régimen donde rl pueblo peruano comenzará a escribir su propio camino.