por Gustavo Burgos
Existe una correcta tendencia a interpretar los fallos de la justicia burguesa no como expresión de neutralidad jurisdiccional, sino como emanación directa del poder de clase. Nada hay de nuevo en esta constatación. La literatura clásica ya nos lo advertía: desde la Apología de Sócrates como testimonio del conflicto entre la Atenas esclavista y sus críticos, hasta las páginas de Séneca que recogen la decadencia de la República romana, el ejercicio jurisdiccional se ha mostrado inseparable de la política y de las luchas de poder.
La Inquisición, al exponer sin tapujos el tormento y la ordalía como voluntad jurisdiccional, reveló que el proceso no era búsqueda de justicia sino escenificación de la fe dominante. La Revolución Francesa, con sus tribunales previos a la guillotina, no hizo sino repetir esta lógica en nombre de la República. Los procesos de Moscú, primera muestra en el marco de una república obrera, evidenciaron el uso del derecho para consolidar la burocracia estalinista liquidando a la vanguardia bolchevique. Hitler, con sus tribunales nazis, dio otra vuelta a la misma tuerca. Y más tarde, los juicios de Nüremberg y Tokio mostraron con claridad que la justicia es el relato del vencedor, nunca el tribunal universal que proclama ser.
La posmodernidad ha querido renombrar este fenómeno arcaico como lawfare, guerra jurídica, judicialización de la política. El término, acuñado en los estudios estratégicos norteamericanos, nació para cuestionar el uso del derecho internacional por parte de los más débiles en los conflictos bélicos, y sirvió después para que Washington desconozca la autoridad de la Corte Penal Internacional. Trasladado a América Latina, se convirtió en etiqueta para describir los procesos contra Correa, Lula, Cristina Fernández o incluso Jadue en Chile. Sin embargo, limitarse a esa categoría encierra un riesgo: banaliza la naturaleza histórica de la justicia burguesa y la fetichiza como si pudiera, en algún momento, emanciparse de su función de clase.
El caso Bolsonaro ilustra este punto. El Supremo Tribunal Federal de Brasil lo ha condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y asociación criminal, extendiendo el fallo a varios generales de su gobierno. La sentencia parece un hito democrático y es presentada como el triunfo de la justicia frente a la extrema derecha. Pero conviene examinar su sentido político: Bolsonaro no fue condenado por su programa ultraneoliberal, por las privatizaciones, por los 700.000 muertos de la pandemia, por los crímenes racistas o por el asesinato de Marielle Franco, sino porque su aventura golpista desestabilizó al régimen y amenazó la continuidad de las reformas exigidas por la clase dominante.
El STF, que ayer inhabilitó a Lula con igual arbitrariedad y hoy castiga a Bolsonaro, no actúa como árbitro imparcial: garantiza la continuidad del orden. En su fallo se cuidó de preservar a las Fuerzas Armadas como institución, descargando culpas en individuos aislados. Se castigó selectivamente para consolidar el régimen, no para transformarlo. En el Congreso, mientras tanto, crece un proyecto de amnistía que revela la flexibilidad de este mismo orden judicial para adaptarse a la correlación de fuerzas políticas.
La izquierda institucional, incluso sectores autodenominados trotskistas, corre el riesgo de repetir el error histórico: confundir la condena de Bolsonaro con una victoria popular, y extender la defensa a personajes como Lula o Cristina Fernández, encuadrando el problema en el eje del lawfare. Pero la cuestión central no es si la justicia fue “manipulada” contra ellos o contra Bolsonaro: es que la justicia misma, en su forma, es manipulación permanente, dispositivo de dominación, y no puede servir jamás como terreno emancipatorio. La caracterización de estos procesos judiciales no puede jamás resolverse en abstracto. En efecto, hay situaciones en que sí puede sostenerse que tal o cual condena o accionar judicial puede ser una manifestación deformada de la lucha popular —pensemos en los ya citados juicios de Nüremberg, los que terminaron con violadores de DDHH en las cárceles como la de Punta Peuco en Chile, o la propia detención de Pinochet en Londres— pero jamás puede importar un apoyo al accionar jurisdiccional de los tribunales del régimen burgués.
El juicio a Bolsonaro es un episodio más en la larga historia de tribunales como escenarios del poder de clase. La verdadera tarea de los trabajadores no consiste en elegir cuál facción burguesa merece protección, sino en construir su independencia política. Ni Bolsonaro ni Lula, ni Cristina ni Correa: la lucha exige derribar el edificio entero que ampara a los verdugos de ayer y de hoy.