por Gustavo Burgos
La pretendida extradición de Galvarino Apablaza desde Buenos Aires no es sino la prolongación histórica de un dispositivo de contrainsurgencia capitalista que ha atravesado, con distintas máscaras, a los regímenes políticos de Chile y Argentina. Desde las acciones genocidas en contra del pueblo nación Mapuche a fines del silo XIX, pasando por las coordinaciones represivas de la dictadura en los 70 hasta las actuales operaciones judiciales transfronterizas, la persecución de militantes revolucionarios constituye un hilo de continuidad que hoy encuentra nuevas expresiones en la criminalización del activismo y en la obstinación por reabrir procesos que debieron haber sido clausurados por el propio derecho.
La escena reciente —un risible operativo policial fallido que no logra capturar a Apablaza— ha sido leída con razón como una pequeña victoria frente a un aparato represivo que, lejos de extinguirse con la transición, ha perfeccionado sus mecanismos de persecución política . En efecto, más allá de cualquier diferencia política con la trayectoria del frentista, nos encontramos frente a un asunto de principios. En la realidad material, Apablaza es perseguido en tanto revolucionario, imputándosele responsabilidad intelectual en la ejecución de Jaime Guzmán, figura clave del andamiaje jurídico, político y militar de la dictadura genocida de Pinochet.
