Derecho Penal de Autor

Otro juicio contra la CAM: derecho penal de enemigo, prisión política y degradación del debido proceso en Chile

por Gustavo Burgos

El juicio iniciado este lunes 11 de mayo ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco —llamado caso Lautaro— contra los militantes de la CAM, Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros, Jorge Andrés Caniupil Coña y Juan Carlos Mardones Sáez, todos actualmente sometidos a prisión preventiva en el CCP de Temuco, constituye una abierta ofensa a los más elementales deberes del Estado chileno en materia de debido proceso y garantías judiciales. El proceso, originado en causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Lautaro cuya acusación es sostenida ante el TOP de Temuco por el Ministerio Público, y los querellantes de la Delegación Presidencial de La Araucanía y la empresa forestal Hancock Chilean Plantations S.P.A. , revela el manifiesto carácter político del proceso. En él el aparato persecutorio estatal aparece actuando de manera coordinada con intereses empresariales forestales directamente vinculados al conflicto territorial en el Wallmapu.

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El enemigo y el tribunal: prisión preventiva, derecho penal de autor y regresión autoritaria en Chile

por Gustavo Burgos

La expansión de la causal “peligro para la seguridad de la sociedad” como fundamento de la prisión preventiva constituye uno de los fenómenos político-jurídicos más decisivos y menos comprendidos de la evolución reciente del sistema penal chileno. Bajo la apariencia de una reacción legítima frente a delitos graves y redes de corrupción, se ha ido consolidando progresivamente un modelo jurisdiccional que excede las funciones propias de un tribunal en un régimen democrático y que, en los hechos, comienza a configurar formas de administración política del conflicto social por órganos sustraídos a control popular.

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¿Por qué el Estado chileno persigue a Galvarino Apablaza por un delito que se encuentra prescrito?

por Gustavo Burgos

La pretendida extradición de Galvarino Apablaza  desde Buenos Aires no es sino la prolongación histórica de un dispositivo de contrainsurgencia capitalista que ha atravesado, con distintas máscaras, a los regímenes políticos de Chile y Argentina. Desde las acciones genocidas en contra del pueblo nación Mapuche a fines del silo XIX, pasando por las coordinaciones represivas de la dictadura en los 70 hasta las actuales operaciones judiciales transfronterizas, la persecución de militantes revolucionarios constituye un hilo de continuidad que hoy encuentra nuevas expresiones en la criminalización del activismo y en la obstinación por reabrir procesos que debieron haber sido clausurados por el propio derecho.

La escena reciente —un risible operativo policial fallido que no logra capturar a Apablaza— ha sido leída con razón como una pequeña victoria frente a un aparato represivo que, lejos de extinguirse con la transición, ha perfeccionado sus mecanismos de persecución política . En efecto, más allá de cualquier diferencia política con la trayectoria del frentista, nos encontramos frente a un asunto de principios. En la realidad material, Apablaza es perseguido en tanto revolucionario, imputándosele responsabilidad intelectual en la ejecución de Jaime Guzmán, figura clave del andamiaje jurídico, político y militar de la dictadura genocida de Pinochet.

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