Jeannette Jara se inhibe de una manera torpe tanto como traidora de opinar acerca de lo que sucede con Galvarino Apablaza, del cerco que se ha tendido sobre él, de la fruición con que la ultraderecha asiste a su posible extradición a Chile y a quien la ignara vocera gubernamental da por condenado.
La reciente presentación de una comunicación individual ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por parte de Galvarino Apablaza Guerra no constituye un mero acto procesal defensivo, sino la apertura de un campo de batalla político y jurídico de alcance internacional. En ella se denuncia que el Estado argentino, en abierta contradicción con sus obligaciones convencionales, ha activado un mecanismo de persecución que pretende consumar su extradición a Chile sin respetar garantías elementales del debido proceso, ni el principio de no devolución que prohíbe entregar a una persona cuando existen razones fundadas para temer que será sometida a tortura o tratos crueles. La gravedad del caso se intensifica por la situación concreta en que se encuentra Apablaza: un hombre de 75 años, enfermo de cáncer, portador de un marcapasos, que ya fue víctima de tortura sistemática bajo la dictadura pinochetista y cuya condición de refugiado fue reconocida precisamente sobre la base de esos antecedentes.
La pretendida extradición de Galvarino Apablaza desde Buenos Aires no es sino la prolongación histórica de un dispositivo de contrainsurgencia capitalista que ha atravesado, con distintas máscaras, a los regímenes políticos de Chile y Argentina. Desde las acciones genocidas en contra del pueblo nación Mapuche a fines del silo XIX, pasando por las coordinaciones represivas de la dictadura en los 70 hasta las actuales operaciones judiciales transfronterizas, la persecución de militantes revolucionarios constituye un hilo de continuidad que hoy encuentra nuevas expresiones en la criminalización del activismo y en la obstinación por reabrir procesos que debieron haber sido clausurados por el propio derecho.
La escena reciente —un risible operativo policial fallido que no logra capturar a Apablaza— ha sido leída con razón como una pequeña victoria frente a un aparato represivo que, lejos de extinguirse con la transición, ha perfeccionado sus mecanismos de persecución política . En efecto, más allá de cualquier diferencia política con la trayectoria del frentista, nos encontramos frente a un asunto de principios. En la realidad material, Apablaza es perseguido en tanto revolucionario, imputándosele responsabilidad intelectual en la ejecución de Jaime Guzmán, figura clave del andamiaje jurídico, político y militar de la dictadura genocida de Pinochet.