por Valeria Menéndez
La reciente presentación de una comunicación individual ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por parte de Galvarino Apablaza Guerra no constituye un mero acto procesal defensivo, sino la apertura de un campo de batalla político y jurídico de alcance internacional. En ella se denuncia que el Estado argentino, en abierta contradicción con sus obligaciones convencionales, ha activado un mecanismo de persecución que pretende consumar su extradición a Chile sin respetar garantías elementales del debido proceso, ni el principio de no devolución que prohíbe entregar a una persona cuando existen razones fundadas para temer que será sometida a tortura o tratos crueles. La gravedad del caso se intensifica por la situación concreta en que se encuentra Apablaza: un hombre de 75 años, enfermo de cáncer, portador de un marcapasos, que ya fue víctima de tortura sistemática bajo la dictadura pinochetista y cuya condición de refugiado fue reconocida precisamente sobre la base de esos antecedentes.