El sueño de la Convención Constitucional se transforma en pesadilla

por Gustavo Burgos

Toda revolución devora a sus hijos. Esta magnífica expresión —utilizada para graficar el destino de las cabezas de la Revolución Francesa— permite también comprender los rasgos generales que caracterizan la crisis política abierta en nuestro país a partir del levantamiento revolucionario del Octubre chileno. Porque la clase trabajadora aunque no tomó el poder y no ha logrado articular una dirección política que exprese sus intereses, ha sacudido los cimientos del régimen y comenzado a devorar todas las barreras con que la burguesía y el imperialismo han intentado contener la indignación popular e institucionalizar el movimiento social. Decimos esto porque ni la Convención Constitucional —una declarada cueva de reformistas y pusilánimes— ni los candidatos presidenciales, ni la campaña electoral en su conjunto, han logrado despertar suficientes ilusiones y fervor popular para dar cuerpo a una nueva transición. El sueño democrático ha transitado con mucha velocidad a una pesadilla.

En este contexto, las recientes revelaciones periodísticas que ubican a Piñera como corrupto en toda la línea, son una palada más sobre un régimen que no logra encontrar un punto de equilibrio, como resultado de las diferencias que en el interior de la clase dominante siguen agudizándose. En efecto, el contrato celebrado en un paraíso fiscal compromete a Piñera gravemente en tanto lo beneficia con un millonario pago si logra impedir que el emplazamiento de la Minera Dominga sea declarado zona de exclusión ambiental. Este contrato fechado el 2011 permite comprender por qué hasta el día de hoy el Decreto de la administración de Bachelet —del 5 de marzo del 2018 días antes de traspasar la banda presidencial a Piñera— por el cual se crea un Área Marina Protegida de Múltiples Usos en la comuna de La Higuera, no ha sido ejecutado.

El hecho ha provocado un escándalo de magnitudes internacionales obligando a la actual oposición a plantear la presentación de una nueva acusación constitucional en contra del Presidente. La medida ha sido anunciada un tanto a regañadientes y solo en cuanto con ella se persigue dar cauce institucional a un hecho que compromete radicalmente a toda la administración del Estado. La verdad es que un muerto viviente como Piñera —que en los hechos ha dejado de gobernar— no requiere de una acusación constitucional, la medida en realidad persigue otro objetivo: avivar de alguna forma el respeto y las ilusiones en las instituciones de la república. La magnitud del descalabro y la crisis ponen al régimen capitalista, a su democracia representativa de cartón y a su podrida institucionalidad, en una situación extrema que puede inclusive requerir de la simbólica destitución de Piñera para ordenar su frente interno.

La incapacidad del Gobierno para contener un cuarto retiro de las AFP, que arrastró a su candidato Sichel a una derrota política irremontable, terminó obligando a la oposición a generar un cuadro en el que derechamente Piñera desaparezca. La burguesía entiende que requiere de una Derecha mínimamente articulada, aunque para ello deba sacarle el capuchón de KKK a José Antonio Kast. En este orden —que podemos calificar de polarización electoral— una segunda vuela Boric-Kast, es aquella que mayor legitimidad podría generar para el prácticamente próximo gobierno FA-PC. A pesar de todos los hechos descritos, lo verdaderamente determinante en esta perspectiva ha sido el rápido agotamiento de la Convención Constitucional como resguardo de las ilusiones democráticas de las masas. La Convención tardó exactamente tres meses en agotar su capital y credenciales democráticas, tres meses desde el discurso de unidad nacional con que se instaló Loncon en su presidencia, tres meses en los que articularon las vicepresidencias y comisiones para legitimar a la Derecha en esta «casa de todos», tres meses que bastaron para que dos símbolos de la Convención Rojas Vade y Atria, terminaran revelándose como impostores.

El reglamento de la Convención —que ratifica el quorum contramayoritario de los 2/3— transforma normativamente a la instancia en una simple cámara de reformas del actual orden institucional. La norma reglamentaria, defendida en los hechos desde la Derecha hasta el PC (este último propuso 3/5, pero finalmente saludó los 2/3 como una medida democrática), anticipa formalmente que el control político del proceso constitucional está en manos de la gran burguesía y que sus intereses no serán disputados de ninguna manera por el movimiento social de los explotados. La votación de este reglamento dejó a las claras la impotencia absoluta de la Convención, una impotencia radical y de clase que comienza a tomar los rasgos inconfundibles de un ataque a la mayoría trabajadora. De la Constitución que se genere podremos esperar —en efecto— un florido estatuto de derechos, reconocimientos culturales a los pueblos originarios y alguna alteración que transite a formas parlamentarias de gobierno. Aparte de ese decorado, la institucionalidad permanecerá intacta.

Primero, porque el entramado jurídico de los tratados internacionales que anunciadamente serán respetados, dejará indemne los intereses del gran capital monopólico financiero y a las transnacionales, del momento que la gran propiedad privada de los medios de producción de forma unánime —con la honrosa excepción de María Rivera del MIT y algún otro—es respetada y defendida por todas las fuerzas políticas presentes en la Convención. Segundo, porque de tal respeto a la sacrosanta propiedad privada se desprende igualmente el respeto al aparato represivo del régimen, sus tribunales, FFAA y Carabineros, la impunidad para los represores y el encarcelamiento de los presos políticos. Tercero, pero no menos importante, porque la propia Convención es el resultado material del Acuerdo por la Paz, pacto fundante de la reconversión del régimen.

El proceso revolucionario en curso —que es lucha de clases— avanza a saltos convulsionando y tensionando en extremo los antagonismos sociales. Por eso los partidos, las instituciones formales del Estado, el Presidente, las FFAA, Carabineros, los tribunales, se encuentran sumidos en un severo descrédito. Y esta capacidad de devorar y transformar alcanza inclusive a sus esporádicas nuevas direcciones políticas. La muerte súbita de la Lista del Pueblo no es una simple anécdota, es la muerte de la concepción posmoderna, particularista y anti partido de la pequeñaburguesía. Ello no significa que tales ideas hayan desaparecido, muy por el contrario ahora se han institucionalizado, sin embargo han muerto como perspetiva política para la formación de nuevas direcciones y este último hecho es fundamental para comprender la naturaleza de la lucha política que envuelve al activismo revolucionario que se reclama de la clase trabajadora.

Desde el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora (FUT) nos hemos propuesto enfrentar tal lucha política, poniendo en alto las banderas de la revolución socialista y del gobierno de la clase trabajadora. Desde el FUT —coherentes con la tradición marxista— intervenimos en las elecciones parlamentarias con nuestros propios candidatos no para proponer un camino institucional de transformación social, sino que para llegar a nuevos y más amplios sectores de trabajadores proclamando abiertamente la necesidad de un quiebre institucional sustentado en la movilización, en la organización y en la construcción de una nueva dirección revolucionaria de los trabajadores.

Desde el FUT señalamos a la propiedad privada de los grandes medios de producción, a la burguesía en el poder y al capitalismo en su conjunto, como los responsables de la profunda crisis que sacude a nuestra sociedad. Señalamos igualmente a la clase trabajadora, una sola clase social en todo el mundo, como la protagionista de la revolución que propugnamos, por esa razón nos proclamamos socialistas y revolucionarios y por ello entendemos que la campaña electoral es un momento importante, pero transitorio de la lucha política en el país. El FUT lo entendemos, por lo mismo, como un frente único de clase cuya proyección va mucho más allá del proceso electoral.

Hoy día la lucha por la libertad de los presos políticos, por el castigo a Piñera y a su gobierno de criminales y por el programa de reivindicaciuones que sirvió de base al levantamiento popular de Octubre, es una lucha que sigue viva. A dos años del levantamiento no tenemos nada que celebrar, nada en absoluto, pero sí podemos proclamar orgullosos que la lucha continúa y que cada conmemoración será un acto de acto de convicción y de rebelión frente a la barbarie capitalista. Hoy día son miles los trabajadores que se encuentran en huelga o en conflicto, sus luchas aún permanecen aisladas y buscan primarias formas de unificación. Las asambleas, cabildos y ollas comunes, otra manifestación concreta de de lucha y resistencia, comienzan a reactivarse. Entre el Acuerdo por la Paz y la Pandemia COVID, el régimen ha tratado de ahogar toda expresión de lucha política popular atenazando el terror a la represiuón y al hambre. 

En Chile y el mundo, son miles de miles los trabajadores expulsados de sus fuentes de trabajo, empujados a la precarización y a más salvajes formas de explotación: los patrones han declarado la guerra a los trabajadores. En este marco los demócratas de pacotilla nos plantearán una vez más que hay que renunciar a los reclamos populares para «defender la democracia» representativa de los patrones. Nos llamarán a votar por Boric (el mal menor) y luego a respaldar su gobierno para «no hacerle el juego a la Derecha». Es la misma historia de los últimos 30 años y contra esa perspectiva debemos rebelarnos. Desde el FUT somos la oposición al gobierno patronal que viene, cualquiera sea su signo, porque formamos  parte de esa revolución que sigue viva en este octubre.

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