por Fernando López Mackenzie
La incorporación de Chile al llamado Escudo de las Américas, promovido desde Washington como un marco de coordinación regional contra el crimen organizado transnacional, obliga a plantear una pregunta que excede largamente la política exterior del gobierno de José Antonio Kast: ¿estamos ante un salto cualitativo, ante el nacimiento de una nueva orientación estatal provocada por el triunfo de la derecha, o frente a la culminación de un proceso mucho más largo de reorganización securitaria del Estado chileno, iniciado con la crisis de 2019, desarrollado bajo Sebastián Piñera y Gabriel Boric y profundizado ahora por Kast? La pregunta sólo puede responderse correctamente si al inventario de leyes, policías, sistemas de inteligencia y acuerdos internacionales se agrega una dimensión decisiva: la de clase. Porque un Estado securitario no se define únicamente por disponer de más poder coercitivo; importa saber qué relaciones sociales protege, cuáles son los conflictos que transforma en amenazas a la seguridad y sobre qué sectores sociales se descarga prioritariamente ese poder.
El punto de partida político de este proceso puede situarse en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Firmado en medio de la mayor crisis social abierta desde el término de la dictadura, el documento habló expresamente de una “salida institucional” y comprometió a sus suscriptores con el “restablecimiento de la paz y el orden público en Chile”. La Biblioteca del Congreso identifica aquel acuerdo como el inicio institucional del proceso constitucional nacido después de las movilizaciones de octubre. La cuestión fundamental es preguntarse qué significaban concretamente “paz” y “orden” en aquella coyuntura. No se trataba de un conflicto abstracto entre violencia y convivencia. Octubre había puesto en movimiento a millones de trabajadores, estudiantes, pobladores y sectores endeudados contra condiciones materiales determinadas: pensiones administradas por el capital financiero, salarios insuficientes, endeudamiento masivo, mercantilización de la salud y la educación, precariedad laboral y concentración de la riqueza. El orden que había entrado en crisis era, por tanto, un orden social concreto.
La seguridad como defensa de un orden social determinado
Desde una lectura de clase, el Estado no puede ser comprendido como un árbitro situado por encima de la sociedad y de sus antagonismos. Su coerción no aparece históricamente suspendida en el vacío: garantiza determinadas relaciones de propiedad, regula la explotación de la fuerza de trabajo y asegura las condiciones generales de reproducción del capitalismo. Esto no significa que toda intervención policial pueda reducirse mecánicamente a una orden directa de una empresa o de una clase social; el Estado posee autonomía relativa, conflictos internos y funciones generales que incluyen la persecución de delitos que afectan también a los trabajadores. Pero esa autonomía no modifica su ubicación estructural. Cuando el conflicto social amenaza la propiedad, la circulación de mercancías, la continuidad de la producción o la autoridad necesaria para reproducir esas relaciones, la coerción estatal adquiere una dimensión inequívocamente clasista.
Esta perspectiva permite leer de otra manera la secuencia iniciada después de Octubre, esto no se agota con los iuninterrumpidos Estados de Excepción Constitucional en la Araucanía. La Ley 21.208, conocida como Ley Antibarricadas, fue promulgada —con el apoyo de sectores progresistas— durante el gobierno de Piñera en enero de 2020 como parte de la respuesta estatal a las formas de protesta desarrolladas en las calles. El debate no versaba solamente sobre circulación vehicular: las barricadas habían adquirido una función política dentro de una movilización que alteraba la normalidad económica y cuestionaba directamente la capacidad estatal de controlar el territorio. Penalizar más severamente determinadas formas de interrupción de esa normalidad significó también proteger la continuidad de la circulación, el transporte y la actividad económica frente a formas de acción colectiva surgidas de una crisis social. Esa dimensión clasista no requiere suponer que cada participante en la protesta representara conscientemente un programa anticapitalista; surge del conflicto objetivo entre movilización social y reproducción normal de las relaciones existentes.
Lo significativo es que este proceso no concluyó cuando terminó Piñera. Bajo Boric, lejos de producirse un desmantelamiento del aparato penal y policial asociado al período anterior, se desarrolló una expansión sustantiva de la institucionalidad de seguridad. Durante su administración se creó el Ministerio de Seguridad Pública, se impulsaron cambios al sistema de inteligencia y se aprobaron más de sesenta leyes relacionadas con seguridad, narcotráfico, crimen organizado y persecución penal. Entre ellas ocupó un lugar particularmente relevante la Ley Naín-Retamal, que modificó el régimen jurídico aplicable al uso de la fuerza por funcionarios policiales y otros agentes estatales; un informe de la propia Biblioteca del Congreso señala que la Ley 21.560 introdujo modificaciones a la presunción de legítima defensa y a la racionalidad del uso de la fuerza respecto de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, DGAC y Gendarmería.
A ello se agregaron la legislación sobre usurpaciones —conocida políticamente como ley “antitomas”—, la modernización de la legislación antiterrorista y el mantenimiento de mecanismos jurídicos excepcionales para abordar conflictos políticos y territoriales. El punto no es afirmar que usurpación, narcotráfico o terrorismo sean fenómenos equivalentes. Evidentemente no lo son. Lo relevante es que durante estos años se produjo una expansión constante del derecho penal y de las capacidades estatales para abordar un abanico cada vez mayor de conflictos mediante dispositivos de seguridad.
La dimensión de clase se vuelve especialmente visible cuando se observa dónde se sitúan esos conflictos. Las ocupaciones de terrenos se relacionan muchas veces con sectores sin acceso regular al suelo urbano o a la vivienda; las barricadas y cortes de ruta pertenecen históricamente al repertorio de protesta de trabajadores, estudiantes y movimientos territoriales; y la utilización de legislación de seguridad en el conflicto mapuche se despliega sobre territorios donde chocan reivindicaciones políticas y territoriales con importantes intereses forestales, agrícolas e inmobiliarios. Por lo indicado cuando las contradicciones derivadas de propiedad, territorio, vivienda, trabajo o circulación irrumpen políticamente, el Estado tiende a procesarlas crecientemente mediante categorías de seguridad pública.
Por eso el Estado securitario no debe ser confundido simplemente con un “Estado fuerte”. Puede ser extraordinariamente fuerte contra una barricada y extraordinariamente débil frente a la concentración económica; minucioso en la persecución de una ocupación de terrenos y perfectamente compatible con estructuras sociales que producen déficit habitacional; capaz de desplegar policías y estados de excepción en territorios mapuche sin modificar las relaciones de propiedad que estructuran el conflicto. La selectividad del Estado no consiste necesariamente en que ignore todo delito cometido por las clases dominantes —también existen persecuciones económicas y financieras—, sino en que su estructura general preserva las relaciones de propiedad y acumulación sobre las que descansa el sistema.
Ahí reside la dimensión de clase del paradigma securitario: las consecuencias de las contradicciones sociales son tratadas como problemas de seguridad mientras permanecen relativamente fuera de discusión las relaciones sociales que producen esas contradicciones.
De Boric a Kast: continuidad estatal y desplazamiento político hacia la coerción
El tránsito de Boric a Kast permite observar esta dinámica con especial claridad. Si se comparan solamente sus discursos, ambos gobiernos parecen situados en universos políticos antagónicos. Pero si se observa la evolución material del Estado, la distancia disminuye. Boric recibió la legislación promulgada después del levantamiento de 2019 y no la desmontó; su administración creó nueva institucionalidad securitaria, modernizó legislación antiterrorista, reforzó herramientas contra el crimen organizado y amplió capacidades policiales e investigativas. El propio balance institucional consigna el Ministerio de Seguridad Pública, reformas en inteligencia, legislación antinarco, robo de madera y nueva legislación antiterrorista entre los principales hitos de su administración. Kast recibe ese aparato acumulado y pretende radicalizarlo, dotándolo de una orientación ideológica mucho más explícita.
El proyecto de reforma constitucional de Kast en materia de seguridad constituye un ejemplo. En agosto de 2026 el gobierno presentó una iniciativa destinada a crear un nuevo estado de excepción constitucional asociado a graves problemas de seguridad, con mayores facultades para el Ejecutivo. Kast posteriormente se manifestó dispuesto a modificar algunos aspectos del proyecto y a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. La importancia del episodio no reside únicamente en la propuesta original, sino en el desplazamiento del campo político: la discusión se concentra cada vez menos en si debe expandirse el aparato estatal de seguridad y cada vez más en cuáles deben ser la extensión, duración y controles de esa expansión.
La denominada Ley Antibarricadas 2.0 expresa todavía mejor ese desplazamiento. Ayer la Cámara aprobó el proyecto por 89 votos contra 41 y tres abstenciones, enviándolo al Senado. La iniciativa amplía el alcance de la normativa a interrupciones parciales del tránsito; al mismo tiempo, se incorporó una indicación que excluye del castigo el ejercicio legítimo del derecho de reunión, huelga y manifestación pacífica. La existencia de esa limitación importa y demuestra que existen diferencias reales entre las fuerzas parlamentarias. Pero el resultado revela también un nuevo terreno común: el debate se desarrolla mayoritariamente dentro del paradigma securitario. Se discuten garantías, proporcionalidad y fronteras, mientras la ampliación del instrumento penal obtiene un respaldo considerablemente transversal.
La dimensión de clase vuelve aquí a ser decisiva. Una barricada no es solamente un obstáculo en una calle. Históricamente ha sido una técnica de interrupción utilizada precisamente por quienes carecen del poder económico para paralizar la sociedad mediante decisiones empresariales. El propietario de una gran empresa posee mecanismos muy distintos de intervención social: controla inversión, empleo, producción y capital; un trabajador, estudiante o poblador encuentra en la acción colectiva y en la interrupción de la normalidad una de sus escasas formas de ejercer presión. Por eso una legislación dirigida al corte de calles posee, más allá de su formulación universal, consecuencias políticas asimétricas.
Lo mismo ocurre con la huelga. La indicación introducida en la Cámara que protege expresamente su ejercicio pacífico es importante precisamente porque revela el problema: la regulación de la circulación puede entrar en tensión con los instrumentos históricos de acción colectiva de los trabajadores. El derecho puede redactarse de manera abstractamente igualitaria, pero opera sobre una sociedad materialmente desigual, en la que capital y trabajo no disponen de los mismos recursos para defender sus intereses.
El Estado securitario aparece entonces como una forma particular de gestionar esa desigualdad. En lugar de intervenir prioritariamente sobre la concentración de la propiedad o sobre las condiciones que producen precariedad, endeudamiento y falta de vivienda, incrementa la capacidad estatal para administrar sus manifestaciones conflictivas. No elimina la contradicción: administra coercitivamente sus consecuencias.
Esta cuestión permite entender también por qué el desplazamiento securitario puede producir acuerdos entre gobiernos y partidos culturalmente enfrentados. Las fuerzas que discrepan profundamente sobre sexualidad, memoria histórica, migración, derechos civiles o política cultural pueden coincidir parcialmente cuando se trata de preservar las condiciones generales de reproducción del orden económico. Esa convergencia no implica identidad política ni una conspiración consciente; expresa las restricciones estructurales que el Estado capitalista impone a quienes lo administran.
La continuidad Boric-Kast debe ubicarse precisamente en este terreno. Boric no era ideológicamente Kast ni gobernó con el mismo programa. Sin embargo, administró y expandió instituciones que su sucesor recibe ya disponibles. La diferencia consiste en que Kast intenta elevar aquella acumulación a doctrina general del gobierno: constitucionalizar la seguridad, ampliar estados de excepción, profundizar legislación represiva y presentar el fortalecimiento coercitivo como respuesta privilegiada a las contradicciones sociales.
Del orden interno al Escudo de las Américas: internacionalización de la seguridad de clase
La incorporación chilena al Escudo de las Américas debe analizarse como la proyección internacional de un proceso que venía desarrollándose desde varios años antes. Si se examina la secuencia seguida durante el gobierno de Boric, aparece una acumulación progresiva de mecanismos de cooperación con Estados Unidos en defensa, policías, intercambio de información, seguridad fronteriza y ciberseguridad. Lo relevante no es considerar cada una de estas decisiones como parte de un plan preconcebido, sino observar el resultado institucional de conjunto: al finalizar aquella administración, Chile disponía de una arquitectura de cooperación securitaria con Estados Unidos significativamente más desarrollada que la existente al comienzo del período.
El primer hito de esta secuencia se produjo el 13 de septiembre de 2022, cuando Chile y Estados Unidos celebraron el XX Comité Consultivo de Defensa. La propia Subsecretaría de Defensa definió ese mecanismo como el principal espacio bilateral de conversación en materias de Defensa entre ambos países y señaló que su finalidad consistía en intensificar la relación e identificar nuevas áreas de cooperación. En aquella reunión participaron el subsecretario Gabriel Gaspar y el secretario adjunto estadounidense de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erikson; se abordaron seguridad regional y Asia-Pacífico y se revisó el funcionamiento de subcomités dedicados, entre otras materias, a ciberespacio, espacio, ciencia y tecnología. El dato resulta significativo porque muestra que, apenas seis meses después de la llegada de Boric a La Moneda, la cooperación con el Pentágono no fue reducida ni abandonada, sino continuada y profundizada dentro de mecanismos institucionales previamente existentes.
Dos meses más tarde se produjo un nuevo avance, esta vez directamente en el ámbito policial. El 17 de noviembre de 2022, el entonces ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, y la embajadora estadounidense Bernadette Meehan firmaron un memorándum que otorgó a Carabineros y a la Policía de Investigaciones acceso al sistema estadounidense eTrace, administrado por la ATF del Departamento de Justicia. El sistema permite rastrear el origen y la compra de armas de fuego utilizadas en delitos, almacenar y analizar información asociada a esos rastreos e identificar patrones de tráfico ilícito. El Ministerio del Interior señaló expresamente que el acuerdo buscaba incrementar la coordinación y la cooperación investigativa entre las instituciones chilenas y estadounidenses. No estamos ya aquí frente a relaciones diplomáticas generales, sino ante la incorporación de policías chilenas a una herramienta tecnológica estadounidense destinada a investigaciones criminales concretas.
Un tercer movimiento tuvo lugar en torno al Programa Visa Waiver. El 23 de diciembre de 2022 la Cancillería informó que el gobierno había constituido un grupo de trabajo integrado por Relaciones Exteriores, Interior, Registro Civil, Policía de Investigaciones, Carabineros, la embajada chilena en Washington, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la embajada estadounidense en Santiago. Su función era verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del programa y avanzar hacia un nuevo acuerdo de implementación. El propio comunicado gubernamental afirmó que Chile se comprometía a aumentar la colaboración bilateral en seguridad. El mantenimiento del beneficio migratorio se transformó así también en un vehículo para institucionalizar mecanismos más amplios de cooperación policial, migratoria y de intercambio de información.
Ese proceso culminó durante 2023 en el Acuerdo de Implementación Bilateral para la Prevención y el Combate de Delitos Graves. El Ejecutivo explicó que el instrumento establecía mecanismos de intercambio de información entre Carabineros, PDI y Registro Civil y sus contrapartes estadounidenses, incluyendo información relativa a prófugos, condenas y otros antecedentes utilizados en investigaciones. Asimismo, ambos gobiernos acordaron ampliar los controles aeroportuarios y el intercambio de antecedentes penales entre sus agencias de aplicación de la ley. La propia subsecretaria de Relaciones Exteriores describió entonces el acuerdo como un “nuevo punto de partida” para seguir profundizando la cooperación y afirmó que Chile se consolidaba como un aliado de Estados Unidos en materia de seguridad.
La magnitud práctica de aquella transformación se hizo visible durante 2024. Manuel Monsalve explicó en mayo de ese año que, desde la firma del acuerdo en julio de 2023, las alertas de información enviadas a Estados Unidos habían aumentado considerablemente: de alrededor de 77 durante el primer semestre de 2023 a cerca de 1.500 durante el segundo semestre, superando ya las 1.800 en los primeros meses de 2024. El entonces subsecretario destacó expresamente el trabajo coordinado entre Interior, PDI, Registro Civil, Carabineros y autoridades estadounidenses, mientras la PDI señalaba además la coordinación con el FBI. Más allá de la finalidad inmediata de estas medidas, la consecuencia institucional era clara: las agencias de seguridad de ambos Estados pasaban a operar con niveles crecientes de intercambio de información.
La cooperación militar avanzó paralelamente. En agosto de 2024 se realizó el XXII Comité Consultivo de Defensa Chile-Estados Unidos, encabezado por el subsecretario Ricardo Montero y la subsecretaria adjunta estadounidense de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jana Nelson. La Biblioteca del Congreso registró esa reunión como parte de la continuidad del mecanismo bilateral de defensa. Para entonces, la cooperación ya abarcaba no solamente materias militares tradicionales, sino también ciberseguridad, tecnologías emergentes, infraestructura digital y nuevos mecanismos de coordinación estratégica.
El último eslabón visible de esta secuencia durante el gobierno de Boric llegó el 13 de enero de 2025, cuando Chile ingresó oficialmente a la Counter Ransomware Initiative, mecanismo creado por Estados Unidos en 2021. Cancillería explicó que la iniciativa busca desarrollar capacidades colectivas destinadas a detectar, interrumpir y disuadir ataques de ransomware y destacó que el ingreso chileno consolidaba varios años de trabajo internacional en ciberseguridad. La propia declaración oficial relacionó ese paso con la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, la Ley Marco sobre Ciberseguridad y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La Cuenta Pública posterior de Relaciones Exteriores incorporó asimismo el ingreso a la CRI dentro de los principales avances de la política exterior chilena en materia de ciberseguridad y tecnologías emergentes.
La secuencia completa resulta, por tanto, difícil de reducir a episodios inconexos: Comité Consultivo de Defensa en septiembre de 2022; acceso policial a eTrace en noviembre del mismo año; conformación de un grupo interinstitucional de seguridad con el Department of Homeland Security en diciembre; acuerdo bilateral sobre prevención y combate de delitos graves durante 2023; incremento sostenido del intercambio de información policial en 2023 y 2024; nuevo Comité Consultivo de Defensa en agosto de 2024; e ingreso a la Counter Ransomware Initiative en enero de 2025. En poco más de dos años, la relación bilateral avanzó desde mecanismos tradicionales de defensa hacia una trama que articulaba Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Registro Civil, seguridad migratoria, datos, fronteras y ciberseguridad.
Es precisamente sobre esa infraestructura que debe situarse la posterior incorporación al Escudo de las Américas. Presentarla como una decisión nacida exclusivamente con Kast impediría comprender las condiciones materiales que hicieron posible el salto. Kast introduce una modificación política real: integra estos mecanismos dentro de una concepción securitaria mucho más explícita, estrechamente ligada a la estrategia continental promovida por la administración Trump. Pero recibe para ello un aparato previamente conectado con las agencias de seguridad estadounidenses y una experiencia acumulada de interoperabilidad, intercambio de datos y coordinación policial y militar.
La pregunta acerca de si el Escudo representa una ruptura o una continuidad adquiere así una respuesta dialéctica. Puede ser un salto cualitativo precisamente porque es la culminación de una acumulación anterior. El nuevo grado de integración no niega el proceso precedente; presupone su existencia. La cantidad se transforma aquí en calidad: múltiples acuerdos sectoriales de cooperación, información, fronteras y ciberseguridad generan finalmente la base institucional sobre la cual una administración posterior puede intentar construir una articulación regional más amplia y políticamente explícita.
Pero esta internacionalización tampoco puede separarse de la dimensión de clase del Estado securitario desarrollada internamente. La seguridad exterior y la seguridad doméstica no constituyen compartimentos estancos. El mismo período que produjo Naín-Retamal, la nueva legislación antiterrorista, la institucionalidad contra las ocupaciones y el fortalecimiento del aparato policial produjo paralelamente una creciente integración internacional de las agencias encargadas de ejercer esas capacidades. A medida que el Estado amplía sus instrumentos internos de coerción, vigilancia e investigación, amplía también las redes internacionales dentro de las cuales esos instrumentos operan.
Por eso el Escudo de las Américas no constituye simplemente un tratado de cooperación contra delincuentes. Debe ser situado dentro de una transformación histórica más amplia del Estado chileno posterior a 2019. El ciclo comienza políticamente con un acuerdo que proclamó la necesidad de “restablecer la paz y el orden público”; continúa con la legislación represiva inmediatamente posterior al levantamiento; se profundiza bajo Boric mediante nuevas facultades policiales, nuevas leyes de seguridad y una creciente cooperación estratégica con Estados Unidos; y alcanza bajo Kast una fase en que esa acumulación intenta convertirse en doctrina explícita de gobierno y en articulación continental.
Vuelve entonces la pregunta decisiva: ¿estamos viendo con Kast el nacimiento de un Estado securitario o el momento en que un Estado securitario construido progresivamente desde 2019 alcanza un nuevo grado de desarrollo y adquiere una formulación política más abierta?
Desde una perspectiva marxista, la segunda hipótesis permite comprender mejor la continuidad. El “orden” cuya restauración comenzó a plantearse institucionalmente en noviembre de 2019 no era abstracto: era el orden de unas relaciones determinadas de propiedad, producción y acumulación. Tampoco lo es el aparato que posteriormente se construyó para asegurarlo. Las normas pueden presentarse como universales, pero operan sobre una sociedad atravesada por profundas desigualdades de clase.
El empresario dispone del poder económico de retirar inversiones, cerrar una empresa o reorganizar la producción; los trabajadores disponen principalmente de su capacidad colectiva para interrumpirla. Los grandes propietarios cuentan con instrumentos jurídicos permanentes para proteger la propiedad; quienes carecen de acceso a la vivienda recurren en ocasiones a la ocupación. Los grupos empresariales poseen canales estables de interlocución con el Estado; movimientos territoriales, estudiantiles y laborales dependen en mayor medida de la protesta colectiva para hacer visibles sus demandas. Cuando el aparato penal se expande preferentemente sobre estas formas de acción mientras las estructuras de propiedad que originan los conflictos permanecen sustancialmente intactas, la aparente neutralidad del paradigma securitario comienza a revelar su contenido de clase.
Ahí reside la continuidad material entre Boric y Kast. No en una identidad ideológica —que evidentemente no existe— ni en un supuesto acuerdo secreto entre administraciones, sino en la reproducción sucesiva de un mismo aparato estatal y de unas mismas relaciones sociales fundamentales. Boric amplió y legitimó componentes importantes de esa arquitectura bajo un lenguaje progresista, institucional y multilateral; Kast recibe ahora esas capacidades, pretende radicalizarlas internamente y proyectarlas hacia una articulación continental más explícitamente securitaria.
La cuestión decisiva, por consiguiente, no es sólo cuánto cambia Kast respecto de Boric, sino qué recibe de Boric para poder hacer lo que pretende hacer. Y la secuencia 2022-2025 muestra que recibe mucho más que un conjunto de leyes nacionales: recibe también una red internacional de defensa, policías, información, fronteras y ciberseguridad que convierte la adhesión al Escudo de las Américas menos en un comienzo absoluto que en la culminación política de un proceso previamente avanzado.