Se ha revelado en un artículo aparecido en “El Mercurio” del 23 de marzo pasado (“La PDI y la masonería”, de Sergio Muñoz Riveros) que desde 1990, los cinco directores generales de la PDI han sido todos masones. Que, además, para sustituir al recientemente renunciado director, Sergio Muñoz Yáñez, “la prensa dio a conocer los nombres de ocho altos jefes policiales, todos masones”, de los que fue elegido uno de ellos, Eduardo Cerna.
La Agrupación de Derechos Humanos-Estación Central, declara su más rotundo rechazo a la acción de AMEDRENTAMIENTO por parte de la Policía de Investigaciones de Chile en contra de nuestra integrante, la señora Mónica Araya Flores, Profesora, Abogada de DD.HH, líder en su comunidad vecinal, hija de padres Detenidos Desaparecidos y madre de joven asesinado en falso enfrentamiento en la llamada Operación Albania.
El prefecto (r) Carlos Yáñez Campos, fallecido el jueves 4 de mayo, fue condenado a diez años de cárcel por el secuestro y desaparición del exregidor de San Fernando, Luis Justino Vásquez Muñoz, hecho ocurrido el 20 de noviembre de 1973. La condena fue ratificada por la Corte Suprema en marzo de este año. El oficial era padre del prefecto general Carlos Yáñez Villegas, miembro del Alto Mando de la PDI en 2021, y tío del actual director general de la institución, Sergio Muñoz Yañez.
Una profunda decepción manifestó el representante de la agrupación de víctimas de abusos al interior de la Policía de Investigaciones a propósito del informe entregado por la PDI a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se encuentra en su etapa final. Andrés Cáceres señaló esta tarde «Decepcionados, porque no solo está mal hecho, sino porque busca dejar mal a las víctimas, intenta desacreditarlas de manera vulgar, acusando las faltas administrativas que tuvieron, pero todas esas sanciones administrativas tienen un trasfondo arbitrario, ilegal e irrisorio». Además, criticó la falta de voluntad del Alto Mando de la PDI, a entregar más antecedentes.