por Fernando López Mackenzie
La incorporación de Chile al llamado Escudo de las Américas, promovido desde Washington como un marco de coordinación regional contra el crimen organizado transnacional, obliga a plantear una pregunta que excede largamente la política exterior del gobierno de José Antonio Kast: ¿estamos ante un salto cualitativo, ante el nacimiento de una nueva orientación estatal provocada por el triunfo de la derecha, o frente a la culminación de un proceso mucho más largo de reorganización securitaria del Estado chileno, iniciado con la crisis de 2019, desarrollado bajo Sebastián Piñera y Gabriel Boric y profundizado ahora por Kast? La pregunta sólo puede responderse correctamente si al inventario de leyes, policías, sistemas de inteligencia y acuerdos internacionales se agrega una dimensión decisiva: la de clase. Porque un Estado securitario no se define únicamente por disponer de más poder coercitivo; importa saber qué relaciones sociales protege, cuáles son los conflictos que transforma en amenazas a la seguridad y sobre qué sectores sociales se descarga prioritariamente ese poder.
