por Alejandro Valenzuela Torres
La situación política chilena comienza a mostrar una paradoja que merece ser examinada más allá de la contabilidad parlamentaria de victorias y derrotas del gobierno. José Antonio Kast consiguió hacer aprobar aquello que constituía el núcleo económico de su programa inmediato: la denominada “megarreforma”, presentada bajo la retórica de la reconstrucción y la reactivación, pero cuyo contenido fundamental consiste en mejorar las condiciones de acumulación del gran capital mediante rebajas tributarias, garantías a la inversión y una disminución sustantiva de recursos fiscales provenientes de las grandes empresas. Consumada esa operación, sin embargo, el gobierno se ha encontrado ante un problema político mayor: la transferencia de recursos y garantías al capital financiero y a los grandes grupos económicos no constituye por sí misma un programa capaz de organizar políticamente a la sociedad y, sobre todo, no puede ocultar indefinidamente una realidad económica marcada por el debilitamiento de la actividad y una crisis del empleo que aproxima a Chile al millón de desocupados.
El contraste entre la promesa y los resultados es particularmente significativo. El Banco Central redujo en septiembre su previsión de crecimiento para 2026 al rango de 0,25%-0,75% y constató que “la economía local se ha debilitado en el transcurso del año”. Durante el segundo trimestre el PIB se contrajo 0,2%, mientras la desocupación alcanzó 9,5% en mayo-julio. Los desocupados aumentaron 10,4% en doce meses, el empleo disminuyó y la tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario llegó al 16%. No corresponde todavía, en sentido estadístico estricto, afirmar la existencia de una recesión técnica; pero resulta indiscutible que la economía ha entrado en una fase de contracción y debilitamiento que contradice frontalmente la imagen de una rápida reactivación mediante el restablecimiento de la rentabilidad empresarial.
La cuestión es particularmente grave porque la respuesta gubernamental a la crisis laboral vuelve a descansar sobre el supuesto de que las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo deben adaptarse a las necesidades del capital. La Mesa de Reactivación Laboral ha discutido flexibilidad de jornadas, polifuncionalidad e incluso modificaciones al régimen de indemnizaciones, mientras el Ejecutivo estudia acelerar obras públicas y subsidios para crear empleos. El gobierno que hizo de la iniciativa privada y de la disminución de las cargas empresariales el fundamento de la reactivación se encuentra así recurriendo al Estado para contener las consecuencias sociales de una inversión privada que no aparece con la velocidad prometida. No puede sostenerse que la megarreforma haya provocado por sí misma el deterioro económico —las causas son anteriores y múltiples—, pero sí puede constatarse que el gigantesco estímulo concedido al capital no ha producido hasta ahora la prosperidad que debía legitimarlo.
De la “unidad nacional” al ensayo bonapartista
Esta contradicción permite comprender retrospectivamente un giro discursivo que comenzó a hacerse particularmente visible en junio. En su primera Cuenta Pública, Kast no se presentó simplemente como jefe de una mayoría política que pretendía imponer el programa por el cual había sido elegido. Apeló reiteradamente a la colaboración de “todas las fuerzas políticas”, sostuvo que el Congreso debía transformarse en un puente para alcanzar acuerdos y colocó la “unidad nacional” en el centro de su representación del momento político. El propio gobierno caracterizó posteriormente la jornada como marcada por un “fuerte llamado a la unidad nacional”. No se trataba todavía de una coalición formal ni de un abandono de la identidad política de la derecha, sino de la construcción discursiva de una presidencia que pretendía elevarse por encima de las divisiones partidarias invocando directamente los intereses superiores de “Chile”.
Desde una perspectiva de clase, ese lenguaje admite una lectura bonapartista. No porque Chile haya ingresado mecánicamente en un régimen bonapartista acabado, sino porque aparecen algunos de sus procedimientos políticos característicos: fortalecimiento simbólico del Ejecutivo, presentación del Presidente como árbitro situado por encima de los partidos, utilización permanente de la emergencia como fundamento de facultades extraordinarias y apelación a una comunidad nacional abstracta destinada a disolver políticamente los antagonismos de clase. El Presidente vuelve una y otra vez sobre una fórmula según la cual Ejecutivo, Legislativo, tribunales, empresarios, trabajadores y ciudadanía deberían actuar conjuntamente frente a amenazas que serían comunes a toda la nación.
El proyecto constitucional de seguridad llevó esta tendencia hasta un punto cualitativamente superior. Su formulación original pretendía incorporar un nuevo estado de excepción constitucional destinado a enfrentar al crimen organizado, habilitando medidas extraordinarias por 120 días prorrogables por otros 120 sin requerir la autorización periódica del Congreso. Kast llegó a presentar ese nuevo estado de excepción como un componente irrenunciable de su propuesta. Pero la resistencia parlamentaria, que alcanzó incluso sectores del oficialismo, obligó al gobierno primero a reducir la urgencia del proyecto y posteriormente a aceptar una mutilación sustantiva de la iniciativa. El ensayo de concentración de facultades presidenciales chocó así con los límites concretos del régimen político que pretendía modificar.
Aquí aparece una contradicción sólo aparente. Bonapartismo y política de acuerdos no constituyen necesariamente orientaciones excluyentes. El primero expresa la aspiración del Ejecutivo a presentarse como árbitro situado por encima de las fracciones políticas, reclamando poderes excepcionales en nombre de una emergencia nacional; la segunda aparece cuando esa pretensión descubre que carece de la fuerza social, institucional y parlamentaria necesaria para imponerse por sí misma. El fracaso del nuevo estado de excepción no cancela, por tanto, la tendencia bonapartista: establece sus límites y obliga al gobierno a buscar otra forma política mediante la cual realizar, al menos parcialmente, sus objetivos.
Esta cuestión resulta central para comprender la evolución experimentada desde junio. El gobierno puede reclamar poderes extraordinarios, presentarse como encarnación del interés nacional y denunciar la lentitud de las instituciones frente a la emergencia, pero no dispone de una mayoría parlamentaria propia capaz de reorganizar unilateralmente el régimen político. Necesita votos ajenos. Necesita mediaciones. Necesita interlocutores. Y, paradójicamente, esa necesidad vuelve políticamente útiles a sectores cuya tradición histórica Kast y la derecha habían denunciado durante años como expresión del régimen agotado de los “treinta años”.
Después del triunfo de la megarreforma, esta contradicción se hizo mucho más visible. El Ejecutivo acumuló derrotas y retrocesos: la poda de su reforma constitucional de seguridad, el rechazo por un voto de la reforma destinada a ampliar las condiciones de detención para ejecutar expulsiones administrativas y otros tropiezos legislativos que han convertido la llamada “mala racha” de la Segpres en un dato permanente de la coyuntura. La apariencia inmediata podría sugerir el nacimiento de una oposición parlamentaria capaz de enfrentar globalmente el programa gubernamental. Pero esa conclusión sería apresurada. La aprobación por 89 votos de Antibarricadas 2.0 demuestra precisamente lo contrario: cuando determinadas medidas represivas encuentran un espacio de consenso transversal, el gobierno continúa obteniendo mayorías que exceden ampliamente sus propias fuerzas.
Por eso las derrotas parlamentarias de Kast deben analizarse dialécticamente. Expresan debilidad del Ejecutivo, pero no necesariamente fortalecimiento de una oposición social y política al programa del Ejecutivo. Una cosa no conduce automáticamente a la otra. Puede estar ocurriendo algo más importante: que entre ambas comience a abrirse un tercer proceso, la constitución paulatina de un nuevo eje de gobernabilidad, menos parecido a la polarización electoral que llevó a Kast a La Moneda y crecientemente semejante a la lógica de acuerdos mediante la cual se administró el capitalismo chileno durante los llamados treinta años.
El regreso de la política de los acuerdos
Esta hipótesis permite observar bajo otra luz la conducta de la oposición parlamentaria. Sus partidos pueden rechazar iniciativas determinadas, modificar proyectos, recurrir al Tribunal Constitucional y derrotar ocasionalmente al Ejecutivo sin constituirse por ello en una alternativa frontal a su programa económico y político. La distinción es fundamental. Derrotar una votación del gobierno no equivale a enfrentar el programa social del gobierno. Mucho menos cuando los mismos partidos pueden converger posteriormente con el Ejecutivo en legislación de seguridad, endurecimiento penal o determinadas materias económicas.
Lo que comienza a insinuarse es algo diferente: la posibilidad de reconstruir un espacio de acuerdos transversales en el cual sectores de la antigua Concertación recuperen una función que conocieron perfectamente durante tres décadas: administrar las contradicciones del capitalismo chileno mediante negociación institucional, contención social y acuerdos parlamentarios con la derecha. No se trataría necesariamente de reconstruir la Concertación como coalición electoral ni de reeditar literalmente los gobiernos posteriores a 1990. Las condiciones históricas son otras. Lo que podría estar recomponiéndose es su mecanismo político fundamental: la producción de gobernabilidad mediante consensos entre las fuerzas encargadas de administrar un mismo orden social.
No es casual que esta tendencia comience a adquirir mayor visibilidad precisamente después de que Kast consiguiera aprobar su gran reforma económica. Mientras estaba pendiente la modificación estructural destinada a favorecer la acumulación, el Ejecutivo necesitaba mantener la iniciativa política y disciplinar a sus propias fuerzas. Una vez realizada esa operación, aparece otra necesidad: administrar sus consecuencias. El problema deja de ser exclusivamente cómo modificar el régimen económico y pasa a ser cómo gobernar una sociedad en la cual el crecimiento prometido no aparece, la actividad se debilita y cerca de un millón de personas buscan trabajo.
Es en este contexto donde adquiere especial significación política el discurso de la “unidad nacional”. Lo que en junio podía parecer una fórmula ceremonial comienza a revelar una utilidad material. La unidad nacional puede transformarse en la forma ideológica mediante la cual se justifique un nuevo compromiso entre fracciones políticas enfrentadas electoralmente pero coincidentes en la preservación de los fundamentos del régimen económico. Allí reside precisamente el vínculo entre el momento bonapartista y el momento consensual: el Presidente pretende colocarse por encima de los partidos y, al descubrir que no puede prescindir de ellos, los convoca a integrarse alrededor de un supuesto interés nacional superior.
Las exequias de Camilo Escalona ofrecen, en este sentido, una imagen simbólicamente poderosa, aunque sería incorrecto convertir un homenaje institucional en prueba de una alianza política. El duelo oficial, las ceremonias de Estado, la presencia transversal de autoridades y el homenaje personal de Kast a quien fuera uno de los dirigentes históricos más representativos del socialismo concertacionista muestran, cuando menos, un cambio en el lenguaje político. El Presidente que construyó parte importante de su trayectoria denunciando el orden de los treinta años reconocía públicamente las virtudes republicanas de uno de sus arquitectos políticos.
La significación de esa escena aparece cuando se la coloca dentro de una secuencia y no cuando se la considera aisladamente. Primero, Kast reclama “unidad nacional”. Después intenta traducir la emergencia en una ampliación extraordinaria de las atribuciones presidenciales. El Congreso bloquea el elemento más ambicioso de esa tentativa. El Ejecutivo comienza entonces a acumular derrotas parlamentarias y descubre que la continuidad de su agenda depende de acuerdos que exceden su coalición. Simultáneamente, dirigentes provenientes de la tradición política de la transición dejan de aparecer exclusivamente como adversarios de un ciclo histórico superado y comienzan a ser reconocidos como representantes de una cultura institucional cuya capacidad para producir estabilidad vuelve a adquirir valor.
Se perfila así un desplazamiento importante: del intento de imponer una reorganización bonapartista del régimen hacia la búsqueda de un compromiso que permita gobernarlo. No hay necesariamente abandono de la primera tendencia. Kast puede continuar reclamando facultades excepcionales, reforzando el aparato represivo y apelando directamente a la nación por encima de los partidos. Pero esa política puede coexistir con una negociación destinada a proporcionar al Ejecutivo las mayorías parlamentarias que no posee. Más aún: la debilidad del proyecto bonapartista puede constituir precisamente el motor de la recomposición consensual.
Desde este punto de vista, la llamada mala racha parlamentaria de La Moneda puede resultar engañosa si se interpreta exclusivamente como debilitamiento del gobierno. El fenómeno políticamente decisivo no consiste en contar cuántos proyectos pierde Kast, sino en observar qué mayorías aparecen después de cada derrota, sobre qué materias se constituyen y cuál es el perímetro de aquello que permanece fuera de discusión. El gobierno puede perder la formulación extrema de una reforma y conseguir posteriormente una versión negociada; puede fracasar en la creación de un estado de excepción y avanzar simultáneamente en leyes ordinarias que refuercen las capacidades coercitivas del Estado; puede ser derrotado en una votación migratoria y encontrar después sectores opositores dispuestos a negociar otra fórmula.
Ese mecanismo resulta extraordinariamente familiar en la historia política chilena posterior a 1990. Los treinta años no se caracterizaron porque derecha y Concertación pensaran igual ni porque desapareciera el conflicto parlamentario. Se caracterizaron porque ese conflicto se desarrollaba dentro de un campo delimitado por acuerdos fundamentales acerca de la propiedad, la acumulación capitalista, la institucionalidad política y la inserción internacional del país. Había oposición, negociaciones, acusaciones constitucionales, derrotas legislativas y elecciones intensamente disputadas. Pero la alternancia política no ponía en cuestión los fundamentos esenciales del modelo.
Por eso la eventual recomposición de ese mecanismo bajo Kast tendría una forma contradictoria. El gobierno que llegó prometiendo romper con la administración anterior podría terminar necesitando precisamente a sus antiguos administradores para estabilizar el orden que pretende conducir. Y sectores de la antigua Concertación, debilitados electoralmente y desplazados por nuevas fuerzas durante la última década —fundamentalmente el bloque PS-PPD— podrían recuperar centralidad no encabezando una oposición frontal al gobierno, sino convirtiéndose nuevamente en interlocutores indispensables para producir acuerdos.
Esta posibilidad explica también por qué la pasividad de la oposición parlamentaria no debe confundirse con inexistencia política. Puede significar exactamente lo contrario: su progresiva reincorporación como pieza de gobernabilidad. Su función no consistiría necesariamente en adherir al gobierno, sino en delimitar sus excesos, negociar sus proyectos y convertir iniciativas políticamente inviables en legislación compatible con los equilibrios institucionales. Desde una perspectiva marxista, semejante mediación no constituye una ruptura con el programa de la clase dominante, sino una de las formas mediante las cuales ese programa puede hacerse políticamente sostenible.
Aquí aparece nuevamente la crisis económica. Mientras cerca de un millón de personas buscan trabajo, el PIB se contrae y el Banco Central reduce drásticamente sus previsiones de crecimiento, el conflicto parlamentario no gira alrededor de la reversión de la megarreforma ni de un programa destinado a transferir el costo de la crisis hacia los grandes grupos económicos. Gira alrededor de cuánto puede durar un estado de excepción, cuáles serán las facultades policiales, cómo se regularán las expulsiones o cuál será la extensión penal de la legislación antibarricadas. La pregunta decisiva —quién pagará la crisis— permanece prácticamente fuera del enfrentamiento entre gobierno y oposición parlamentaria.
Esa coincidencia negativa es quizás más significativa que cualquiera de las discrepancias positivas. Gobierno y oposición pueden enfrentarse duramente acerca de las formas institucionales de administrar la crisis sin cuestionar las relaciones sociales que la producen. En ese terreno puede construirse el nuevo eje de poder: no mediante un acuerdo escrito que proclame la restauración de los treinta años, sino a través de una sucesión de consensos prácticos sobre economía, seguridad, orden público y estabilidad institucional.
La propia evolución de Kast permite observar esa posibilidad. El bonapartismo no es simplemente autoritarismo presidencial. En la realidad, supone una autonomía relativa del aparato estatal en condiciones donde las clases fundamentales encuentran dificultades para ejercer directamente su dominación política. El poder ejecutivo se presenta entonces como representante de la sociedad entera, precisamente mientras preserva las condiciones generales de reproducción de la clase dominante. La invocación kastista de la “unidad nacional” posee ese contenido potencial: negar discursivamente el antagonismo social justo cuando la política económica redistribuye recursos hacia el capital.
Pero Chile no se encuentra ante un Ejecutivo capaz de independizarse completamente de las mediaciones parlamentarias. El fracaso del nuevo estado de excepción lo demuestra. El bonapartismo kastista encuentra un Congreso fragmentado, una coalición gubernamental insuficiente y un aparato institucional que todavía obliga al Ejecutivo a negociar. La contradicción entre bonapartismo y acuerdos se resuelve entonces en una combinación: concentración discursiva de autoridad arriba y negociación parlamentaria transversal abajo; apelación presidencial a la nación y reconstrucción simultánea de consensos entre partidos; emergencia permanente como lenguaje político y acuerdos institucionales como método concreto de gobierno.
Ésta puede convertirse en una de las claves de la etapa que se abre. Kast ya realizó la principal transferencia económica que exigía el gran capital. Ahora debe gobernar sus consecuencias en condiciones de crecimiento raquítico y desempleo creciente. Para ello necesita autoridad, pero también acuerdos; coerción, pero también legitimidad; iniciativa presidencial, pero también mayorías parlamentarias. El recuerdo de los treinta años reaparece entonces no como nostalgia histórica, sino como repertorio político disponible.
La cuestión decisiva para los trabajadores es que esta recomposición se desarrolla en ausencia de una alternativa política independiente. Frente a la “unidad nacional” que pretende reunir intereses sociales antagónicos bajo la ficción de un destino común, la cuestión de clase vuelve a plantearse con toda su crudeza. El trabajador desempleado y el grupo económico beneficiado por la reducción de impuestos no tienen el mismo interés frente a la crisis; quien vende su fuerza de trabajo y quien compra esa fuerza de trabajo no ocupan la misma posición en la sociedad; quienes reciben garantías para la acumulación y quienes soportan la precarización laboral no forman una comunidad económica indiferenciada llamada simplemente Chile.
Por eso el problema no consiste en determinar si Kast gana o pierde la próxima votación. La cuestión histórica es qué régimen político comienza a construirse alrededor de esas derrotas. Si la megarreforma fija el contenido económico, la “unidad nacional” proporciona la cobertura ideológica, la agenda de seguridad construye el dispositivo coercitivo y los acuerdos parlamentarios suministran la gobernabilidad, podríamos estar asistiendo no al simple debilitamiento del gobierno, sino a los primeros ensayos de recomposición del bloque político encargado de administrar el capitalismo chileno.
Frente a ese proceso, esperar que la aritmética parlamentaria produzca espontáneamente una oposición que hoy no existe como fuerza social independiente sería repetir precisamente la experiencia que hizo posibles los treinta años. La alternativa histórica comienza en otro lugar: en la organización política independiente de los trabajadores, en la formulación de un programa que responda quién debe pagar la crisis y en la irrupción de una fuerza social capaz de quebrar la falsa “unidad nacional” mediante la cual se pretende convertir los intereses particulares del gran capital en intereses generales de toda la sociedad.