por Gustavo Burgos
La pregunta acerca del Plan de Seguridad de José Antonio Kast ha sido formulada hasta ahora casi siempre en términos equivocados. Se discute si sus reformas constitucionales podrán aprobarse, si el nuevo estado de excepción resulta compatible con las garantías constitucionales, si un gobierno podría mantener durante meses restricciones extraordinarias, intervenir comunicaciones o trasladar hacia decisiones político-administrativas cuestiones que hasta ahora requerían intervención jurisdiccional. Todo ello importa, pero existe una cuestión anterior y políticamente más reveladora: el plan ya está funcionando, aunque una parte sustantiva de sus disposiciones jamás llegue a transformarse en derecho vigente. El espectacular traslado de presos desplegado por el Gobierno —convoyes penitenciarios, vehículos policiales, luces de emergencia, contingentes uniformados y una puesta en escena cuidadosamente exhibida ante las cámaras— constituye quizá su representación más acabada: una operación de evidente inspiración bukelista en su lenguaje visual, donde el desplazamiento material de un grupo de reclusos es transformado en demostración pública de fuerza estatal. No se trata solamente de trasladar presos, sino de hacer visible que se los traslada; no únicamente de ejercer coerción, sino de convertir esa coerción en espectáculo político. La imagen precede incluso al resultado: el Estado debe parecer nuevamente poderoso antes de demostrar que efectivamente ha conseguido controlar aquello que declara combatir. En esa distancia entre representación y eficacia comienza precisamente el problema que atraviesa toda la política de seguridad del kastismo.
