por Gustavo Burgos
La pregunta acerca del Plan de Seguridad de José Antonio Kast ha sido formulada hasta ahora casi siempre en términos equivocados. Se discute si sus reformas constitucionales podrán aprobarse, si el nuevo estado de excepción resulta compatible con las garantías constitucionales, si un gobierno podría mantener durante meses restricciones extraordinarias, intervenir comunicaciones o trasladar hacia decisiones político-administrativas cuestiones que hasta ahora requerían intervención jurisdiccional. Todo ello importa, pero existe una cuestión anterior y políticamente más reveladora: el plan ya está funcionando, aunque una parte sustantiva de sus disposiciones jamás llegue a transformarse en derecho vigente. El espectacular traslado de presos desplegado por el Gobierno —convoyes penitenciarios, vehículos policiales, luces de emergencia, contingentes uniformados y una puesta en escena cuidadosamente exhibida ante las cámaras— constituye quizá su representación más acabada: una operación de evidente inspiración bukelista en su lenguaje visual, donde el desplazamiento material de un grupo de reclusos es transformado en demostración pública de fuerza estatal. No se trata solamente de trasladar presos, sino de hacer visible que se los traslada; no únicamente de ejercer coerción, sino de convertir esa coerción en espectáculo político. La imagen precede incluso al resultado: el Estado debe parecer nuevamente poderoso antes de demostrar que efectivamente ha conseguido controlar aquello que declara combatir. En esa distancia entre representación y eficacia comienza precisamente el problema que atraviesa toda la política de seguridad del kastismo.
Su primera función no es, por tanto, jurídica sino política. Consiste en construir un gigantesco operativo de provocación capaz de ordenar el debate público, disciplinar las prioridades institucionales y proporcionar al régimen un lenguaje común. La seguridad deja así de ser una política sectorial para transformarse en un principio de articulación política. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo no consiste solamente en la polémica reforma constitucional: articula modificaciones constitucionales, legislación orgánica y decenas de iniciativas legales sobre policías, fronteras, cárceles, Fuerzas Armadas, vigilancia y control del espacio público. La reforma más espectacular ha encontrado incluso resistencia dentro de la propia derecha y su viabilidad parlamentaria aparece seriamente comprometida. Pero justamente allí comienza a revelarse su eficacia política.
El Gobierno instala una propuesta desmesurada. Los constitucionalistas advierten sus peligros. Sectores de derecha reclaman correcciones. La oposición denuncia autoritarismo. El Parlamento discute quórums y plazos. Los medios preguntan durante días si Chile se aproxima a un estado de sitio. El Ejecutivo responde defendiendo la necesidad de facultades extraordinarias. Y así, mientras todos parecen enfrentados, todos comienzan a hablar el idioma que La Moneda decidió imponer.
El adversario institucional desempeña dentro de este mecanismo una función particularmente importante. Gabriel Boric ha reaparecido con fuerza precisamente cuestionando el proyecto y denunciando sus consecuencias sobre las libertades democráticas, mientras Kast responde identificándolo con la alternativa derrotada electoralmente. El intercambio tiene todos los atributos de una confrontación política verdadera y, simultáneamente, todas las condiciones para convertirse en una relación funcional. Kast necesita a Boric tanto como Boric necesita a Kast. El primero puede reconstruir frente al expresidente el antagonismo que justificó su victoria electoral: orden contra desorden, autoridad contra permisividad, seguridad contra garantismo. El segundo puede abandonar parcialmente la pesada herencia administrativa de su gobierno y reaparecer como defensor de las libertades democráticas frente a una derecha que amenaza restringirlas. Cada uno recupera frente al otro su identidad política más reconocible.
El efecto es una incipiente reconstrucción bipolar del régimen. La provocación consigue absorber actores diferentes dentro de un mismo campo gravitacional. Se puede estar a favor o en contra del estado de excepción, discutir si debe durar 120 o 240 días, exigir mayor participación del Congreso o control judicial. Pero la discusión ocurre ya dentro del problema definido por Kast. La oposición se opone y, al oponerse, reproduce la agenda.
La comparación con Javier Milei —guardando las enormes diferencias existentes entre Argentina y Chile— ayuda a comprender el procedimiento. La retórica esperpéntica del mandatario argentino tuvo la extraordinaria capacidad de mantener durante largos períodos a la sociedad discutiendo sus exabruptos, las formas presidenciales, los insultos, los escándalos y las provocaciones mientras detrás de aquel espectáculo avanzaba una modificación material de las relaciones entre capital y trabajo. La provocación no era simplemente una anomalía psicológica. Funcionaba objetivamente como método de producción de agenda. Kast emplea una variante chilena, institucionalmente más sobria y por ello acaso más eficaz. No necesita insultar diariamente a medio país. Le basta con colocar sobre la mesa una reforma cuya desmesura obliga a todas las instituciones a posicionarse. La discordia superficial produce cohesión profunda.
Pero este formidable mecanismo político contiene una primera contradicción que puede terminar volviéndose contra quien lo utiliza: sus resultados en materia de seguridad. Kast llegó al Gobierno fundamentalmente mediante una promesa verificable, restaurar el orden. A diferencia de las promesas abstractas acerca de la modernización del Estado, la libertad económica o la identidad nacional, la seguridad se mide diariamente. La población puede comprobar si disminuyen los homicidios, los asaltos, las encerronas, el narcotráfico y la ocupación criminal del territorio. Por eso existe una paradoja en la proliferación de instrumentos extraordinarios: cuantas más atribuciones reclama el Ejecutivo, mayor es su responsabilidad por los resultados.
Si el Gobierno afirma que las policías necesitan nuevas facultades y las obtiene, disminuye su capacidad posterior para responsabilizar a las antiguas restricciones. Si reclama legislación excepcional y esta se aprueba, deberá demostrar que la excepcionalidad funciona. Y si después de ampliar las atribuciones coercitivas la inseguridad persiste, aparece inevitablemente la pregunta que resulta mortal para cualquier gobierno construido sobre la promesa de autoridad: ¿para qué sirvió entonces entregarle más poder? De allí proviene también el carácter potencialmente ilimitado de la escalada. El fracaso de una determinada política represiva puede ser presentado como prueba de que la represión todavía resulta insuficiente. Cada resultado insatisfactorio justifica una nueva ampliación de facultades. El problema es que semejante mecanismo puede prolongar una política, pero no garantizar sus resultados.
La segunda contradicción, todavía más profunda, se encuentra en la economía. La megarreforma constituyó una extraordinaria modificación de las condiciones de acumulación en beneficio del capital. Se prometió que reducción de cargas, flexibilización, incentivos, desregulación y transferencia de recursos desencadenarían inversión, crecimiento y empleo. Sin embargo, los resultados conocidos hasta ahora están muy lejos de mostrar el despegue anunciado. Más significativo todavía es que los indicadores disponibles no muestran una respuesta de la inversión proporcional a la magnitud política del sacrificio realizado para favorecerla.
Esta cuestión contiene el conflicto fundamental del período. El capital no invierte como recompensa por los servicios prestados por un gobierno. Invierte cuando encuentra condiciones suficientes de rentabilidad. El Estado puede transferirle recursos, disminuir impuestos, flexibilizar relaciones laborales y ofrecer garantías jurídicas, pero no puede ordenar administrativamente una nueva fase expansiva de acumulación. Y cuando después de semejante transferencia el crecimiento no aparece, la conclusión del capital no consiste normalmente en devolver aquello que recibió. La conclusión es que necesita más: más reducción de costos laborales, más flexibilización, más privatización, mayor disponibilidad de la fuerza de trabajo, nuevos espacios para la acumulación y menor gasto social.
La aparentemente extravagante declaración de la ministra de Ciencia acerca de la posibilidad de que profesores desplazados por las transformaciones tecnológicas puedan reconvertirse como vendedores o trabajadores de atención al cliente resulta reveladora precisamente por eso. No interesa tanto la torpeza comunicacional como la concepción social que deja entrever: cuando el capital modifica sus necesidades, es el trabajador quien debe reorganizar su existencia para adaptarse a ellas. El profesor puede convertirse en vendedor, el profesional en operador de servicios y el trabajador desplazado debe financiar con su propia existencia la llamada reconversión. Seguridad y economía comienzan entonces a encontrarse: el Estado flexibiliza las relaciones económicas y simultáneamente rigidiza sus instrumentos coercitivos.
La eficacia de este procedimiento no debe subestimarse. Pero tampoco conviene confundir capacidad de producir agenda con capacidad de construir hegemonía. Chile posee un antecedente extraordinariamente exitoso de articulación política prolongada: el régimen construido durante la transición y administrado fundamentalmente por la Concertación. Durante aproximadamente treinta años ese dispositivo consiguió algo incomparablemente más complejo que ganar elecciones. Organizó a oficialismo y oposición dentro de un mismo horizonte histórico. Administró la institucionalidad heredada de la dictadura, incorporó progresivamente modificaciones, construyó consensos empresariales, subordinó al movimiento sindical, integró a amplias capas medias y consiguió presentar las restricciones impuestas por la correlación de fuerzas como reglas naturales de funcionamiento de la democracia.
Aquello sí constituyó una forma de hegemonía. Su fuerza no procedía principalmente de la coerción. Procedía de la posibilidad material de administrar concesiones dentro de un capitalismo chileno que atravesaba un largo ciclo expansivo, favorecido por la apertura comercial, la incorporación de China al mercado mundial, los precios de las materias primas, el crédito y una configuración internacional extraordinariamente favorable. Kast intenta producir una cohesión comparable mediante instrumentos mucho más pobres. Donde la Concertación ofrecía integración, ofrece seguridad. Donde aquella prometía modernización, ofrece emergencia. Donde existía expectativa de movilidad social, aparece reconversión laboral. Donde había crecimiento capaz de financiar parcialmente el consenso, aparece una economía prácticamente estancada.
El kastismo puede, por tanto, conseguir una importante cohesión negativa del régimen: ordenar las instituciones alrededor del enemigo, la delincuencia, el terrorismo, la frontera, el encapuchado, la amenaza interna. Pero resulta mucho más difícil transformar semejante dispositivo en un mecanismo político estable durante décadas. La contrainsurgencia puede disciplinar; no necesariamente puede hegemonizar. La transición podía incorporar demandas, conceder reformas parciales y ofrecer expectativas de ascenso dentro del orden existente. El nuevo régimen pretende obtener estabilidad reduciendo las concesiones precisamente cuando aumentan las tensiones sociales. Esa diferencia no es secundaria: constituye uno de sus límites estructurales.
Y existe una diferencia todavía más profunda entre los treinta años de la transición y el experimento actual: el contexto internacional que hizo posible aquella estabilidad sencillamente ha desaparecido. La transición chilena coincidió con uno de los momentos de máxima expansión política del capitalismo occidental después del derrumbe de la Unión Soviética. Estados Unidos podía funcionar como garante relativamente indiscutido del orden mundial; Europa avanzaba hacia su integración; la OTAN aparecía como la expresión militar victoriosa de Occidente; China se incorporaba crecientemente a la economía mundial y América Latina podía insertarse en esa expansión exportando materias primas y recibiendo capitales.
El Chile de Kast enfrenta prácticamente el paisaje inverso. Estados Unidos llegará en noviembre a unas elecciones de medio término decisivas para la continuidad política del trumpismo. La posibilidad de que la administración pierda posiciones decisivas en el Congreso introduce una variable de incertidumbre en una potencia que simultáneamente intenta reorganizar agresivamente sus relaciones con aliados y adversarios. El problema no reside solamente en quién obtendrá más escaños, sino en que la potencia llamada a garantizar el orden internacional enfrenta una polarización interna que reduce su capacidad para proporcionar a sus aliados periféricos un horizonte político estable.
Al mismo tiempo, la cronicidad de la guerra en Irán demuestra las crecientes dificultades para transformar superioridad militar en resultados políticos duraderos. Una guerra concebida bajo la lógica de la superioridad tecnológica y la capacidad de imponer rápidamente nuevas relaciones de fuerza puede convertirse, por el contrario, en un conflicto prolongado que absorbe recursos, multiplica incertidumbres sobre las rutas comerciales y energéticas y expone los límites de la capacidad norteamericana para reorganizar políticamente Oriente Medio. La cuestión decisiva no es solamente militar: consiste en que la guerra prolongada revela una crisis de dirección del sistema internacional.
Algo semejante ocurre con la OTAN. Más que imaginar un derrumbe instantáneo de la alianza, lo decisivo es advertir el deterioro de la arquitectura política que durante décadas le otorgó coherencia. El compromiso norteamericano con Europa ya no puede considerarse una constante independiente de la política interna estadounidense; Washington exige crecientes responsabilidades militares a sus aliados europeos mientras desplaza progresivamente su atención estratégica hacia Asia. La alianza atlántica puede conservar bases, ejércitos, arsenales y tratados y, sin embargo, perder simultáneamente parte de la certeza política que constituía su verdadera fuerza. Una organización militar puede seguir existiendo formalmente mientras se erosiona el orden histórico que le otorgaba sentido.
Todo ello repercute directamente sobre Chile. La burguesía chilena mantiene una relación económica estructural con China mientras pertenece política, financiera y militarmente a un espacio históricamente organizado alrededor de Estados Unidos. Aquello que durante décadas pudo convivir sin contradicciones insoportables comienza a transformarse en un problema estratégico. La misma clase dominante que necesita vender cobre, litio, alimentos y materias primas al gigantesco mercado chino pertenece a un dispositivo político occidental cuya potencia rectora exige crecientemente alineamientos estratégicos. Ninguna reforma constitucional de seguridad puede resolver esa contradicción.
Este contexto permite comprender también los límites del propio kastismo. Su proyecto contiene indudables rasgos bonapartistas: exaltación del Ejecutivo, construcción del enemigo interno, apelación permanente a la emergencia, subordinación de garantías a las necesidades del orden y tentativa de situar al Estado por encima del conflicto social para actuar en nombre de una supuesta comunidad amenazada. Pero es un bonapartismo peculiarmente descafeinado. Carece de una victoria histórica decisiva sobre las masas. Carece hasta ahora de una fase expansiva de acumulación capaz de consolidar una nueva base social. Carece de autonomía frente al gran capital. Carece de un Estado imperial capaz de externalizar sus contradicciones. Y actúa dentro de un sistema internacional cuya potencia rectora atraviesa simultáneamente conflictos internos, sobreextensión militar y cuestionamiento de sus alianzas. Puede endurecer el Estado. Mucho más difícil resulta estabilizar una época.
Por eso sería un error medir el Plan de Seguridad solamente preguntando si Kast conseguirá aprobar sus disposiciones más extremas. Su éxito inmediato consiste en otra cosa: ha conseguido organizar provisionalmente al régimen alrededor de su agenda. Ha obligado a la oposición a constituirse como oposición a Kast; ha entregado a Boric un escenario para reconstruirse; ha desplazado el debate institucional hacia los límites de la coerción estatal y ha conseguido que las diferencias internas del sistema político aparezcan como distintas respuestas frente a una misma emergencia.
Es un éxito real, pero limitado. La política puede ordenar durante algún tiempo la representación imaginaria de la sociedad; no puede abolir sus contradicciones materiales. Si la delincuencia no retrocede, la retórica de seguridad comienza a desgastarse. Si después de la monumental transferencia de recursos al capital la inversión no despega, reaparece el conflicto distributivo. Si Estados Unidos profundiza su crisis interna, si la guerra en Medio Oriente continúa drenando recursos y autoridad, si la alianza atlántica pierde cohesión y si la disputa con China obliga finalmente a tomar decisiones que Chile ha podido postergar durante décadas, el margen para construir una estabilidad semejante a la de los treinta años se reduce dramáticamente.
Y entonces reaparece aquello que toda la espectacularidad de la reforma constitucional intenta mantener fuera del centro de la escena: ¿quién pagará la crisis?
El problema decisivo del período no consiste finalmente en saber si el nuevo estado de excepción durará 120 o 240 días. Consiste en determinar quién soportará el costo de una acumulación que no consigue reactivarse después de haber recibido una transferencia gigantesca de recursos, garantías y derechos desde el trabajo hacia el capital. Todo indica que la respuesta de la burguesía será exigir una nueva vuelta de tuerca sobre los trabajadores.
Precisamente por eso necesita seguridad. Precisamente por eso necesita emergencia. Precisamente por eso necesita producir un enemigo. La paradoja del régimen que Kast intenta construir reside allí: su extraordinaria capacidad para organizar políticamente la crisis contrasta con su muy limitada capacidad para resolver materialmente aquello que la produce.
La Concertación pudo gobernar treinta años porque administró una determinada fase histórica del capitalismo chileno y mundial. Kast pretende conseguir una estabilidad semejante administrando su descomposición.
Esa diferencia puede terminar siendo lo decisivo.