por Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda
En el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221 extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Recién el 18 de noviembre de ese año un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos. Así lo indica la revisión de miles de documentos policiales reservados a los que CIPER tuvo acceso. Los informes también demuestran que Carabineros monitoreó a decenas de observadores de derechos humanos, encargados de fiscalizar que la policía no cometiera abusos en el control del orden público.