“La definición del delito no es un problema jurídico, sino político”(Tobías Barreto)
La amnistía o indulto a los presos de la revuelta, además de necesaria por razones de justicia, es perfectamente posible a condición de hacer la suficiente presión política. No hay consideraciones jurídicas de peso para oponerse a ella, sobre todo en un país como este, que ha hecho uso tan ampliamente de estos mecanismos cuando se trata de ayudar a los amigos de los gobernantes.
La idea básica del “derecho penal del enemigo” es que además del sistema penal “normal” que se ocupa de los delitos comunes debe existir una forma reforzada de criminalización que opere ante delitos que revelan un cierto grado de disidencia social o política.
A inicios de este mes, tras medio año de discusiones, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que “fortalece” los controles de identidad. La Cámara votará este proyecto en Sala el miércoles 16 de octubre, y no parece haber una “oposición” coherente como para tratar de impedir la extensión abusiva e irracional de una medida como el control de identidad preventivo, con el que muchos de ellos en su momento estuvieron de acuerdo cuando la Nueva Mayoría aprobó su “agenda corte antidelincuencia” el año 2016.
