por Alejandro Valenzuela Torres
Hay momentos en que las palabras aparentemente más universales del vocabulario liberal —igualdad, ciudadanía, libertad, unidad nacional— revelan con particular nitidez el contenido social que normalmente encubren. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, proponiendo que Chile se “deshaga” del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y revise la Ley Lafkenche constituyen uno de esos momentos. Barros sostiene que tales normas establecen diferencias entre los habitantes del país por razones étnicas y que semejante distinción constituiría incluso un “riesgo para el país”. La formulación posee una apariencia impecablemente liberal: todos serían ciudadanos iguales, ninguna comunidad debería disponer de derechos diferentes y el Estado debería relacionarse indistintamente con cada individuo. Pero precisamente esta abstracción de las condiciones históricas y materiales es la que convierte al igualitarismo formal en vehículo de una política profundamente reaccionaria. No es casual que el argumento aparezca en boca de un ministro de Defensa ni que Barros haya integrado en 1998 el equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet durante su detención en Londres. Su trayectoria no convierte por sí sola su actual planteamiento en falso, pero ayuda a comprender la tradición política desde la cual vuelve a plantearse una vieja cuestión chilena: presentar como defensa de la igualdad aquello que, materialmente, significa consolidar las consecuencias de una desigualdad producida mediante la fuerza.
