por Fernando López MacKenzie
La coyuntura internacional está marcada por un giro histórico de dimensiones profundas. El orden económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en instituciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, atraviesa una crisis terminal. El neoliberalismo globalista, que durante décadas sirvió de dogma incuestionable para las clases dominantes, ha entrado en una fase de descomposición. Este reordenamiento geoeconómico —caracterizado por el retorno al proteccionismo, la intervención estatal selectiva y el nacionalismo económico— está dando forma a una nueva etapa del imperialismo. Y con ella, a una nueva forma de dominación política: la ultraderecha reaccionaria y plebiscitaria, expresada en figuras como Trump, Milei, Meloni, Modi.
Veremos cómo esta coyuntura política general incide en Chile hasta en su proceso electoral.
Desde la Casa Blanca, Donald Trump —apoyado por una fracción del capital estadounidense que ha perdido competitividad frente a China y Europa— destruyó el mito del libre comercio como motor del progreso universal. En su lugar, impuso unilateralmente sanciones, aranceles y medidas proteccionistas, desmantelando acuerdos como el NAFTA y bloqueando tecnológicamente a sus rivales. Este nacionalismo económico no responde al “irracionalismo” de un caudillo, sino a la necesidad material del imperialismo estadounidense de recuperar rentabilidad, controlar mercados y frenar el ascenso de China.
El keynesianismo progresista, desde Krugman hasta Skidelsky, ha reaccionado con una propuesta tecnocrática y nostálgica: resucitar el plan de compensación internacional de Keynes, el «Bancor». Pero la utopía de una economía internacional regulada entre pares es inalcanzable en un mundo dominado por la competencia entre capitales desiguales, como señalaba Marx y lo reafirma Michael Roberts: la raíz de los desequilibrios no está en la mala gestión de los flujos comerciales, sino en el desarrollo desigual y combinado del capitalismo global. En otras palabras: las crisis no se resuelven con reglas, sino con guerras.
Y es justamente eso lo que asoma: una guerra comercial total entre las principales potencias —con EE. UU. liderando una nueva doctrina imperial de «estrategia industrial» combinada con agresión diplomática, militarización, deportaciones y ofensiva tecnológica—. Esta nueva fase de imperialismo geoeconómico requiere una legitimación política adecuada: la ultraderecha plebiscitaria, autoritaria y nacionalista.
La clase dominante ya no puede gobernar como antes. No puede apelar al consenso democrático-liberal ni a las promesas de prosperidad inclusiva. Por eso necesita de figuras dislocadas, mesiánicas, que movilicen el odio, el miedo y la identidad nacional para sostener una dominación en crisis. Trump, Milei, Bolsonaro, Le Pen o Meloni no son exabruptos: son el rostro político de un sistema económico que ya no puede sostener sus propias reglas.
¿Y América Latina?
Esta mutación global tiene consecuencias directas en la región. Brasil, Argentina, Colombia y Chile no juegan el mismo papel en el tablero imperial, pero comparten una misma subordinación estructural: son territorios de extracción de valor, reservas de materias primas, campos de experimentación financiera y zonas de disciplinamiento social.
Brasil, como potencia regional, ha buscado disputar parcialmente esa subordinación bajo los gobiernos del PT, sin romper con la lógica del capital. Hoy sufre una presión creciente de EE. UU. para alinearse en la guerra contra China, mientras su economía de bajo crecimiento, desindustrialización y deuda pública se vuelve terreno fértil para un nuevo ciclo reaccionario. Con una base industrial más desarrollada y una tradición autonomista parcial, busca jugar un rol intermedio entre China, EE.UU. y Europa. Lula ha intentado reactivar el Mercosur y profundizar relaciones con Asia, pero se enfrenta a una burguesía dividida y a una estructura estatal corroída por el ajuste fiscal permanente.
Brasil representa el intento de ejercer una geoeconomía dependiente, donde el Estado interviene, pero sin cuestionar el régimen de acumulación ni su lugar periférico.
La situación de Argentina es crítica, ha sido colonizada sin intermediarios. El gobierno de Milei representa la expresión más cruda del proyecto imperial: liquidación del Estado, entrega de los recursos estratégicos, represión social y dependencia directa del capital financiero estadounidense. Milei no es un accidente: es la versión criolla del trumpismo, ajustada al nivel de barbarie que requiere la ofensiva imperial en el Sur Global.
El gobierno de Milei —más allá de sus poses neoliberales— está completamente subordinado al eje geoeconómico de EE.UU. y el FMI. Pero sin una base industrial operativa ni un ciclo exportador sostenido, la economía argentina solo puede ofrecer mano de obra precarizada, territorio y recursos naturales. Los alineamientos internacionales del gobierno (visita a Netanyahu, apoyo a Ucrania, rechazo a China y BRICS) son una forma grotesca de sumisión estratégica, que solo puede ser entendida como parte de la ofensiva imperial por reconquistar influencia en una región clave. Argentina, hoy, no tiene política geoeconómica: es objeto de ella.
La economía de Colombia está estructurada en función del extractivismo minero-energético (petróleo, carbón, oro), el agronegocio (palma, banano, caña) y los ingresos ilegales del narcotráfico, donde confluyen capitales transnacionales, burguesía local y redes paramilitares. Este modelo no sólo perpetúa la desigualdad y el desplazamiento forzado, sino que concentra el poder territorial en manos de mafias político-económicas vinculadas al capital imperialista.
Frente al ascenso de China, este modelo se vuelve funcional al “cierre de filas” de EE. UU., que necesita garantizar enclaves confiables para el saqueo de recursos y el control territorial, incluso al precio de sostener regímenes corruptos, represivos y autoritarios.
A pesar del tímido discurso de Petro, Colombia es el eslabón más dócil de la cadena imperialista. Su lugar en el nuevo orden geoeconómico es el de bastión contrarrevolucionario, peón militar y campo de experimentación del extractivismo posneoliberal, donde la violencia directa sigue siendo el principal medio de dominación. Su proyecto de “capitalismo productivo nacional” no tiene condiciones materiales para triunfar y puede incluso preparar el camino para una reacción autoritaria o ultraderechista más brutal aún que la de Uribe.
Chile, finalmente representa el caso paradigmático de economía hiperglobalizada y extractivista. Su estructura productiva, centrada en el cobre, litio y agroexportación, lo convierte en una pieza estratégica para China, el mayor comprador de materias primas, y simultáneamente, en un objetivo de control geopolítico para EE.UU., que busca evitar la consolidación de una dependencia tecnológica y comercial latinoamericana con el gigante asiático.
En este contexto, el Estado chileno oscila entre un nacionalismo subordinado (como en los discursos sobre soberanía del litio) y una práctica completamente alineada al capital transnacional. Las promesas de industrialización o valor agregado (como en los convenios con BYD o Tsingshan) terminan consolidando una reprimarización sofisticada, sin soberanía real. La geoeconomía, en este caso, no se expresa como defensa de la industria local, sino como instrumento de cooptación imperialista, a través de tratados, acuerdos “verdes”, vigilancia militar y financiamiento condicionado.
Chile no disputa su inserción: la acepta pasivamente asumiendo una condición de intermediario tecnocrático con el imperialismo. Mientras mantiene tratados de libre comercio y una estructura económica absolutamente abierta al capital extranjero, también es plataforma para empresas tecnológicas e intermediario político de las redes de poder regionales. El gobierno de Boric no ha hecho más que administrar esta subordinación, con un giro cada vez más represivo y promercado. La candidatura de Jeannette Jara representa, en este contexto, la renovación de la vía reformista bajo una estrategia de estabilización del orden, sin alterar en lo más mínimo la estructura de dependencia y expoliación.
La coyuntura electoral chilena: entre el continuismo y la barbarie
En este escenario, la coyuntura electoral chilena no puede ser analizada como un fenómeno doméstico ni como una competencia meramente programática. La disyuntiva entre la derecha de Kast y la “izquierda” de Jara es una falsa polaridad: ambas opciones comparten la aceptación plena del marco impuesto por el capital transnacional, ya sea desde la apertura absoluta o desde el asistencialismo disciplinador.
El crecimiento de discursos nacionalistas, antiinmigrantes, securitarios y tecnocráticos es la forma local en que se expresa la crisis global del capital. En ausencia de una alternativa socialista e insurreccional, el sistema oscila entre el ajuste autoritario y el progresismo gerencial.
Lo que está en juego no es solo el próximo gobierno, sino la capacidad de los trabajadores y sectores populares de construir una salida independiente a la crisis. No se trata de elegir entre proteccionismo y libre comercio, sino de superar ambos polos mediante un programa revolucionario que expropie al gran capital, rompa con el imperialismo y reorganice la producción bajo control obrero.
Solo una estrategia de clase, socialista e internacionalista puede enfrentar al monstruo que se gesta bajo el rostro del nuevo fascismo global. Trump no es el pasado. Es el futuro que prepara el capital. El único antídoto es la revolución.
(En la foto de portada vemos los ultraderechistas María Fernanda Cabal (Colombia); Jair Bolsonaro (Brasil); José Antonio Kast (Chile), y, Javier Milei (Presidente argentino)