por Gustavo Burgos
La declaración de un nuevo estado de excepción constitucional, Estado de Emergencia, en las tres regiones del norte del país, marcan un rasgo tendencial del régimen de hacer uso de las FFAA para el control del orden público. En efecto, el asesinato del camionero de 25 años Byron Castillo —cuya muerte se atribuye a un grupo de venezolanos— sirvió de pretexto para que la patronal Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) que agrupa a los dueños de camiones, impulsara acciones de protesta que hasta el momento de la reacción de esta nota seguían en curso no solo en el norte sino que en diversos puntos del país. Se trata de amplios cortes de carretera, suministro de combustible y paralización de aeropuertos. La demanda de este movimiento es la mano dura con la delincuencia y la inmediata deportación de los inmigrantes ilegales. Lo que se vive en el norte es el paradigma de la política fascista desde el pasado paro de camioneros en agosto del 2020 el cual logró instalar la idea de que el principal problema social en Chile es la delincuencia. Con esa misma excusa desde hace cuatro meses la Araucanía está sometida a un idéntico régimen de excepción constitucional. Lo que formalmente demanda este movimiento bajo la mascarada de la seguridad y el Estado de Derecho, es la instauración de una Dictadura.
En efecto, el Gobierno y los Camioneros llegaron, en concreto, al siguiente acuerdo:
1.- Se decreta estado de excepción en sectores fronterizos de la Provincia del Tamarugal, Arica, Parinacota y El Loa. Se suspenden en el norte derechos democráticos elementales y se pone a la zona bajo control militar. Publicándose el mismo día, el Reglamento de la Ley de Migraciones (21.325), que entre otras cosas facilita las expulsiones y reconducciones de extranjeros irregulares.
2.- De acuerdo al decreto 265 se aumentará en un 30% la presencia militar en la frontera y se brindará apoyo de la Armada. Reforzando la represión policial en la macrozona (Arica, Iquique, Antofagasta) mediante una millonaria inyección de recursos y de dotación de uniformados, y un plan de intervención con operativos de control, allanamiento y detención en las poblaciones “conflictivas”. Se continuarán los decretos de expulsión de extranjeros que, por vía judicial o administrativa, se declaren que incumplen la ley. La próxima expulsión sería en marzo.
3.- Una sanción administrativa a la Concesionaria Autopistas de Antofagasta por faltas de cumplimiento en el contrato respecto a la seguridad de la carretera, y la constitución de una mesa de trabajo entre esta, los gremios de dueños de camiones y el MOP.
Las medidas adoptadas, en lo sustancial, se encuadran con la política represiva que ya ha anticipado Boric respecto de este problema: recuperar el control de las fronteras y terminar con la inmigración ilegal. De hecho Ni el Frente Amplio, ni el partido Comunista, ni el PS, ni ninguna de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han cuestionado la declaración del estado de excepción que importa formalmente un flagrante atentado a las libertades democráticas, que como ya hemos indicado, se suma al prolongado estado de excepción en la Araucanía.
En todo caso, que el Congreso y la Convención Constitucional guarden ominoso silencio sobre este grave asunto no debe llamarnos la atención. El elemento novedoso en realidad es que esta ofensiva patronal ha logrado provocar desconcierto y confusión inclusive en sectores de la vanguardia, espacio que ha sido aprovechado por la burocracia sindical la que se ha inclinado a apoyar este movimiento del régimen de claro signo fascista. A guisa de ejemplo, corresponde destacar la vergonzosa declaración de la Unión Portuaria del Norte, suscrita por su vocero Alejandro Lills y destacada en la página de la Unión Portuaria, en la que se pide al Gobierno asesino de Piñera «tomar carta en el asunto de la emigración ilegal (sic), la falta de regulación que ha traído a nuestras ciudades del norte del país gran delincuencia por parte de ciudadanos extranjeros, que han visto la oportunidad de hacer lo que quieran en estas ciudades abandonadas por el gobierno, que se ha mostrado centralista y egoísta».
Dicho con claridad, para la Unión Portuaria la delincuencia es ocasionada por la inmigración ilegal y la solución de este problema pasa porque Piñera tome cartas en el asunto, un torpe eufemismo para ocultar que lo que se está pidiendo es represión, militares a la calle y expulsiones administrativas. Llama la atención que la Unión Portuaria —la misma que durante el levantamiento popular de Octubre del 19, fuese incapaz de realizar acciones serias de movilización en contra de Piñera— salga ahora pidiendo que éste aplique medidas represivas que es el único contenido que se puede desprender de la cobarde expresión «cartas en el asunto».
Nos parece necesario puntualizar que la idea de que la inmigración ilegal es foco delincuencia, es una falacia de los medios de comunicación patronales orientada a dar legitimidad a su ofensiva en contra de los trabajadores. Por lo mismo, frente a esta situación es imperioso retomar la vieja tradición clasista y de lucha del movimiento obrero.
Es necesario dejar en claro —como rubrica el Manifiesto Comunista— que los trabajadores no tenemos patria. Quienes ingresan al país —legal o ilegalmente— son trabajadores que huyen de la miseria capitalista de otras latitudes y buscan en en Chile nuevos horizontes. El uso de la categoría inmigrante, nunca ha formado parte de la tradición revolucionaria de la clase trabajadora. El uso de la expresión inmigrante tiene como única finalidad escindir, dividir a los trabajadores y tiene el mismo sentido patronal que diferenciar entre jóvenes y viejos, hombres y mujeres, chilenos o mapuche. Cuando los medios patronales esgrimen la cuestión de la inmigración descontrolada, ilegal y califican tal hecho como crisis, lo hacen con la finalidad de desentenderse de que la única fuente de miseria, hambre, violencia y delincuencia es la gran propiedad privada capitalista. Los crímenes que se cometen en el norte del país y en toda la extensión del territorio nacional, son la viva manifestación de la descomposición del orden social capitalista y si hay que expulsar a alguien es precisamente a la burguesía y del poder.
Frente a esta ofensiva patronal —de inconfundibles rasgos fascistas— resulta imperioso organizar y unificar a los trabajadores. La grave situación social que atraviesa el norte chileno jamás será resuelta por la burguesía y mucho menos por Carabineros y las FFAA. Corresponde a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones de base de los sectores que viven esta crisis día a día, tomar la solución de estas cuestiones en sus propias manos mediante la movilización. No se trata de una simple cuestión humanitaria o de derechos individuales. La crisis de miseria y cesantía azota al conjunto de los trabajadores y es como clase que podrá abordarse, construyendo una sólida referencia clasista que enfrente los estados de excepción constitucional, al actual Gobierno asesino y al próximo Gobierno de Boric que ya ha anunciado que seguirá con el mismo predicamento. En este contexto la creación de albergues de acogida, disposición de medidas de apoyo sanitario, capacitación e inserción laboral, son cuestiones básicas que han de unirse al conjunto de los reclamos de los explotados.
Actuar en un sentido distinto, esto es, hacerse eco de la campaña de terror de los medios patronales es abrir objetivamente las puertas al fascismo. Ni con los camioneros, ni con los milicos ni con ningún gobierno patronal. La solución a la crisis es la unidad y movilización obrera.