por Alejandro Valenzuela Torres
Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile prometen ser, más que una confrontación entre proyectos políticos distintos, un montaje cuidadosamente guionado por la democracia burguesa para dar continuidad al régimen de dominación de clase. Como en toda democracia liberal, el principio de la alternancia se esgrime como demostración del pluralismo político, cuando en realidad sirve para reforzar la legitimidad de una institucionalidad cuya base de sustentación ya ha comenzado a resquebrajarse.
Democracia escenificada, lucha de clases real
Lejos de constituir un campo ascéptico de deliberación, los procesos electorales funcionan como una escenificación institucional de los conflictos del capital. Sin embargo, sería un error pensar que se trata exclusivamente de disputas interburguesas. La lucha de clases se manifiesta en estas instancias, aunque de forma mediatizada, deformada y subterránea. Por ello mismo, los revolucionarios no pueden mantenerse al margen: deben intervenir para denunciar la trampa de la democracia formal, difundir el programa revolucionario y sembrar la desconfianza en las ilusiones democráticas.
En este sentido, la intervención de los revolucionarios en el terreno electoral no se fundamenta en expectativas parlamentarias, sino en su capacidad de propaganda, de agitación y de organización. Es decir, no se trata de participar para ganar, sino para desenmascarar el juego burgués y avanzar en la conciencia de clase del proletariado.
Bonapartismo sin bonaparte
Las candidaturas que hoy dominan la escena —la de Kast por la extrema derecha y la de Jara desde el oficialismo— representan, en distintos tonos, la respuesta del régimen a la crisis estructural del capitalismo chileno. Ambas se inscriben en un consenso represivo cuya base es la supuesta “guerra contra la delincuencia”, expresión contemporánea del viejo orden que ya no puede justificar sus políticas desde el desarrollo, la inclusión ni la movilidad social, sino solo desde la coerción.
Kast encarna la expresión más brutal de este programa. Con escasas herramientas políticas para lograr hegemonía y legitimidad, su proyecto se apoya en una estética de orden y autoridad, rayana en el bonapartismo clásico: promete resolver el conflicto social desde arriba, apelando al mito de un Estado fuerte que impone disciplina y castigo. Pero carece de base de masas y de vínculos reales con el aparato burocrático, lo que lo obliga a redoblar su apuesta autoritaria.
Jara, por su parte, representa la versión progresista del mismo guión. Como candidata del oficialismo, articula un discurso que suaviza la represión con retórica democrática, sustentada por el entramado burocrático del movimiento sindical y del progresismo institucional. Si logra recuperar el lenguaje del “antipinochetismo” y canalizar alguna forma de descontento democrático —aunque sea simbólico— podría desplazar a Kast, al menos momentáneamente. Pero ni ella ni Kast están dispuestos a romper con la arquitectura de dominación, el régimen del capital.
El Congreso como garante del orden
En esta dinámica de alternancia en la que desde a 15 años siempre las elecciones las gana la oposición, el papel del Congreso es crucial. Aunque debilitado en términos de legitimidad popular, sigue operando como el cerrojo institucional del régimen. Cualquier gobierno que pretenda modificar mínimamente el rumbo deberá hacerlo dentro de los márgenes que el Parlamento permita. De ahí que el bonapartismo actual no tenga la forma de una dictadura clásica, sino de una “gobernabilidad parlamentaria” que asfixia cualquier atisbo de transformación.
La institucionalidad impone así una lógica de hierro: ningún presidente podrá hacer más de lo que el Congreso —copado por las facciones capitalistas— esté dispuesto a permitir. Esto explica por qué la promesa de cambio se disuelve al contacto con la realidad parlamentaria, convertida en el verdadero custodio del modelo.
La crisis como oportunidad revolucionaria
Este juego de espejos solo puede sostenerse en tanto exista una base económica que lo permita. Y esa base se ha agotado. El modelo de acumulación impuesto durante la dictadura y consolidado en la transición se sustentaba en tasas de crecimiento cercanas al 5% anual, apoyadas en la sobreexplotación de los recursos naturales, la precarización laboral y el endeudamiento masivo de las familias. Ese “milagro chileno” ya no puede repetirse. La economía está estancada, la inversión cae, el desempleo estructural crece y la informalidad se extiende.
Además, el escenario internacional multiplica la inestabilidad: crisis financiera global, desaceleración china, guerras inter-imperialistas, desorden político. En este contexto, la continuidad del régimen depende cada vez más de la coerción y menos del consenso. La democracia chilena se vacía de contenido, dejando a la vista su carácter oligárquico y proimperialista.
Tareas de los revolucionarios
Ante este cuadro, no basta con la denuncia. Es indispensable construir una política que señale salidas concretas. La única alternativa real a la barbarie del capital es la ruptura institucional, vía movilización, el desarrollo de una organización obrera que se proponga la toma del poder y la construcción de una nueva legalidad sobre la base de la democracia directa de los explotados.
Las elecciones deben ser utilizadas como tribuna para esa perspectiva: no para adaptar el programa a las reglas del juego burgués, sino para desnudarlas. No para administrar la miseria, sino para organizar la resistencia. No para prometer gobernabilidad, sino para sembrar la posibilidad de un gobierno obrero y popular.
El ciclo de los 30 años ha terminado. La historia vuelve a llamar a la puerta y debemos estar a la altura.