por Gustavo Burgos
La muerte del compañero Héctor Luis “Chacha” Sandoval y la reedición, a propósito de ella, de la declaración suscrita en 2017 por numerosos y respetables antiguos militantes y dirigentes del MIR, contra las tesis contenidas en su controversial libro Un viaje a los sótanos de la dictadura vuelven a colocar sobre la mesa un problema que sería un error reducir a una disputa entre antiguos camaradas. Las acusaciones formuladas por Sandoval acerca de una supuesta penetración de niveles relevantes de la Dirección Interior del MIR por los organismos represivos son suficientemente graves como para exigir pruebas igualmente graves; allí donde éstas no existan, corresponde decirlo con claridad. Pero limitar nuevamente la discusión a determinar quién dijo la verdad, quién difamó a quién o quién actuó con mayor consecuencia reproduciría precisamente uno de los problemas que atraviesan la elaboración histórica de la derrota revolucionaria chilena: la sustitución del análisis político por el juicio moral. La declaración de 2017 contiene, en cambio, un punto mucho más fecundo cuando reconoce que, junto con la acción devastadora de los organismos represivos, existieron “errores políticos de evaluación de la fuerza propia y de la del enemigo”. Allí comienza una importante discusión política, porque obliga a abandonar el cómodo territorio de héroes, traidores, culpables y mártires para ingresar en otro mucho más relevante: estrategia, programa, dirección, relación con las masas, correlación de fuerzas y derrota.
La muerte de Sandoval debiera contribuir a sacar esta controversia del terreno personal. Chacha ya no puede responder; su libro, en cambio, permanece y puede ser confrontado rigurosamente con documentos, testimonios, resoluciones judiciales y archivos. Lo que resulta estéril es transformar esa confrontación en una caracterización moral o psicológica de quien sostuvo determinadas tesis. La propia declaración de 2017 incurrió parcialmente en ese terreno al recurrir a categorías de carácter psiquiátrico para descalificar su interpretación. Eso no demuestra ni refuta una infiltración, no explica una caída clandestina ni establece la corrección de una determinada orientación. El marxismo no necesita diagnosticar al adversario para discutirlo. Mucho menos puede explicar una derrota histórica mediante las cualidades personales de sus protagonistas. La infiltración, la tortura, la delación y los seguimientos fueron instrumentos reales de la contrarrevolución, pero explicar cómo operaban esos instrumentos no equivale todavía a explicar por qué pudieron destruir estructuras revolucionarias, ni por qué determinadas estrategias fueron incapaces de revertir una relación de fuerzas desfavorable. El verdadero problema comienza justamente donde termina el expediente policial.
De revolucionario a víctima: la operación política de la transición
La historia de la izquierda chilena sufrió después de la dictadura una transformación que todavía determina la manera en que se recuerda el período abierto por la Unidad Popular. El golpe de Estado fue progresivamente separado del proceso de lucha de clases que lo antecedió y reconstruido principalmente como ruptura de la democracia y comienzo de un período de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Nada de esto es falso. El terrorismo de Estado, las desapariciones, las ejecuciones, la tortura, el exilio y las prisiones políticas constituyen hechos históricos que deben ser establecidos hasta sus últimas consecuencias y cuyos responsables deben responder. El problema aparece cuando esa dimensión, indispensable pero parcial, sustituye al conjunto de la explicación histórica. Entonces desaparece una pregunta elemental: ¿por qué fue necesaria semejante violencia contrarrevolucionaria?
Antes de las cámaras de tortura estuvieron las huelgas, las ocupaciones de fábricas, las tomas de terrenos y fundos, los comandos comunales, los cordones industriales, la organización poblacional y la radicalización acelerada de sectores decisivos de la clase trabajadora. Antes de la DINA hubo una crisis de poder. Antes de los desaparecidos existieron militantes que discutían cómo expropiar al capital, cómo organizar el abastecimiento, qué relación establecer con el Estado burgués, cómo enfrentar a las Fuerzas Armadas y qué organismos podían transformarse en embriones de poder de los trabajadores. El MIR no integró formalmente la coalición electoral de la Unidad Popular, pero intervino activamente en ese proceso, particularmente en sus sectores más radicalizados. Si se elimina esta dimensión, la dictadura termina apareciendo como una explosión irracional de maldad y no como una contrarrevolución destinada a resolver violentamente una crisis de dominación de clase.
La transición encontró en esa reducción una forma extraordinariamente funcional de memoria. Podía condenarse la tortura sin discutir seriamente qué orden social había defendido la dictadura; podía reconocerse a las víctimas sin reivindicar los programas por los cuales muchas de ellas habían luchado; podía condenarse el 11 de septiembre sin reabrir la discusión acerca de la propiedad capitalista, del poder obrero o de los límites de la institucionalidad burguesa. Los revolucionarios podían ser incorporados al relato oficial a condición de ingresar en él desarmados políticamente. El militante del MIR, el socialista revolucionario, el sindicalista clasista o el poblador organizado dejaban de aparecer como sujetos que pretendían transformar las relaciones de propiedad y de poder y pasaban a ser reconocidos principalmente como víctimas de graves violaciones de sus derechos. La operación era sutil: no hacía falta negar sus sufrimientos; bastaba con separar esos sufrimientos de las razones políticas que habían conducido a la represión.
Así, la memoria democrática pudo terminar realizando una operación paradójica. Reivindicó la humanidad de los perseguidos al mismo tiempo que frecuentemente borraba su condición de revolucionarios. Los muertos podían ser homenajeados, siempre que sus programas permanecieran enterrados con ellos. Miguel Enríquez podía ingresar al museo como víctima de la dictadura más fácilmente que como dirigente de una organización que planteaba abiertamente el problema del poder y cuestionaba la estrategia reformista de importantes sectores de la izquierda. Los militantes caídos podían ser objeto de ceremonias de memoria sin que ello obligara a discutir aquello por lo cual habían organizado sus vidas. De este modo, una parte de la memoria de la dictadura terminó integrada en la legitimidad del nuevo régimen: “nunca más” a los crímenes estatales, pero también, implícitamente, nunca más a la lucha política que había colocado en cuestión los fundamentos de la sociedad capitalista chilena.
Esto no significa sostener que las organizaciones de derechos humanos, los familiares de ejecutados o desaparecidos o las luchas por verdad y justicia hayan sido responsables de semejante despolitización. Sería absurdo. Esas luchas fueron fundamentales y frecuentemente chocaron con el propio Estado transicional. El problema es distinto: la institucionalidad nacida de la transición pudo absorber una determinada lectura de esas luchas separándolas de la problemática revolucionaria que había antecedido al golpe. De esta manera, el conflicto histórico podía reorganizarse en torno a un consenso aparentemente universal: democracia contra dictadura, derechos humanos contra terrorismo estatal. Lo que quedaba expulsado del campo legítimo de discusión era aquello que había constituido el núcleo de la confrontación anterior: capitalismo o socialismo, propiedad privada o expropiación, Estado burgués o poder de los trabajadores.
Por eso la responsabilidad de la generación de revolucionarios del período que desemboca en la Unidad Popular es mucho mayor que la preservación de una memoria testimonial. Debe reconstruir la política que la transición desactivó. Debe explicar qué se discutía realmente en las fábricas, en los cordones industriales, en los sindicatos, en los fundos y en las organizaciones poblacionales; qué diferencias separaban al Partido Comunista, al Partido Socialista, al MIR, al MAPU y a las demás corrientes; cuáles eran las concepciones contrapuestas acerca del Estado, las Fuerzas Armadas y el poder popular; qué significado material tuvo el surgimiento de organismos independientes de trabajadores y por qué la burguesía chilena, respaldada por el imperialismo, llegó a considerar necesaria una solución contrarrevolucionaria. Sin esa reconstrucción, el golpe aparece amputado de sus causas y la dictadura reducida a una anomalía moral de la historia chilena.
La consecuencia de semejante mutilación es profundamente política. Si 1973 se explica exclusivamente como destrucción de la democracia, la conclusión natural es que la tarea histórica posterior consistía sencillamente en recuperarla. En cambio, si 1973 se comprende como derrota de un proceso de lucha de clases que había comenzado a cuestionar el dominio capitalista, entonces surge inevitablemente otra pregunta: ¿qué ocurrió con aquellas contradicciones sociales después de la transición? La primera interpretación desemboca casi naturalmente en la legitimación del régimen construido desde 1990; la segunda obliga a examinar cuánto del orden económico, social, militar e institucional impuesto por la contrarrevolución sobrevivió bajo las nuevas formas democráticas.
Contra el martirologio: recuperar la estrategia, comprender la derrota y formular la resistencia
La misma despolitización afecta la historia de la resistencia. Si los militantes anteriores a 1973 fueron convertidos prioritariamente en víctimas, los resistentes posteriores corren el riesgo de aparecer como personajes de una larga marcha cuyo desenlace natural habría sido el plebiscito de 1988 y la transición pactada. Pero la historia real fue mucho más contradictoria. Durante la dictadura existieron proyectos políticos distintos acerca de cómo derrotarla y, sobre todo, acerca de qué debía ocurrir después de su caída. Hubo reconstrucción clandestina de partidos, trabajo obrero, poblacional y estudiantil, prensa clandestina, redes internacionales, organización armada, sabotajes, protestas, enfrentamientos y profundas controversias respecto de las alianzas de clase y las formas de lucha. Reducir todo eso a una prehistoria de la recuperación democrática significa nuevamente leer el pasado desde el resultado que terminó imponiéndose.
Aquí la declaración de 2017 plantea una objeción válida al libro de Sandoval cuando señala que éste prácticamente borra las propuestas políticas antidictatoriales del MIR, sus políticas de alianzas, las acciones políticas y militares desarrolladas entre 1979 y 1985 y el trabajo de reconstrucción realizado en los frentes sociales durante el ascenso de las protestas desde 1983. Ese señalamiento contiene una cuestión metodológica fundamental: una organización revolucionaria no puede ser reconstruida históricamente sólo desde sus bajas. Las detenciones, infiltraciones y caídas explican una parte de su historia, pero no aquello que sus militantes estaban tratando de hacer. Una historia escrita exclusivamente desde los golpes represivos concede paradójicamente a los servicios de inteligencia el papel de sujetos principales de los acontecimientos y transforma a los revolucionarios en piezas movidas por una maquinaria omnipotente.
Pero rechazar esa perspectiva exige algo más que defender el honor de los dirigentes acusados. Obliga a discutir sus políticas. La declaración reconoce explícitamente errores políticos, orgánicos y operativos y señala que la división del MIR no fue producto de ningún “Topo”, sino responsabilidad de su propia dirección, especialmente de su Comisión Política. Ése es precisamente el punto en que debería comenzar un verdadero balance. ¿Cómo caracterizó el MIR la derrota de 1973? ¿Qué perspectivas atribuyó a la reconstrucción revolucionaria bajo una dictadura que había destruido buena parte del tejido político anterior? ¿Qué relación estableció entre actividad clandestina y movimiento de masas? ¿Qué condiciones políticas presupuso la Operación Retorno? ¿Cómo evaluó experiencias como Neltume? ¿Cómo articuló la lucha armada con el desarrollo real de la movilización obrera y popular? ¿Qué lectura hizo del ascenso de las protestas nacionales desde 1983? ¿Por qué una crisis social de esa magnitud terminó siendo conducida hacia una salida pactada y no hacia la ruptura revolucionaria que distintos sectores habían buscado?
Estas preguntas son fundamentales precisamente porque no admiten soluciones morales. No basta con señalar que hubo compañeros heroicos: efectivamente los hubo. No basta con demostrar que existieron agentes represivos: nadie seriamente puede negarlo. Tampoco basta con identificar decisiones equivocadas. Lo decisivo es determinar qué concepción estratégica producía esas decisiones y qué relación guardaba esa concepción con las condiciones reales de la lucha de clases. Allí se encuentra la diferencia entre memoria y balance. La memoria puede reivindicar; el balance debe explicar.
Ese balance debe alcanzar también al resultado político de la resistencia. La transición no fue simplemente la victoria de quienes lucharon contra Pinochet. Fue asimismo una forma determinada de resolución de aquella lucha, dentro de la cual importantes sectores de la oposición aceptaron preservar elementos decisivos del orden económico y estatal construido por la dictadura. Leer retrospectivamente toda la resistencia como camino hacia el plebiscito de 1988 significa atribuir a quienes lucharon durante quince años objetivos que muchos de ellos expresamente rechazaban. La historia debe recuperar esa disputa. No para convertir en traidores a quienes optaron por la negociación ni en héroes a quienes sostuvieron otras estrategias, sino para establecer qué intereses sociales, qué correlaciones de fuerzas y qué proyectos políticos estaban en juego.
De ahí la importancia actual de superar el martirologio. Un movimiento revolucionario que sólo transmite historias de sacrificio entrega a las nuevas generaciones una memoria moral —que no negamos es muy importante— pero no una experiencia estratégica. Puede producir admiración —incluso veneración— pero no comprensión. Y sin comprensión la memoria termina siendo políticamente inofensiva. La transición pudo convivir perfectamente con homenajes a los muertos precisamente porque el homenaje despojado de programa no amenaza ningún orden social. Un revolucionario convertido en estatua deja de discutir.
La generación que vivió la Unidad Popular y la resistencia tiene, por tanto, una tarea que se vuelve cada año más urgente. Sus integrantes desaparecen y con ellos desaparece una parte irrepetible de la experiencia histórica del movimiento obrero chileno. Su responsabilidad no consiste en fabricar una versión consensuada del pasado ni en silenciar sus discrepancias. Exactamente al contrario: debe reconstruirlas. Mostrar qué alternativas existieron, quiénes las defendieron, qué supuestos las sostenían y cuáles fueron sus consecuencias. Debe volver a conectar tres momentos que la historiografía dominante tiende a separar: ascenso revolucionario, contrarrevolución y resistencia. Sólo así puede comprenderse el sentido de la derrota.
La muerte de Chacha Sandoval y la reedición de la declaración de 2017 podrían entonces servir para algo mucho más importante que reanimar una vieja querella. Sandoval ya no puede defender sus tesis, pero la generación a la que perteneció todavía puede discutir la historia que produjo esas tesis. La cuestión central no es determinar retrospectivamente quién merece absolución y quién condena. Tampoco establecer un santoral alternativo. Es devolver a los muertos aquello que la transición, en buena medida, les quitó: su condición de sujetos políticos revolucionarios.
Recordar cómo fueron torturados es indispensable. Pero también hay que recordar por qué luchaban. Recordar cómo fueron asesinados es una obligación. Pero también hay que reconstruir qué sociedad pretendían construir. Recordar a las víctimas sin recuperar su programa puede terminar convirtiendo la memoria en una ceremonia perfectamente compatible con el orden contra el cual aquellas víctimas combatieron.
Ésa es la paradoja que debe romperse. La memoria revolucionaria no puede limitarse a exigir que los muertos sean respetados. Tiene que permitir que vuelvan a hablar políticamente.
Y para ello es necesario dejar atrás tanto la conspiración como el martirologio y plantear, de una vez, las preguntas que la transición procuró clausurar: qué revolución estuvo planteada en Chile, por qué fue derrotada, qué estrategias fracasaron, cómo fue canalizada la resistencia y cuánto del orden impuesto por aquella derrota continúa todavía en pie. La lucha por la revolución obrera, el carácter insurreccional de la misma y la construcción del partido que tome en sus manos tal tarea, nos demandan hacernos cargo de esta discusión.