por Gustavo Burgos
La afirmación de Álvaro García Linera —“cuando hay problemas, o le impones impuestos a los ricos o le quitas dinero a los pobres”— tiene la eficacia de una consigna inmediata. Plantea una disyuntiva comprensible frente a la crisis fiscal: que paguen los capitalistas o que pague el pueblo trabajador. En ese plano elemental, la frase parece colocarse del lado correcto de la barricada social. Pero su límite aparece precisamente allí: reduce la lucha de clases a una disputa tributaria y deja intacto el problema fundamental, que es la propiedad capitalista de los medios de producción y el poder de clase que organiza la sociedad. La deriva capitalista del MAS de Evo Morales en Bolivia, de la que García Linera es su mentor, se encuentra en la base de este razonamiento, muy extendido en el progresismo latinoamericano.
Desde un punto de vista de clase, la cuestión no consiste solamente en decidir quién financia el déficit del Estado. La pregunta decisiva es quién produce la riqueza, quién se apropia de ella y bajo qué poder político se organiza la economía. Un impuesto progresivo a las grandes fortunas puede ser una medida necesaria, incluso elemental, frente a una crisis; pero no constituye por sí mismo una estrategia socialista. Mientras la banca, la gran propiedad agraria, la minería, los hidrocarburos, el comercio exterior y los sectores estratégicos permanezcan bajo dominio capitalista, la burguesía conserva la capacidad de sabotear, fugar capitales, trasladar costos, especular, presionar por devaluaciones y condicionar toda política pública.
El problema de García Linera no está solo en esa frase, sino en la concepción política que la sostiene. Su propuesta histórica del “capitalismo andino-amazónico” buscó presentar una vía propia, nacional, popular, comunitaria e indígena de desarrollo capitalista. Según esta perspectiva, Bolivia no estaría aún en condiciones de plantearse una transición socialista; antes sería necesario desarrollar las fuerzas productivas, fortalecer el Estado, ampliar el mercado interno, capturar renta extractiva y redistribuir parte de ella hacia los sectores populares.
Esta tesis reproduce, con un lenguaje renovado, la vieja concepción etapista: primero el capitalismo, después —en un futuro indefinido— el socialismo. El problema es que esa etapa capitalista no es neutral. No prepara mecánicamente a las masas para la emancipación; también fortalece a nuevas y viejas fracciones burguesas, consolida aparatos estatales separados de los trabajadores, subordina a las organizaciones populares al gobierno y acostumbra al movimiento de masas a esperar soluciones desde arriba.
El marxismo no niega la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. Lo que rechaza es que esa tarea deba ser entregada a la burguesía o a un Estado que administra las condiciones generales de acumulación capitalista. En la época imperialista, las burguesías nacionales latinoamericanas han demostrado históricamente su incapacidad para cumplir tareas democráticas, agrarias, nacionales o industriales de manera consecuente. Están enlazadas al capital financiero, al mercado mundial, a la gran propiedad y a los compromisos del Estado burgués. Por eso, incluso cuando adoptan una retórica nacional-popular, terminan pactando con los grupos económicos que decían combatir.
El fracaso del MAS boliviano muestra ese límite con claridad. El modelo pudo distribuir parcialmente mientras existieron condiciones favorables de renta, precios internacionales y expansión del ingreso estatal. Pero esa redistribución no alteró la estructura social de fondo. No expropió a la burguesía. No destruyó el viejo Estado. No colocó la economía bajo control obrero. No construyó organismos de poder de trabajadores, campesinos e indígenas capaces de sustituir al aparato estatal heredado. Por el contrario, integró a una parte importante de las organizaciones populares al aparato gubernamental y las subordinó a la lógica de la administración estatal.
Allí reside el carácter contradictorio del garcialinerismo. Habla en nombre de lo plebeyo, lo indígena, lo comunitario y lo popular, pero su horizonte estratégico sigue siendo la regulación del capitalismo. Su sujeto no es la clase obrera organizada como fuerza dirigente de la transformación social, sino el Estado nacional-popular como mediador entre clases. Esa mediación, sin embargo, no suprime la explotación: la administra. No liquida la dominación capitalista: la reorganiza bajo formas políticamente más inclusivas.
La clase obrera aparece en esa perspectiva como un sujeto parcial, insuficiente o secundario. García Linera ha sostenido reiteradamente que, en sociedades como la boliviana, la composición indígena, campesina, comunitaria e informal impediría pensar la revolución en términos clásicos de dirección proletaria. Pero esta lectura confunde mayoría sociológica con centralidad estratégica. La clase obrera no dirige una revolución porque sea numéricamente absoluta, sino porque ocupa una posición decisiva en la producción social, porque puede paralizar los resortes fundamentales de la economía y porque, organizada políticamente, puede ofrecer una salida universal a las capas explotadas y oprimidas.
Bolivia posee una tradición obrera —que se inicia con la célebre Tesis de Pulacayo— que desmiente cualquier intento de reducir al proletariado a un actor marginal. El proletariado minero, en particular, fue una fuerza histórica decisiva en las grandes crisis revolucionarias del país. Su alianza con campesinos, pueblos originarios, pobres urbanos y trabajadores informales no exige diluir su papel político, sino afirmarlo sobre nuevas bases. La cuestión no es contraponer lo obrero a lo indígena o a lo comunitario, sino articular esas luchas bajo una estrategia de independencia de clase.
La emancipación indígena no puede realizarse plenamente bajo un capitalismo que mercantiliza territorios, subordina comunidades al extractivismo y pacta con fracciones agroindustriales. La defensa de la tierra, del agua, de los bienes comunes y de las formas comunitarias no puede quedar en manos de un Estado que necesita sostener la acumulación capitalista para financiar su propia política social. Sin ruptura con la propiedad capitalista, toda defensa de lo comunitario termina sometida a los límites del mercado, de la renta y del aparato estatal.
La apelación a la experiencia de la NEP leninista, frecuente en las justificaciones de vías capitalistas transitorias, resulta profundamente equívoca. La NEP fue una concesión táctica al mercado realizada después de la toma del poder por la clase obrera, en un Estado obrero devastado por la guerra civil y el aislamiento internacional. No fue un programa de desarrollo capitalista previo a la revolución, ni una invitación a fortalecer una burguesía nacional bajo la tutela de un Estado burgués. Convertir la NEP en argumento para justificar una etapa capitalista prolongada invierte completamente su significado histórico.
La diferencia es decisiva. Una cosa es que un poder obrero, obligado por condiciones excepcionales, tolere parcialmente mecanismos mercantiles bajo control político del proletariado. Otra muy distinta es que un gobierno popular administre un Estado capitalista y busque desarrollar una economía de mercado con redistribución social. En el primer caso, el mercado es una concesión dentro de una transición revolucionaria. En el segundo, la revolución es postergada en nombre del mercado.
Por eso la fórmula de García Linera sobre los impuestos a los ricos debe ser criticada no porque sea falsa en términos inmediatos, sino porque es insuficiente y políticamente desorientadora. El dilema no es simplemente “impuestos a los ricos o recortes a los pobres”. Ese es el dilema de cualquier gobierno que administra una crisis fiscal dentro del capitalismo. El dilema marxista es otro: o la crisis la pagan los trabajadores, o se expropia el poder económico de la clase capitalista. O se gestiona progresivamente el capitalismo, o se organiza la lucha por un gobierno de trabajadores.
La política tributaria puede formar parte de un programa de transición, pero solo si se articula con medidas que ataquen efectivamente el poder del capital: nacionalización de la banca bajo control obrero, monopolio estatal del comercio exterior, expropiación de los grandes grupos económicos, control obrero de la producción, planificación democrática de la economía, reforma agraria radical y defensa de los territorios indígenas contra la expansión capitalista. Separadas de esa perspectiva, las reformas fiscales terminan siendo absorbidas por el propio régimen que pretenden corregir.
La tragedia del progresismo latinoamericano ha sido presentar como transición al socialismo lo que no pasó de ser una forma de administración estatal de la renta capitalista. Mientras hubo recursos, pudo distribuir; cuando la crisis golpeó, reaparecieron los límites estructurales: presión inflacionaria, déficit fiscal, endeudamiento, chantaje empresarial, dependencia del mercado mundial y recomposición de la derecha. La burguesía acepta la redistribución mientras no se toque su propiedad; cuando la acumulación se ve amenazada, reclama ajuste, disciplina y restauración del mando.
García Linera expresa una de las versiones más sofisticadas de ese progresismo. No es un liberal ni un socialdemócrata vulgar. Su discurso incorpora elementos de Marx, del indianismo, del comunitarismo, de la teoría del Estado y de la experiencia nacional-popular latinoamericana. Pero su sofisticación teórica no elimina su límite político: la negativa a plantear la ruptura revolucionaria con el capital. Su horizonte sigue siendo un capitalismo más regulado, más estatal, más redistributivo, más plebeyo, pero capitalismo al fin.
Frente a ello, la crítica marxista debe recuperar una conclusión fundamental: no hay emancipación de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de los campesinos pobres ni de las masas urbanas sin independencia política de clase. La tarea no es administrar mejor el Estado burgués, sino construir una fuerza capaz de superarlo. No se trata de esperar a que el capitalismo nacional complete una misión histórica que ya no puede cumplir, sino de organizar una salida obrera, campesina, indígena y popular contra el conjunto del régimen capitalista.
La alternativa no es entre un capitalismo neoliberal y un capitalismo andino-amazónico. La alternativa es entre la continuidad de la dominación capitalista, bajo cualquiera de sus formas, y un gobierno obrero que encarne la revolución socialista. Los impuestos a los ricos pueden ser una consigna parcial; la expropiación de los capitalistas es una estrategia de poder. Lo primero puede aliviar momentáneamente la crisis; lo segundo apunta a resolverla desde sus raíces. Esa es la diferencia entre reformar la miseria y abolir las condiciones que la producen.