por Alejandro Valenzuela Torres
La reciente posición expresada por Lautaro Carmona frente a la Megarreforma de José Antonio Kast constituye un síntoma político de primera importancia. No porque el Partido Comunista haya abandonado formalmente su rechazo al proyecto, sino porque ha desplazado el centro de gravedad de su política desde la oposición frontal a la ofensiva patronal hacia la búsqueda de indicaciones, acuerdos parciales y “mínimos comunes” dentro de la oposición parlamentaria. Esa diferencia no es menor. En política, muchas veces la derrota no comienza cuando se vota a favor de un proyecto reaccionario, sino cuando se acepta el terreno en que ese proyecto debe ser discutido.
La crónica de La Tercera es elocuente. Carmona sostuvo que el PC buscará coordinarse con el resto de la oposición para presentar indicaciones a la Megarreforma antes del plazo del 6 de julio. “No hay camino propio por deporte, ni mucho menos”, dijo, para justificar la necesidad de actuar junto a las demás bancadas opositoras. Agregó que la idea es lograr “el máximo” de coincidencia para abordar indicaciones, propuestas o posiciones de votación. El problema no está en la unidad como principio abstracto. El problema está en el contenido social y político de esa unidad: una unidad parlamentaria con los mismos sectores que ya han demostrado estar disponibles para abrirle paso al plan de Kast.
La votación en el Senado reveló brutalmente este cuadro. La idea de legislar la Megarreforma fue aprobada por el mínimo: 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Esa abstención, proveniente del senador PPD Pedro Araya, no fue un accidente ni una vacilación individual. Fue el voto que permitió políticamente la aprobación de la idea de legislar. Sin esa abstención, el gobierno no habría conseguido abrir el trámite legislativo de su reforma. Araya, al no votar en contra, cumplió la función objetiva de habilitar el avance del proyecto de Kast, justificando su conducta en la necesidad de un “acuerdo transversal” y en la posibilidad de que el Ejecutivo recogiera planteamientos de la oposición. En otras palabras: no se trataba de rechazar el contenido de clase de la reforma, sino de reclamar un lugar en la mesa donde se administrará su tramitación.
Desde ese punto de vista, la posición de Carmona queda situada en un terreno de abominable colaboración. Cuando el presidente del PC plantea que no hay que actuar con “camino propio” y que se debe buscar el máximo acuerdo con las bancadas opositoras, está subordinando la política de la izquierda institucional al mismo bloque parlamentario que ya mostró su disposición a colaborar con Kast. El PC dice rechazar la Megarreforma porque favorece al gran capital, pero al mismo tiempo se dispone a actuar dentro del dispositivo político que permite procesar, corregir y eventualmente legitimar esa ofensiva.
El punto más revelador es la invariabilidad tributaria. La Tercera consigna que Carmona matizó la posición comunista y afirmó: “Yo no tengo una posición de descalificación, para decirlo muy claro, respecto al concepto de la invariabilidad, dependiendo desde qué perspectiva se aplica, en beneficio de quién se aplica y cuál es la transversalidad que respalda esa medida”. Esta frase permite entender el espacio de clase en que se instala el debate. La invariabilidad tributaria no es una técnica neutra. Es un mecanismo destinado a blindar jurídicamente la rentabilidad del capital frente a eventuales cambios políticos, sociales o fiscales. Es, en términos simples, la pretensión de amarrar al Estado y a futuros gobiernos para garantizar condiciones estables de acumulación a los grandes inversionistas.
Decir que no se rechaza “por principio” la invariabilidad tributaria significa aceptar que puede existir una forma progresiva de congelar condiciones tributarias en beneficio del capital. Pero esa posibilidad es ilusoria. En una sociedad capitalista, la invariabilidad tributaria no opera en favor de los trabajadores, que no tienen garantizado ni el salario, ni el empleo, ni la vivienda, ni la salud, ni la educación. Opera en favor de quienes poseen capital suficiente para exigir estabilidad normativa como condición de inversión. La clase trabajadora vive en la más absoluta variabilidad: varían sus ingresos, varía su empleo, varía el costo de la vida, varía el precio del transporte, varía la deuda, varía la jornada real de trabajo. El gran capital, en cambio, reclama invariabilidad para su tasa de ganancia.
Por eso la frase de Carmona no es un simple matiz táctico. Es una concesión programática. La discusión deja de estar planteada en términos de expropiación fiscal de recursos públicos a favor de los grandes grupos económicos, para desplazarse hacia preguntas de diseño: “desde qué perspectiva se aplica”, “en beneficio de quién”, “con qué transversalidad”. El lenguaje de clase es reemplazado por el lenguaje de la técnica legislativa. El problema deja de ser la ofensiva capitalista y pasa a ser la arquitectura institucional de su implementación.
La Megarreforma de Kast no es un proyecto cualquiera. Es un sistema articulado de ataque contra los trabajadores. No consiste solo en un paquete tributario, ni en una suma dispersa de medidas administrativas, laborales, penales y presupuestarias. Su lógica es integral: fortalecer al capital, disciplinar a la fuerza de trabajo, restringir la protesta, debilitar derechos laborales históricos y desfinanciar áreas esenciales de reproducción social como educación, salud y vivienda. Es una tentativa de reorganizar las condiciones generales de acumulación capitalista en Chile mediante rebajas tributarias, beneficios a la inversión, garantías al gran empresariado, facilidades regulatorias y transferencia de costos hacia la clase trabajadora y los servicios públicos.
Por eso pretender disputar esta ofensiva mediante indicaciones constituye una abierta capitulación. Las indicaciones pueden modificar palabras, atenuar fórmulas o introducir compensaciones parciales, pero no alteran el carácter del sistema que se está poniendo en pie. Peor aún: al aceptar la discusión por partes, contribuyen a que el conjunto se materialice como legislación. Disputar la Megarreforma con indicaciones equivale a asegurar que el registro de vándalos, la eliminación o vaciamiento de la indemnización por años de servicio, la rebaja de garantías laborales, la persecución de la protesta y el desfinanciamiento de la educación, la salud y la vivienda avancen bajo una apariencia de deliberación democrática.
Este es el punto decisivo. Kast no ha presentado simplemente una reforma tributaria o un ajuste sectorial. Ha puesto en marcha una gigantesca operación de poder destinada a modificar la relación de fuerzas entre capital y trabajo. El registro de vándalos busca producir una herramienta de fichaje y criminalización preventiva de la protesta social. La eliminación de la indemnización por años de servicio apunta a destruir una de las últimas barreras que limitan el poder patronal dentro de la empresa. El desfinanciamiento de educación, salud y vivienda traslada a la población trabajadora el costo de los beneficios otorgados al capital. Cada pieza tiene su función. Todas forman parte del mismo dispositivo.
Desde esa perspectiva, la política de indicaciones es una política de impotencia. Acepta la estructura general del ataque y se limita a negociar sus modalidades. No convoca a los trabajadores a derrotar el proyecto; los convierte en espectadores de una discusión entre bancadas. No denuncia la Megarreforma como un plan de guerra social contra la clase trabajadora; la transforma en un expediente legislativo susceptible de correcciones. No rompe con el chantaje de la gobernabilidad; lo administra.
La experiencia reciente demuestra que el trámite parlamentario no es un campo neutral. Cuando la oposición acepta discutir la “idea de legislar”, cuando se abstiene para permitir el avance del proyecto, cuando reclama mesas técnicas, separación de materias o indicaciones, contribuye a convertir una ofensiva de clase en un procedimiento legislativo normal. Ese es el verdadero triunfo político de Kast: obligar a sus adversarios institucionales a discutir dentro de su marco. Ya no se debate si corresponde rechazar de plano una reforma hecha para los grandes empresarios. Se debate cuánto puede corregirse, qué artículos pueden moderarse, qué compensaciones pueden agregarse y qué fórmulas permiten salvar la cara de cada bancada.
Esta posición del PC arrastra a la izquierda institucional en su conjunto. El Partido Comunista no es un actor marginal dentro de ese campo: cumple el papel de contener, disciplinar y dar una cobertura “popular” a una estrategia de adaptación parlamentaria. Cuando el PC se mueve hacia las indicaciones, todo el espacio institucional a su izquierda se ve presionado a seguirlo. Cuando el PC habla de “mínimo común” opositor, ese mínimo termina definido por los sectores más conciliadores de la oposición. Y cuando el PC acepta discutir la invariabilidad tributaria como concepto no descartable, la frontera entre oposición y colaboración queda gravemente erosionada.
La misma lógica se expresa en la burocracia sindical enquistada en la CUT. Su discurso combina críticas parciales con una valoración permanente de la institucionalidad del diálogo. José Manuel Díaz ha dicho, frente a la negociación del salario mínimo, que “valoramos que el Gobierno se sentara con la CUT”, aun cuando el resultado fue la ausencia de acuerdo y la constatación de que los trabajadores están pagando la crisis. En el debate sobre Sala Cuna Universal, la CUT criticó el financiamiento del proyecto y advirtió que podía convertirse en un “impuesto a las mujeres por trabajar”, pero al mismo tiempo declaró: “Valoramos que se respete la eliminación” del artículo 203 del Código del Trabajo.
Este lenguaje no es inocente. “Valorar” se ha convertido en el verbo favorito de la burocracia sindical cuando necesita justificar su integración a la mesa del poder. Se valoran los espacios, se valoran los gestos, se valoran los avances parciales, se valora que el gobierno escuche, se valora que exista diálogo. Mientras tanto, la ofensiva avanza. La clase trabajadora no necesita una burocracia que valore la disposición del gobierno a recibirla, sino una dirección que organice la fuerza social capaz de derrotar sus medidas. No necesita ser invitada a mesas donde se le informa cómo se administrará el retroceso, sino construir organismos de deliberación y lucha capaces de imponer sus propias demandas.
La política de las indicaciones y la política del diálogo social tienen una raíz común: ambas parten de la premisa de que la ofensiva capitalista puede ser corregida desde dentro del régimen. Pero la Megarreforma no es un exceso corregible. Es una orientación estratégica. Kast encabeza una ofensiva brutal contra los trabajadores porque expresa, de manera concentrada, una necesidad del conjunto de la clase dominante: descargar la crisis sobre el trabajo, abaratar costos, asegurar beneficios tributarios, debilitar regulaciones, criminalizar la protesta y consolidar un marco más favorable para el capital.
Frente a esa ofensiva, no basta con votar en contra en una sala del Senado. No basta con presentar indicaciones. No basta con denunciar que la reforma favorece a los ricos mientras se acepta discutir los mecanismos de su aplicación. La tarea decisiva es construir un frente unitario de lucha, con independencia de clase, capaz de reunir a sindicatos, organizaciones territoriales, estudiantes, mujeres trabajadoras, pobladores, trabajadores públicos y privados, cesantes y jubilados en torno a un programa común de combate.
Ese frente debe tener un objetivo inmediato: sacar la oposición a la Megarreforma del encierro parlamentario y trasladarla al terreno de la movilización callejera, la asamblea, la huelga y la organización. La defensa de los derechos laborales, de los salarios, de la seguridad social, de los servicios públicos y de la capacidad del pueblo trabajador para decidir sobre la riqueza nacional no puede quedar en manos de bancadas que calculan indicaciones ni de direcciones sindicales que valoran gestos del gobierno.
La ofensiva de Kast es una ofensiva de clase. La respuesta debe ser también de clase. No se trata de pedir una mejor Megarreforma, ni de corregir sus aspectos más brutales, ni de garantizar que la invariabilidad tributaria sea más “transversal”. Se trata de derrotarla. Y para eso hace falta romper con la ilusión de que el Parlamento será el terreno decisivo de la resistencia. El Parlamento podrá registrar la correlación de fuerzas; no la creará. Esa fuerza debe nacer fuera: en los lugares de trabajo, en los sindicatos recuperados, en las poblaciones, en las calles, en una coordinación nacional de lucha.
La posición de Carmona muestra los límites vergonzosos de la izquierda institucional cuando se enfrenta a una ofensiva patronal de gran escala. Puede denunciar al gran capital, pero no rompe con el mecanismo político que lo sostiene. Puede hablar en nombre de los trabajadores, pero los mantiene como espectadores de una negociación entre bancadas. Puede rechazar la rebaja de impuestos, pero abre la puerta a discutir la invariabilidad tributaria si se presenta con otra arquitectura. Esa ambigüedad es precisamente lo que debe ser superado.
La tarea de la hora no es acompañar a la oposición parlamentaria en su búsqueda de indicaciones. Es construir una oposición obrera, popular y callejera a la Megarreforma. Una oposición que no “valore” los gestos del gobierno, sino que mida sus fuerzas para derrotarlo. Una oposición que no aspire a ser parte del acuerdo transversal, sino a quebrar el consenso de clase que une al oficialismo, a la derecha tradicional, a sectores de la ex Concertación y a la burocracia sindical en torno a la gobernabilidad del ajuste.
Kast ha puesto sobre la mesa el programa del gran capital. La respuesta no puede ser una negociación sobre sus cláusulas. Debe ser la organización de una fuerza social capaz de imponer otro programa: aumento real de salarios, defensa irrestricta de los derechos laborales, rechazo a toda rebaja tributaria al gran empresariado, fin de los privilegios fiscales al capital, fortalecimiento de la seguridad social pública, control obrero y popular sobre las áreas estratégicas y convocatoria a un plan nacional de movilización.
La disyuntiva es clara. O la izquierda se convierte en correctora parlamentaria de la ofensiva patronal, o contribuye a organizar la fuerza capaz de derrotarla. La posición expresada por Carmona se ubica claramente en el primer camino. La tarea de los trabajadores es abrir el segundo.