por Gustavo Burgos
La revolución cubana vuelve a estar situada en una encrucijada histórica. No se trata de una crisis más dentro del largo asedio imperialista que ha soportado la isla desde 1959. Tampoco de una mera “actualización” administrativa del modelo económico. Lo que se ha puesto en marcha bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel constituye un salto cualitativo en el proceso de restauración capitalista en Cuba y, por lo mismo, una amenaza directa contra las conquistas sociales y políticas que hicieron de la isla el primer territorio libre de América.
La prensa oficial cubana ha presentado las nuevas medidas como una respuesta soberana a la crisis. Granma informó que la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue convocada para evaluar “propuestas de transformaciones económicas y sociales” consideradas “de vital importancia para el futuro del país”. Según la misma fuente, el paquete recoge 176 propuestas agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social, elaboradas a partir de 390 propuestas iniciales, de las cuales se aceptó el 66,7 %, y enriquecidas posteriormente con 69 recomendaciones del Buró Político. El primer ministro Manuel Marrero Cruz sostuvo que estas transformaciones “no constituyen una desviación del proyecto socialista” y que, por el contrario, responderían a la lógica de su desarrollo. Esa es precisamente la coartada ideológica que debe ser rechazada.
No estamos frente a una discusión semántica. La cuestión decisiva no es si la burocracia cubana continúa invocando el socialismo, sino cuál es el contenido material de las medidas adoptadas. Cuando se amplía el espacio de la propiedad privada, cuando se habilita una mayor participación del capital extranjero, cuando se flexibiliza la empresa estatal para someterla a criterios mercantiles, cuando se desmontan subsidios universales, cuando se abre paso a la autonomía empresarial bajo la presión de la rentabilidad y cuando el mercado deja de ser un instrumento limitado para transformarse en principio ordenador de la economía, lo que avanza no es el socialismo, sino su negación.
La burocracia cubana presenta este giro como una necesidad impuesta por las circunstancias. La fórmula es conocida: no habría otro camino. La presión imperialista, el bloqueo, la crisis energética, la escasez de divisas, la caída de la productividad, el agotamiento de los mecanismos estatales y el deterioro de las condiciones de vida obligarían —según este razonamiento— a abrir las compuertas del mercado y del capital privado. Pero esa conclusión no es marxista. Es la conclusión propia de una capa burocrática que ha dejado de concebir a la clase trabajadora como sujeto histórico y que solo puede imaginar la salida de la crisis como negociación con el mercado mundial, con el capital extranjero y, en última instancia, con el imperialismo.
La defensa de Cuba exige partir de una premisa elemental: el bloqueo norteamericano es criminal, contrarrevolucionario y debe ser combatido sin ambigüedad por los trabajadores de todo el mundo. Pero el reconocimiento del carácter imperialista de esa agresión no puede servir para encubrir el rumbo restauracionista de la burocracia. Justamente porque el imperialismo busca destruir hasta el último vestigio de la revolución cubana, la respuesta no puede ser la capitulación ante las relaciones sociales que el imperialismo representa. Una dirección revolucionaria no contestaría la ofensiva de Washington abriendo paso a la empresa privada, al capital extranjero, a la disciplina mercantil y a la desigualdad social; la contestaría convocando a la movilización obrera y popular, a la reorganización democrática de la economía, a la planificación bajo control de los trabajadores y al llamado internacional a los pueblos de América Latina y del mundo.
Aquí la comparación histórica con la NEP de Lenin resulta decisiva. La Nueva Política Económica no fue una restauración capitalista presentada como socialismo. Fue una retirada táctica en condiciones extremas, después de la guerra civil, la devastación productiva y el aislamiento de la revolución rusa. Lenin admitió la utilización limitada del mercado, pero lo hizo sobre la base de una orientación estratégica opuesta a la que hoy adopta la burocracia cubana: preservar el poder obrero, mantener bajo control estatal los resortes fundamentales de la economía, reconstruir la alianza con el campesinado y preparar, sobre esa base, el desarrollo de la gran industria socializada. Como respaldo histórico: en El impuesto en especie, Lenin caracterizó la NEP como una transición desde el comunismo de guerra hacia formas de intercambio reguladas, insistiendo en que el poder proletario no corría peligro solo si el proletariado mantenía firmemente el poder y el control del transporte y la gran industria. (marxists.org)
La NEP no convirtió al mercado en horizonte estratégico. Lo subordinó a un Estado obrero nacido de una revolución triunfante. Lenin sostuvo que la apertura al intercambio, al comercio y a ciertas formas de capitalismo regulado solo podía ser útil en la medida en que el proletariado conservara firmemente el poder político y el control sobre el transporte, la gran industria, la banca y el comercio exterior. La lógica era transitoria, defensiva y orientada a recomponer las bases materiales de la dictadura del proletariado. En Cuba, por el contrario, el mercado aparece como sustituto de la movilización obrera, como remedio universal frente a la crisis y como vía para descargar sobre las masas el costo del agotamiento burocrático.
La diferencia no es menor: es la diferencia entre una concesión táctica dirigida por el proletariado y una capitulación estratégica dirigida contra el proletariado. Lenin recurrió al mercado para ganar tiempo a favor de la revolución. La burocracia cubana recurre al mercado para ganar tiempo para sí misma. La NEP buscaba preservar la propiedad social de los medios fundamentales de producción y reconstruir la economía bajo el mando político de la clase obrera. Las medidas de Díaz-Canel y Marrero apuntan en sentido inverso: desagregan la propiedad estatal, fortalecen a nuevos actores privados, amplían la gravitación del capital externo y preparan el terreno para que una capa administrativa se transforme, por la vía de los hechos, en una burguesía nacional asociada al capital internacional.
La tragedia de esta orientación es que ni siquiera garantiza la supervivencia de la propia burocracia. La historia reciente de Venezuela ofrece una advertencia brutal. El razonamiento de que “no hay otro camino” que negociar, flexibilizar, abrir, conceder y adaptarse a las exigencias del capital mundial es el mismo que condujo al régimen de Delcy Rodríguez a transformarse en un protectorado norteamericano. Bajo la presión de las sanciones, de la crisis fiscal y de la descomposición del aparato estatal, la salida no fue la movilización independiente de los trabajadores, sino la entrega progresiva de los recursos estratégicos, la normalización subordinada con Washington y la apertura de sectores claves a las petroleras y al capital extranjero. El resultado no fue soberanía, sino tutela.
Ese es el abismo que se abre también ante Cuba. El imperialismo no se conformará con una apertura controlada, ni con una restauración administrada por la vieja burocracia. Querrá la derrota política de la revolución, la humillación histórica de su memoria, la apropiación directa de sus recursos, la liquidación de sus conquistas sociales y la transformación de la isla en una plataforma subordinada al capital norteamericano y a la burguesía gusana de Miami. La burocracia imagina que puede administrar la restauración desde arriba. El imperialismo sabe que toda restauración capitalista exige, tarde o temprano, disciplinar a la clase trabajadora y destruir los restos de independencia nacional que la revolución conquistó.
Por eso la defensa de Cuba no puede confundirse con la defensa de la burocracia. La revolución cubana no pertenece a Díaz-Canel, ni al aparato estatal, ni a los administradores que hoy buscan salvarse incorporando las reglas del capital. Pertenece a los trabajadores cubanos, a los campesinos pobres, a la juventud, a las mujeres, a los médicos, a los maestros, a los obreros que durante décadas sostuvieron, bajo condiciones heroicas, las conquistas de salud, educación, soberanía nacional y dignidad antiimperialista. La defensa de esas conquistas exige una revolución política: desplazar a la burocracia restauracionista y devolver el poder efectivo a los trabajadores organizados.
La tarea no consiste en oponer al giro capitalista una nostalgia vacía. No se trata de idealizar mecánicamente el pasado ni de negar las deformaciones burocráticas que ahogaron la democracia obrera, paralizaron la iniciativa de las masas y redujeron la planificación a una administración vertical. Precisamente porque esas deformaciones prepararon el terreno de la restauración, la salida no puede ser conservarlas. La salida es una planificación democrática, apoyada en comités obreros y populares, en el control social de la producción, en la reapertura de la deliberación política revolucionaria, en la reorganización de la economía según las necesidades de la población y no según la rentabilidad de los nuevos propietarios.
El gran mérito histórico de la revolución cubana fue demostrar que el imperialismo podía ser derrotado en América Latina. En una isla pequeña, sometida a la presión permanente de la mayor potencia capitalista del planeta, un pueblo expropiado de todo poder por la dictadura de Batista logró derribar el viejo régimen, realizar una reforma agraria, nacionalizar la gran propiedad, enfrentar la invasión mercenaria, alfabetizar a millones y construir un sistema de salud y educación que se transformó en referencia mundial. Esa herencia no puede ser entregada en nombre del realismo económico. El realismo de los burócratas es siempre la forma ideológica de su rendición.
La defensa de Cuba debe volver al terreno en que nació: la movilización popular y el protagonismo obrero. No hay defensa de la revolución cubana sin combate frontal contra el bloqueo norteamericano. Pero tampoco hay defensa de la revolución cubana si se acepta que el único modo de resistir el bloqueo es restaurar el capitalismo. La alternativa no es entre hambre y mercado, entre aislamiento y entrega, entre bloqueo y privatización. La alternativa es entre una salida burocrática, que conduce a la restauración capitalista, y una salida obrera, que reorganice la economía sobre la base de la propiedad social, la democracia de los trabajadores y la solidaridad internacional.
Esa tarea no puede limitarse a Cuba. La revolución cubana fue siempre un acontecimiento latinoamericano y mundial. Su destino nunca dependió únicamente de la correlación de fuerzas interna en la isla, sino de la lucha de clases internacional. La derrota del imperialismo en Cuba fue posible porque coincidió con una época de ascenso revolucionario mundial. Su defensa actual exige reconstruir ese horizonte: que los trabajadores de América Latina, de Estados Unidos, de Europa y del mundo asuman que la lucha contra la restauración capitalista en Cuba es parte inseparable de la lucha contra la guerra, contra las sanciones, contra el saqueo imperialista y contra los gobiernos que actúan como agentes locales de esa ofensiva.
En Chile, la solidaridad con Cuba no puede reducirse a manifestaciones testimoniales, aunque ellas sean necesarias y valiosas. Lo fundamental es enfrentar al principal representante local de los intereses imperialistas y de la contrarrevolución: el gobierno de José Antonio Kast. Su programa de orden, autoridad, persecución de la protesta social, ataque a los derechos laborales y subordinación estratégica al imperialismo lo ubica como un eslabón directo de la ofensiva continental contra los pueblos. Defender Cuba en Chile significa enfrentar al gobierno de Kast, desenmascarar su papel como punta de lanza de la reacción y organizar a la clase trabajadora contra su política de guerra social.
La revolución cubana no será defendida por la diplomacia de los gobiernos progresistas, ni por las declaraciones rituales de solidaridad, ni por los equilibrios de una burocracia que busca pactar su lugar en el nuevo orden capitalista. Será defendida por la acción independiente de la clase obrera. Esa es la lección de Lenin, de la revolución rusa y de la propia revolución cubana. Cuando las masas irrumpen como sujeto histórico, la historia se abre. Cuando son sustituidas por aparatos, la contrarrevolución encuentra su camino.
Cuba aún concentra una memoria viva de dignidad antiimperialista. Esa memoria no puede ser convertida en mercancía ni administrada como patrimonio de una casta. Debe transformarse nuevamente en fuerza social organizada. La defensa de la revolución cubana exige impedir la restauración capitalista, derrotar el bloqueo imperialista, desplazar a la burocracia que capitula y poner en pie un poder obrero y popular. Solo así la consigna de defensa de Cuba dejará de ser una fórmula sentimental para convertirse otra vez en una estrategia revolucionaria.
Porque Cuba no se salva con capital privado, ni con bancos extranjeros, ni con sociedades por acciones, ni con concesiones al imperialismo. Cuba se salva como nació su revolución: con el pueblo movilizado, con los trabajadores como protagonistas y con la revolución latinoamericana volviendo a ocupar el centro de la escena histórica.