por Gustavo Burgos
El reciente despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela, acompañado de la ilegalización súbita de más de seiscientos mil migrantes venezolanos y del silencio cómplice de los gobiernos progresistas del continente, constituye un episodio decisivo en la ofensiva neocolonizadora que Washington, bajo el liderazgo de Trump, ha lanzado sobre América Latina. Lo que se presenta como una suma de hechos aislados —maniobras militares, decisiones administrativas, presiones diplomáticas— se revela, en una lectura estratégica, como parte de un plan articulado de recolonización hemisférica. En esta nueva fase, el imperio ya no se disfraza de promotor de la democracia ni de guardián de los derechos humanos, como en los tiempos de los recitales de Amnistía Internacional y «el abrazo a la esperanza». Ahora actúa a cara descubierta, desplegando impúdicamente su poder económico y militar en el marco de la disputa global con las fuerzas imperialistas de China y Rusia, en la que nuestro continente se convierte nuevamente en territorio de saqueo y subordinación.
La operación contra Venezuela no es un acto puntual ni improvisado. El New York Times filtró, a inicios de noviembre, tres escenarios de intervención directa —bombardeos selectivos, desembarcos limitados y bloqueo naval total—, confirmados luego por el despliegue de 16.000 soldados en el Caribe oriental bajo el pretexto de maniobras “preventivas”. El manual de invasión norteamericano se repite: antes de Panamá, Irak o Libia, también hubo ejercicios militares de “rutina”. La agresión, sin embargo, no se limita al terreno bélico. La cancelación del Estatus de Protección Temporal para los migrantes venezolanos forma parte del mismo operativo de presión, una forma de castigo colectivo que criminaliza a toda una población para quebrar la resistencia política de su Estado. Los deportados son la extensión humana de la guerra económica: cuerpos desplazados convertidos en instrumentos de coerción.
Pero el cerco sobre Venezuela no se sostiene solo con portaaviones y decretos. Necesita una estructura continental de legitimación, una red de silencios, complicidades y falsas neutralidades. La Organización de Estados Americanos actúa como correa de transmisión del Departamento de Estado, y los gobiernos progresistas del continente —Sheinbaum, Lula, Petro, Boric— adoptan la postura del testigo temeroso, el cómplice que mira hacia otro lado. Ninguno se atreve a denunciar el carácter colonial de esta ofensiva. La “izquierda democrática”, domesticada por el FMI y la lógica del capital financiero, renunció hace tiempo a cualquier noción de soberanía latinoamericana. La geopolítica imperial ya no necesita golpes militares: basta la pasividad del progresismo para consolidar el nuevo orden de tutela.
En este contexto, la intervención electoral norteamericana en Argentina aparece como el complemento financiero y político de la operación militar en el Caribe. Lo que Scott Bennett —operador del Departamento de Estado— dirigió desde Wall Street bajo la etiqueta de “pirotecnia financiera” fue una intervención a plena luz del día: una campaña de terror inflacionario cuidadosamente diseñada para quebrar a la coalición opositora anti-Milei en vísperas de los comicios. La amenaza de una nueva hiperinflación —difundida por medios internacionales y amplificada por los bancos locales— fue la artillería ideológica de un golpe financiero que apuntó a disciplinar a la burguesía argentina y, sobre todo, a los sectores populares que comenzaban a reorganizarse en clave antiimperialista.
El resultado fue posible solo gracias a la colaboración abierta del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner. Su silencio ante la intervención extranjera y su rol de garante de la “estabilidad institucional” sirvieron de cobertura a la ofensiva de Bennett y del capital financiero internacional. El kirchnerismo, que alguna vez se presentó como el rostro amable del antiimperialismo, terminó cumpliendo el papel de policía de la recolonización. En nombre del “realismo político”, entregó la soberanía económica y permitió que el miedo —no la convicción— definiera la voluntad popular.
Así, mientras en el Atlántico los destructores norteamericanos apuntan sus radares hacia Caracas, en el Río de la Plata las operaciones financieras disciplinan a una clase dirigente incapaz de romper con el capital extranjero. Son las dos pinzas de una misma maniobra imperial: el fuego y la deuda. La militarización del Caribe y la manipulación económica del Cono Sur son los instrumentos complementarios del nuevo colonialismo del siglo XXI, en el que los pueblos latinoamericanos son reducidos a meros objetos de administración geoestratégica.
Frente a esta embestida, la respuesta pusilánime de los gobiernos progresistas resulta patética. Lula y Petro, atrapados en su discurso de “gobernabilidad democrática”, se abstienen temblorosos de cualquier gesto de confrontación con Washington. Boric, convertido en portavoz símbolo del progresismo neoliberal, repite los clichés de la OEA y legitima el cerco al gobierno bolivariano en nombre de los “derechos humanos”. Sheinbaum, en México, se limita a pronunciar declaraciones tibias que no comprometen los intereses de la Casa Blanca. La vieja consigna bolivariana de la Patria Grande ha sido reemplazada por una diplomacia de gestos vacíos y sumisión silenciosa.
Venezuela, representa en este cuadro el último baluarte de un modelo de resistencia frente al “Gran Reajuste” que impulsa el imperialismo. Su desafío no es solo militar, sino histórico: sostener la soberanía nacional en un continente colonizado desde dentro, donde las élites progresistas y conservadoras se alternan en la administración del vasallaje. El despliegue de tropas frente a sus costas, el chantaje migratorio y la manipulación económica en Argentina son capítulos de un mismo relato: el retorno descarnado del imperialismo como forma natural del capitalismo en crisis.
Lo que se juega en Caracas, Buenos Aires y Washington no es la suerte de un gobierno ni de un ciclo electoral. Es la disputa por el destino político de América Latina. Si el siglo XXI comenzó con la promesa de una autonomía regional —con Chávez, Lula y Kirchner en sus primeros mandatos—, hoy se asoma al precipicio de una nueva servidumbre colonial, en la que la subordinación ya no se impone con marines, sino con consensos vacíos y miedo financiero.
La historia, sin embargo, no está cerrada: la clase trabajadora latinoamericana ha demostrado una y otra vez que su paciencia no es infinita. El imperio puede rodear, amenazar y castigar, pero no puede borrar la memoria de la resistencia. Y es allí, en esa memoria viva de los pueblos, donde sigue latiendo la promesa de una verdadera independencia continental, la que nace de la insurgencia obrera acaudillando a la mayoría nacional. Porque es este el terreno —el de la lucha de clases— en que se dirimirá el conflicto de América Latina con el imperialismo norteamericano, no hay portaviones chino ni avión ruso que pueda reemplazar a los trabajadores en los combates inevitables que se asoman en el horizonte.
Fuentes consultadas
– The New York Times, “Trump Administration Weighs Three Military Options for Venezuela”, 2 de noviembre de 2025.
– Reuters, “US to Escalate Military Presence in South America with Aircraft Carrier Group”, 24 de octubre de 2025.
– The Washington Post, “The US Just Bailed Out Argentina, Treasury Secretary Confirms”, 9 de octubre de 2025.
– Página/12, “El miedo a la hiperinflación y la mano de Washington en la elección argentina”, 28 de octubre de 2025.
– Telesur, “Venezuela denuncia ante la ONU maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe”, 7 de noviembre de 2025.