por Gustavo Burgos
Como ocurre con todo acto ceremonial los mensajes hemos de encontrarlos más que en los textos, en los símbolos, más que en aquello que se dice, en aquello que se sugiere. El traspaso del mando Piñera-Boric —por lo mismo— debe ser apreciado como una expresión concentrada de la gran operación política que le precede. Los gestos de amistad cívica, de completa pacificación y unidad expresan más que cualquier otra cosa la sostenida voluntad de la burguesía chilena de sepultar el levantamiento revolucionario de 2019 y reconstruir el régimen valiéndose del operativo constitucional. Pero las voluntades políticas, por mucha claridad que tengan sus impulsores, rara vez se materializan según los designios de sus ideólogos y logran expresarse siempre en concreto, como lucha de clases. Por eso afirmamos —como primera cuestión— que el movimiento que lleva a Boric a La Moneda ha perdido el vigor que tuvo su punto máximo al vencer en segunda vuelta. En efecto, lo que vimos hoy fue un disperso e inorgánico carnaval cuyo volumen fue sensiblemente inferior al multitudinario acto del triunfo del 19 de diciembre, al punto que el acto en Parque Almagro que estaba armado y con calle Bandera despejada, simplemente no se efectuó por baja asistencia. En la vereda de clase opuesta, la resistencia al operativo de transición, que se concreta en la lucha por la libertad de los presos políticos se encuentra dibujado como un movimiento fragmentario y radical. Quienes reclamamos la libertad de los presos políticos lo hacemos en el entendido que este reclamo democrático se proyecta como lucha en contra del Acuerdo por la Paz, pero lo hacemos en un entorno organizativo absolutamente fragmentado.
El resultado de este conflicto recién insinuado se manifiesta en que en la realidad no ha emergido nada nuevo. La continuidad del régimen es tal que en estos momentos —la noche del 11 de marzo en que se instala el novísimo gobierno ciudadano— la represión se enseñorea en las ciudades de Chile con las mismas prácticas bestiales del piñerismo: guanacos, lacrimógenas y apaleados por doquier. Esta acción represiva es el resultado necesario de la política institucionalizada, «republicana» como gustan decir.
En este punto creemos necesario detenernos —ahora sí— en el texto del primer discurso presidencial. Haremos a un lado el manierismo posmoderno expresado en las incontables alusiones a la multiplicidad de conflictos sociales (medio ambiente, minorías, mujeres, pueblos originarios, etc) y la reiterativa convocatoria a resolver tales conflictos con unidad nacional. Haremos igualmente a un lado la conservadora reivindicación de Boric dirigida a los próceres del progresismo y particularmente de la Concertación, una retahíla que comienza en Balmaceda, se detiene en Aguirre Cerda, Allende, Aylwin para terminar en Bachelet. Si nos abstraemos de estos campos conceptuales, la única alusión al proceso histórico que lleva a Boric a La Moneda lo constituye su «respuesta» al problema de los presos políticos. En efecto, luego de sortear con deseos, abstracciones y convocatorias a la unidad todos los problemas de los que se hará cargo su gobierno, al referirse a los presos políticos vuelve a repetir algo que indicó en su discurso de triunfo de diciembre: que este problema se resuelve con las familias de los presos, añadiendo algo que trascendió tan solo ayer: que la solución al problema se hará efectiva mediante el retiro de 139 querellas deducidas por el gobierno de Piñera invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Expresado en términos positivos, de resultado, esto significa que ningún preso político será liberado del accionar de la justicia, del momento que casi la totalidad de los presos están encarcelados por delitos comunes, por orden de los tribunales y a requerimiento del Ministerio Público, a quienes no los beneficiará sino eventualmente el accionar de Boric.
Esta acción de pirotecnia, completamente ineficaz frente al problema, es consecuencia de otra cuestión de fondo: la negativa de Boric a hacer uso de su facultad constitucional de indultar particularizadamente a los presos políticos. En efecto, si Boric lo quisiera podría liberar este lunes a los presos políticos sin que deba esperar debate legislativo ni aún de la Convención Constitucional. Si los presos hoy siguen encarcelados, causa eficiente, es porque Boric lo considera necesario para la preservación de los intereses del régimen y del gran capital. La libertad de los compañeros presos políticos es, en definitiva, una amenaza para los intereses generales de clase que cautela el flamante nuevo Presidente de la República. Tal cuestión se corrobora por el tono mercantil del comunicado de ayer. En el mismo se anuncian acciones reparatorias a las víctimas de violaciones a los DDHH e incomprensiblemente, en el mismo texto se indica que también se adoptarán acciones de reparación para los pequeños empresarios que vieron afectados sus negocios como resultado de las protestas del Octubre chileno. Tan sensible comunicado se hace cargo del reclamo de la Derecha, para la cual la afectación de la propiedad tiene la envergadura de un acto de lesa humanidad.
La fragmentación organizativa, la confusión política y el evidente repliegue de las masas son consecuencia directa de la derrota política sufrida por el movimiento de masas en el proceso eleccionario. En efecto, la vergonzosa política de la izquierda «octubrista» de apoyar a Boric para conjurar la supuesta amenaza fascista de Kast, tuvo como resultado el reflujo que vivimos hoy. Esta cuestión debe ponerse al tapete para hacer un balance correcto de la experiencia vivida y muy especialmente de la dinámica del proceso que enfrentamos. NUNCA, jamás, en ningún evento histórico los trabajadores podrán ver defendidos sus intereses siguiendo la política de los patrones. El Gobierno de Boric —no ahondaremos en la materia— es un gobierno patronal en plena forma, de unidad nacional, protector del gran capital y alineado estrictamente con las exigencias del imperailismo. La edad, el pokemón azul, el tatuaje, la chofer del Galaxy son meros artilugios publicitarios, así deben ser considerados y de esta forma han de ser presentados a los trabajadores, sin ninguna expectativa respecto del papel que pueda jugar el Gobierno o la Convención Constitucional. Las cosas tal cual son. Si vienen o no treinta años más de transición, dependerá de la capacidad que tenga el activismo y la vanguardia de confluir hacia una nueva dirección revolucionaria, obrera y socialista y de disputar al boricismo la autoridad política para dar respuesta a la crisis económica y social que se extiende frente a nuestros pies. Por ahora, la lucha por la libertad de los presos políticos, inmediata e incondicional es la orden del día.
Paola Dragnic, 11 de marzo de 2022, La Moneda.