por Gustavo Burgos
Las versiones que circulan sobre un inminente anuncio de guerra contra Venezuela —con un discurso presidencial anunciado para dentro de dos horas— no pueden analizarse como un simple preludio de una intervención militar convencional al estilo clásico. Por el contrario, lo que se observa es una escalada de presión que confirma, precisamente, la imposibilidad estructural de Estados Unidos para sostener una guerra de invasión directa en un país como Venezuela sin provocar una desestabilización regional de consecuencias incalculables. La amenaza retórica y el despliegue intimidatorio operan más como sustitutos de una capacidad bélica en decadencia que como la antesala real de una campaña militar exitosa.
Desde Vietnam en adelante, el poder militar estadounidense ha mostrado una tendencia persistente al fracaso estratégico. Vietnam marcó el límite histórico de la guerra industrial prolongada: superioridad tecnológica aplastante, derrota política y militar. Afganistán reprodujo el patrón durante veinte años, culminando en una retirada caótica que evidenció la incapacidad de Washington para imponer un orden estable incluso frente a un enemigo irregular. Irak, presentado como demostración de fuerza total, derivó en un Estado fallido, millones de muertos y una región incendiada cuya inestabilidad persiste hasta hoy. A ello se suma el caso israelí —sostenido material y políticamente por Estados Unidos— donde la superioridad militar no se traduce en control político duradero, sino en ciclos permanentes de violencia que desgastan la legitimidad internacional y profundizan el aislamiento estratégico. El denominador común de estas experiencias no es la falta de armas, sino la imposibilidad de convertir la fuerza militar en dominación política efectiva.
En este marco, pensar una intervención convencional contra Venezuela supone desconocer tanto la escala del país como su densidad social, territorial y geopolítica. Venezuela no es Panamá. No se trata de una operación quirúrgica contra un régimen aislado, con escasa población y sin profundidad estratégica. Venezuela posee una extensión continental, una población de más de treinta millones de habitantes, fronteras activas con Colombia y Brasil, salida al Caribe, vínculos políticos y económicos con potencias extrahemisféricas y una centralidad energética que la convierte en un nodo regional. Una invasión directa implicaría, por definición, la desestabilización de toda América del Norte de Sudamérica y del Caribe, arrastrando a gobiernos, economías y flujos migratorios en una dinámica imposible de controlar incluso para quien la iniciara.
Lo que se presenta como “conflicto” ya existe, pero bajo formas no convencionales. El despliegue militar intensificado en el Caribe, los ataques letales contra embarcaciones señaladas sin pruebas públicas como ligadas al narcotráfico, el bloqueo aéreo de facto al declarar inseguro el espacio aéreo venezolano, y el cerco petrolero mediante sanciones, incautaciones y persecución de buques, constituyen actos de guerra en sentido pleno según el derecho internacional. No hay aquí una antesala de la guerra: hay una guerra administrada por otros medios. La diferencia es que estos instrumentos permiten a Estados Unidos ejercer presión sin asumir los costos políticos, humanos y militares de una invasión abierta que no está en condiciones de ganar.
La dominación estadounidense, en este punto histórico, no descansa prioritariamente en su capacidad militar directa, sino en su capacidad de gestión política del sistema internacional: sanciones financieras, control de flujos comerciales, disciplinamiento diplomático, captura de instituciones multilaterales y subordinación de élites locales. Esa es su verdadera fortaleza. Cuando esta gestión falla —como ocurre crecientemente en América Latina— la respuesta no es la guerra clásica, sino la intensificación del asedio económico y simbólico, acompañada de demostraciones de fuerza que buscan disuadir más que conquistar.
El cerco a Venezuela debe leerse, en este sentido, menos como una necesidad material inmediata de invadir su territorio y más como una operación de reafirmación hegemónica en un continente donde la influencia estadounidense ya no es indiscutida. China aparece en el horizonte como el verdadero adversario estratégico, y América Latina como un espacio que Washington considera históricamente propio, no por razones coyunturales, sino por una cosmovisión arraigada desde su fundación. La retórica de seguridad nacional, democracia, derechos humanos o narcotráfico funciona como lenguaje legitimador de una política más profunda: impedir que el continente se articule de manera autónoma y que potencias rivales consoliden presencia estructural en la región.
Cada vez que la Casa Blanca formula documentos estratégicos sobre seguridad nacional, se repite un mismo patrón: se habla de paz mientras se anuncia guerra, se invoca estabilidad mientras se normaliza la coerción, y se naturaliza la idea de que Estados Unidos posee un derecho histórico a intervenir allí donde considere amenazados sus intereses. No se trata de un desvío personal ni de un arrebato coyuntural de un presidente en particular, sino de una continuidad ideológica que atraviesa toda la historia estadounidense. Desde sus orígenes, la expansión territorial, la intervención externa y la imposición de su modelo han sido justificadas como mandato providencial, como destino histórico ineludible, como misión civilizatoria.
Esta concepción ha legitimado la conquista del oeste, las intervenciones en América Latina, el apoyo a dictaduras, los golpes de Estado, las guerras abiertas y encubiertas, y el uso sistemático de la violencia económica como arma política. Cuando la coerción “blanda” funciona —sobornos, presiones, compra de voluntades políticas y judiciales— se presenta como diplomacia. Cuando falla, se recurre al garrote. Pero incluso el garrote ha perdido eficacia en su forma clásica. Hiroshima y Nagasaki, Vietnam, República Dominicana, Granada, Panamá, Afganistán, Irak, Libia y Siria no son hitos de fortaleza incontestable, sino capítulos de una historia de destrucción sin consolidación duradera.
Por eso, una intervención militar convencional contra Venezuela no es solo improbable: es estratégicamente irracional desde el punto de vista de la propia dominación estadounidense. El costo regional, la imposibilidad de control territorial, la reacción de actores globales y el desgaste interno harían de esa opción un acelerador de la crisis hegemónica, no una solución. El asedio actual, brutal pero indirecto, expresa mejor que cualquier discurso la realidad del momento: un poder que ya no puede imponer por la fuerza lo que antes lograba por combinación de violencia y consenso, y que por ello redobla la amenaza simbólica mientras administra una guerra de desgaste.
Si el anuncio que se espera confirma la retórica bélica, no estará inaugurando un conflicto nuevo, sino reconociendo públicamente uno que ya existe y que revela, en su forma misma, los límites históricos del poder estadounidense. La guerra global está en marcha, sí, pero no como demostración de omnipotencia, sino como síntoma de una hegemonía que necesita gritar su fuerza porque ya no puede ejercerla sin resistencia. En ese horizonte, Venezuela no es el fin último, sino un escenario donde se juega algo mayor: la disputa por el orden mundial en un tiempo en que el viejo mito del destino manifiesto choca, una y otra vez, con la realidad de su propio agotamiento.