por Alejandro Valenzuela Torres
En una entrevista de ya algunos años concedida a El País, Thomas Piketty —autor de El capital en el siglo XXI y Capital e ideología— vuelve a advertir que “estamos en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa”. El diagnóstico parece audaz: privilegios fiscales, concentración de riqueza, crisis de deuda, tensiones entre norte y sur. Sin embargo, su conclusión no es la expropiación del capital sino su reordenamiento tributario. No la abolición de la propiedad privada de los grandes medios de producción, sino un capitalismo “participativo” más civilizado. El tiempo no ha hecho más que evidenciar las feroces limitaciones de la crítica pequeñoburguesa al orden capitalista.
La analogía histórica que propone el economista francés es sugerente, pero su horizonte político es estrictamente reformista. Para Piketty, el problema central no es el capitalismo como modo de producción, sino el exceso de desigualdad dentro de él. El conflicto no es entre capital y trabajo, sino entre privilegios fiscales y justicia distributiva. La revolución queda reducida a una reforma tributaria global.
Piketty afirma que la prosperidad moderna se logró “atemperando el capitalismo del siglo XIX” mediante una economía socialdemócrata y propone continuar ese proceso hacia un “socialismo participativo, democrático y federal”. Desde un punto de vista marxista, esta formulación invierte la relación real: no fue la buena voluntad reformista la que contuvo al capital, sino la lucha de clases —insurrecciones, huelgas generales, revoluciones y amenazas revolucionarias— lo que arrancó concesiones al Estado burgués. El Estado social europeo no fue una evolución pacífica del mercado, sino el resultado del miedo de la burguesía ante la expansión del movimiento obrero, la Revolución Rusa y la correlación de fuerzas surgida tras 1945. Piketty menciona 1945 y 1968 como “revoluciones”, pero omite que esos procesos pusieron en cuestión la propiedad capitalista, no solo la progresividad fiscal.
Al presentar la historia como una “marcha hacia la igualdad”, el economista sustituye la contradicción estructural del capital —la explotación del trabajo asalariado— por una narrativa ilustrada del progreso moral. El capital aparece como neutral; lo negativo sería apenas su desregulación excesiva.
En la entrevista, Piketty ofrece cifras contundentes: el 10% más rico posee más del 50% del patrimonio en países como Francia o España. Sin embargo, el problema es formulado en términos de eficiencia y justicia distributiva, no de apropiación de plusvalía. Para Marx, la desigualdad no es un accidente del sistema sino su condición estructural. El capital no concentra riqueza porque los ricos no paguen suficientes impuestos, sino porque el trabajo produce más valor del que recibe en salario. La propiedad privada de los medios de producción garantiza esa apropiación.
Cuando Piketty plantea que basta con gravar las grandes fortunas y redistribuir una fracción de sus beneficios, presupone que la explotación puede continuar siempre que sea menos escandalosa. El capital seguiría organizando la producción, dirigiendo la inversión, determinando el empleo y subordinando al trabajo, pero pagando una tasa mayor. La diferencia es crucial: para el marxismo, el problema no es cuánto pagan los ricos, sino por qué existen como clase propietaria de la riqueza social.
Piketty critica con razón el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y señala su sesgo favorable al norte global. También reconoce que “no hay países ricos sin países pobres”, una afirmación que roza la teoría del imperialismo. Pero su propuesta vuelve a ser redistributiva: tomar “una pequeña fracción” de las ganancias globales y repartirla proporcionalmente. Aquí se revela el límite estructural del planteamiento. El imperialismo no es simplemente un problema de mala distribución fiscal, sino una relación de dominación entre capitales centrales y periferias subordinadas, sostenida por el control financiero, militar y tecnológico. No se corrige con una agencia tributaria mundial; se reproduce a través de la competencia intercapitalista y la lógica de acumulación global.
Piketty reconoce que el cambio histórico se produce mediante relaciones de fuerza y que las transformaciones implican rupturas institucionales. Sin embargo, su horizonte es siempre la reconfiguración legal del capitalismo, no su superación.
La comparación con 1789 es el momento más audaz de la entrevista. Piketty sugiere que la incapacidad de hacer pagar a las clases privilegiadas conduce a una crisis política como la que terminó con la nobleza francesa. Pero la Revolución Francesa no fue un ajuste fiscal; fue el ascenso de una nueva clase propietaria que destruyó el orden feudal y consolidó la propiedad burguesa. Si la analogía se lleva hasta el final, la crisis actual no anticipa una reforma progresiva del impuesto a las grandes fortunas, sino una confrontación abierta por la propiedad y el poder. La deuda pública, como señala, expresa la negativa del capital a financiar al Estado. Pero el Estado mismo es un instrumento de la dominación de clase. Sin ruptura con esa estructura, la reforma se agota en negociación.
Cuando el economista concluye: “He elegido escribir libros, no ser guerrillero”, revela la frontera de su proyecto. La política queda confinada al terreno de la persuasión intelectual y la arquitectura institucional. La lucha de clases aparece como presión moral, no como antagonismo irreconciliable.
La importancia de Piketty no radica en su radicalidad, sino en que expresa el ala ilustrada del reformismo contemporáneo. Su discurso intenta salvar al capitalismo de sus propias tendencias destructivas mediante un federalismo fiscal progresivo. En un contexto de ascenso de nacionalismos y crisis del orden liberal, representa el esfuerzo por recomponer la legitimidad del sistema.
Desde una perspectiva marxista, esta posición es históricamente comprensible: cuando la acumulación se vuelve explosiva y la desigualdad amenaza la estabilidad política, sectores de la intelligentsia proponen redistribución para evitar la ruptura revolucionaria. Pero el problema no es solo la desigualdad extrema; es la subordinación de la vida social a la valorización del capital. Mientras la producción esté orientada al beneficio privado y no a la satisfacción de necesidades sociales, la crisis reaparecerá bajo nuevas formas.
La advertencia de Piketty —que el sistema puede “estallarnos en la cara”— es certera. Lo que no asume es que el estallido no se resuelve con un nuevo pacto fiscal, sino con una transformación radical de las relaciones de propiedad y del poder estatal. La historia no avanza por la reformas tributarias, sino por la lucha de clases. Y esa dimensión, en el diagnóstico del economista francés, aparece siempre como una sombra que se menciona, pero que no se nombra.