por Valeria Menéndez
En medio de multitudinarias protestas obreras, el Senado argentino otorgó media sanción a la llamada “Ley de Modernización Laboral” no fue una sesión más: fue la expresión concentrada de un pacto de régimen contra la clase trabajadora. Patricia Bullrich dejó en claro que el proyecto “es el que queda, sin cambios”, anticipando que su paso por Diputados será un mero trámite. El bloque libertario, el PRO, la UCR y sectores provinciales —desde el capital minero hasta el “neuquinismo” de Vaca Muerta— sellaron un acuerdo que configura la ofensiva antiobrera más profunda desde la dictadura.
Pero la fotografía no estaría completa sin mencionar a la burocracia sindical. En la trastienda, la CGT negoció el sostenimiento transitorio de sus “aportes voluntarios” y el 6% para las obras sociales, mientras se incorporaban nuevas cláusulas regresivas: descuentos salariales en licencias por accidentes o enfermedades —que pasarán a pagarse al 50% o 75%— y la designación patronal de médicos y juntas médicas. Es el clásico “toma y daca”: la caja sindical a salvo, los derechos obreros a la hoguera.
Un retroceso al siglo XIX
La reforma liquida pilares históricos del derecho laboral. El fondo de cese laboral sustituye la indemnización por años de servicio, transformando el despido en un costo previsionalizado y prácticamente neutro para el empleador. Se habilita la extensión de la jornada hasta 12 horas mediante bancos de horas. Se reducen aportes patronales a la seguridad social y a las obras sociales. Se restringe el derecho de huelga ampliando la noción de “servicios esenciales” hasta vaciarla de contenido.
El objetivo no es crear empleo sino aumentar la tasa de explotación: más tiempo de trabajo, menor salario indirecto, mayor disciplinamiento colectivo. Se trata de reinstalar la ficción liberal de la “igualdad contractual” entre quien posee el capital y quien sólo tiene su fuerza de trabajo. La libertad patronal se expande; la libertad obrera se contrae.
La eliminación o mutilación de la indemnización, la posibilidad de jornadas extendidas y la rebaja de licencias médicas constituyen un regreso abierto a las condiciones del siglo XIX, anteriores incluso a muchas de las conquistas consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. No es una modernización: es una contrarrevolución llevada al plano jurídico.
El peronismo y la “oposición responsable”
El peronismo kirchnerista tampoco queda fuera del cuadro. Durante años habló de “actualización laboral”, la misma muletilla utilizada por el gobierno. En el debate, muchos de sus senadores se limitaron a señalar que la reforma “no crea empleo”, eludiendo la cuestión central: el derecho laboral es una conquista histórica destinada a limitar la explotación. Ninguno defendió el carácter tuitivo del derecho del trabajo como expresión de luchas obreras.
La media sanción fue celebrada por los mercados con alzas en bonos y acciones, porque el proyecto incluye un Fondo de Asistencia Laboral financiado con recursos previsionales desviados del ANSES. El capital financiero entiende perfectamente de qué se trata: una transferencia masiva desde el trabajo hacia el capital, acompañada de la futura reforma jubilatoria.
Estamos ante una coalición integral del régimen: libertarios, derecha tradicional, sectores del peronismo y burocracia sindical. Todos convergen en la necesidad de disciplinar a la clase trabajadora para hacer viable un programa de ajuste estructural.
Un anticipo de lo que prepara Kast
Lo que ocurre en Argentina no es un fenómeno aislado. Es un laboratorio regional. La eliminación de la indemnización, la flexibilización de la jornada, la neutralización del derecho de huelga y el vaciamiento del sistema previsional anticipan con nitidez lo que intentará implementar José Antonio Kast desde La Moneda, con el acompañamiento “constructivo” de las fuerzas políticas hoy en el gobierno.
El guion es el mismo: invocar la crisis, el estancamiento y la falta de inversiones para justificar una reforma que subordina totalmente el trabajo al capital. Se promete libertad; se impone despotismo patronal. Se habla de modernización; se reinstala la precariedad estructural.
Solidaridad activa e internacionalista
La ofensiva es internacional. El capital chantajea con la “huelga de inversiones”, con la relocalización productiva y la apertura comercial como herramienta disciplinadora. Frente a ello, la respuesta no puede ser nacional y aislada. Como recordaba la vieja Asociación Internacional de los Trabajadores, la emancipación del trabajo no es un problema local sino social e internacional.
La clase trabajadora argentina enfrenta hoy un ataque histórico. Su derrota sería utilizada como precedente en toda la región. Por eso es imprescindible expresar solidaridad activa con nuestros hermanos clase en Argentina: organizar asambleas, impulsar pronunciamientos sindicales, coordinar movilizaciones y levantar un programa que unifique la defensa inmediata de las conquistas con una perspectiva socialista.
Los derechos no son concesiones; son producto de luchas. Y sólo la organización y la movilización pueden impedir que esta contrarreforma —votada entre gallos y medianoche— consolide un nuevo régimen de superexplotación.
La solidaridad no es un gesto moral: es una necesidad histórica y hemos de hacerlo valer en las calles.