por Osvaldo Costa //
(PST – Cuarta Internacional)
El domingo 24 de julio un millón de personas en todo chile salieron a las calles a gritar lo que ya todo el mundo decía en voz baja; No más AFP. Es el comienzo del fin de uno de los pilares del modelo neoliberal adoptado por Pinochet y celosamente defendido por el gobierno de la Nueva Mayoría.
El sistema de AFP en aplicación en Chile es, estrictamente hablando, un sistema privado de ahorro forzoso. Diseñado como un traje a medida de los intereses de los grupos económicos emergentes. Se trata de un sistema que transfiere una masa colosal de capital en forma regular al sistema financiero, y, colateralmente entregar una fracción de lo recaudado a los trabajadores al fin de su vida productiva. Los montos recaudados –Aproximadamente 500.000 millones de pesos mensuales- van a un fondo de inversiones, de este fondo pagan 200.000 millones de pesos en pensiones. Quedan 300.000 millones de pesos la mitad del esto, por concepto de las pensiones vitalicias van a los administradores, compañías de seguros fundamentalmente, el resto se entrega a los grupos financieros, que son ellos mismos, propietarios de las AFP. A esta ingente masa de recursos hay que agregar que el fisco les transfiere anualmente 2 billones de pesos anualmente. Y esto ocurre desde que se inició el sistema y quieren seguirlo haciendo.
Pero esto no es todo, esa masa ingente de capital se entrega al sistema financiero a una tasa del 4% anual, para que desarrolle sus negocios, que son esencialmente rentísticos. Por ejemplo para que se la preste a los propios trabajadores a tasas promedio de un 40% anual.
Esto de ninguna manera puede ser considerado un sistema de seguridad social. Es prácticamente imposible que en algún lugar mínimamente democrático se pueda implementar un sistema similar, por ello se hizo en dictadura. Como mecanismo de transferencia de recursos al sistema financiero el sistema es todo un éxito, como sistema de pensiones un desastre.
En el año 81 Pinochet presionado por su entorno de economistas encabezados por José Piñera -hermano mayor de Sebastián Piñera- da el vamos al sistema de capitalización individual del sistema de pensiones promulgando el Decreto Ley 3.500. La propuesta fue severamente resistida por la plana mayor del ejército, lo que se dirimió dejando en el antiguo sistema a las FFAA y carabineros.
El origen de la movilización
El sistema de reparto individual encontró resistencia prácticamente desde su instalación. Trabajadores, dirigentes sindicales y economistas se opusieron, bajo la dictadura, esta oposición fue silenciada. Al retorno de la “democracia”, este problema como tantos otros, fue primero dilatado y posteriormente, a medida que las cúpulas de la Concertación se entrelazaban más firmemente con la burguesía local y el imperialismo, el sistema de AFP se consolida como uno de los pilares del modelo neoliberal.
Fue bajo los gobiernos de la concertación que se realizaron algunas de las modificaciones más relevantes para la cada vez más exigente burguesía financiera, el sector más poderoso del país. El año 99 –bajo el gobierno de Eduardo Frei- se crea el surrealista concepto de rentabilidad negativa, y el año 2002 –bajo el gobierno de la “socialista” Michelle Bachelet- es cuando se crean los multifondos. El objetivo, trasladar el riesgo de las AFP a los trabajadores, que al poder cambiarse de fondo asumen en solitario el riesgo de la pérdida de rentabilidad.
Para paliar el desastre, y evitar que las masas entraran a escena, la misma Bachelet crea el 2008, el pilar solidario, que significa que el estado aporta en las pensiones de los sectores más pobres. Una pensión básica mínima de $93 mil para las personas que nunca han cotizado, y un aporte para aquellos que sacan una pensión menor a los $ 300 mil.
Llegamos así a la crítica situación actual que no da para más; según cifras de la superintendencia de pensiones un 78% de las pensiones es de $ 150.000, por debajo del salario mínimo, un 44% de las pensiones se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.
Las premisas con las que se propagandizó el sistema resultaron completamente falsas. Se planteó que tendría una tasa de reemplazo de 70% (el trabajador obtendría al fin de su vida laboral un 70% de su último salario). El estado no tendría que invertir recursos públicos en el sistema previsional. Actualmente la tasa de reemplazo es de un 30% y se espera que sea menor. Un 60% de las pensiones se pagan con recursos del estado, el 75% de los trabajadores que recibe menos de $350.000 está condenado a al pilar solidario, el resto hasta el 85% incluyendo el cada vez menor segmento de los trabajadores que tienen trabajo estable, como los del sector público, gran minería, bancario. Tendrán salarios que no superan el 40% de tasa de reemplazo.
Las cifras, las duras cifras son claras, la densidad de cotizaciones –porcentaje de cotizaciones durante la vida laboral- es de 60% en hombres y 40% en mujeres. De los 9.400.000 trabajadores afiliados a las AFP casi un 47% no impone regularmente por que los empleadores se quedan con las cotizaciones.
En este escenario, a comienzos de julio se comienzan a aplicar las nuevas tablas demográficas que dan cuenta de cambio en las tasas de mortalidad y expectativa de vida. Como las personas viven más años los montos ahorrados deben prorratearse por más tiempo, lo que se tradujo en una disminución instantánea de las jubilaciones en un 2%.
Pero la guinda de la torta la pone –como no- un nuevo escándalo, Myriam Olate, ex esposa del presidente de la cámara, el “socialista” Jorge Andrade, goza de una pensión de 5 millones de pesos mensuales.
Ante este cumulo de eventos, y con la bronca contenida, se desencadena la movilización.
Las Respuestas
El fracaso del sistema de capitalización individual es tan evidente que ni siquiera los dueños de las AFP niegan el hecho. Pero esbozan una defensa desastrosa, plantean que algunos de los problemas centrales de las bajas jubilaciones se originan en los bajísimos salarios, y en la inestabilidad laboral, es decir se originan en el mercado laboral, deslindando su responsabilidad.
El gobierno mantiene su línea habitual ante las demandas de los trabajadores o cualquier sector social, no da ninguna respuesta hasta que el problema se transforma en crisis. Finalmente se apresura las conclusiones de la Comisión Bravo (tercera comisión en los últimos años, destinada a definir alguna solución al problema de las bajas pensiones), las que resultan en un empate técnico, 12 comisionistas proponen reformas cosméticas para mantener el sistema, y 12 proponen volver a un sistema de reparto (divididos en 11 que proponen hacerlo gradualmente y uno que propone hacerlo inmediatamente). Luego le llega el turno a Rodrigo Valdés, ministro de hacienda quien da un portazo planteando que no hay recursos. Finalmente Bachelet firma la ley para formar una AFP estatal, lo que debe pasar por el trámite legislativo, no sin antes advertir lo que todo el mundo sabe, que esa no es la solución para el problema.
Las soluciones
A estas alturas, la inviabilidad de las AFP en su estado actual es un dato de la causa. Y los distintos actores comienzan a plantear las soluciones.
El gobierno de la Nueva Mayoría plantea una AFP estatal, consciente de que no es una solución al problema.
Los representantes de las AFP –representantes de la fracción más fuerte de la burguesía local. Indican una serie de medidas en las que el resto de la sociedad debe contribuir a que ellos no disminuyan sus gigantescas ganancias. Primero extender la edad de la jubilación a 70 años a los hombres y 65 años a las mujeres (el costo lo pagan los trabajadores), segundo “fortalecer” el pilar solidario (otra vez el costo para los trabajadores, esta vez vía impuestos), tercero incrementar los montos de las imposiciones, aquí hay un hecho inédito. Producto de ser el sector burgués dominante, proponen que los empresarios vuelvan a aportar a las cotizaciones de los trabajadores en un 4 o 5%. La fuerza de este sector es tal que hasta ahora ningún sector de la burguesía ha osado cuestionar la propuesta.
Los representantes políticos de la burguesía (Nueva Mayoría y Chile Vamos) conscientes de lo está en juego, no atinan a esbozar ninguna propuesta, a la espera de las decisiones de sus patrones.
Sin embargo hay una solución para esta debacle, volver al viejo sistema de reparto. Donde los trabajadores y los empresarios aporten a la seguridad social y el estado libere los recursos que ahora debe gastar.
En la actualidad, con un sistema de reparto sin aportar nuevos recursos, con la demografía chilena se puede jubilar a 300.000 pensionados que aún no lo han hecho por que obtendrían malas pensiones eso significa aumentar los pensionados por vejez en un 40%. Se pueden duplicar las pensiones actuales, las pensiones se puede reajustar hasta el fin de siglo de acuerdo al índice de sueldos y salarios. Finalmente se podría suspender de inmediato todo el beneficio fiscal al sistema de AFP y sostener esto hasta fin de siglo solo con las cotizaciones.
La grieta del sistema
Los empresarios tienen toda la razón cuando arguyen que una de las causas primordiales de las bajas pensiones son los bajos salarios y la inestabilidad laboral. Sin embargo la solución real para ese problema no se encuentra en ajustes económicos, ni en mejorar los aportes, la solución pasa por terminar con el modelo económico que genera estos bajos salarios y la inestabilidad laboral, y al que hemos estado alimentando con nuestros recursos mensualmente desde hace 46 años. Es a esta conclusión a la que realmente temen los dueños de Chile.