por Alejandro Valenzuela Torres
En los barrios populares de Chile, el narcotráfico no es una excepción ni una «célula criminal» aislada: es parte orgánica de la economía política del capitalismo chileno. En el marco de la descomposición neoliberal, donde el Estado abandona a la clase trabajadora a su suerte y desmantela todo vestigio de protección social, el narco ocupa el lugar del patrón, del prestamista, del proveedor de empleos y del garante del orden. Su poder no se basa solo en las armas, sino también en las condiciones materiales creadas por el propio capitalismo.
Pero más aún: el narcotráfico corrompe estructuralmente al aparato estatal burgués, que no es un árbitro neutral, sino un instrumento al servicio de los intereses dominantes. La policía, los municipios, los partidos tradicionales y hasta sectores del Poder Judicial han sido penetrados —en distintos grados— por redes del narco. No se trata de “manzanas podridas”, sino de una relación orgánica entre crimen y Estado. Como en toda economía criminalizada, el narcotráfico necesita protección institucional para funcionar, y esta le es ofrecida por el mismo aparato que declara su «guerra contra las drogas».
El punitivismo, promovido tanto por la derecha como por sectores progresistas, se vuelve así una farsa reaccionaria: se militarizan las poblaciones, se encarcelan jóvenes pobres, se aplaude la violencia estatal… mientras los verdaderos operadores del negocio —financieros, altos mandos, políticos corruptos— continúan impunes. Esta lógica de “guerra al narco” no tiene otro efecto que reforzar el aparato represivo, criminalizar a la juventud y perpetuar la fragmentación de la clase obrera.
Desde una perspectiva marxista revolucionaria, la lucha contra el narcotráfico no puede ser delegada al Estado burgués —corrompido, infiltrado y enemigo de clase—. La solución tampoco es moralista ni abstencionista. Solo la clase trabajadora, organizada políticamente y con poder territorial, puede extirpar el narco desde abajo, junto con el aparato estatal que lo protege.
Nuestra propuesta es clara:
- Legalización, regulación no mercantil y control social de la producción y consumo de drogas, como parte de un enfoque de salud colectiva y emancipación del cuerpo, no de criminalización.
- Desmantelamiento del aparato represivo actual —Carabineros, PDI, Gendarmería— y su reemplazo por formas de autodefensa obrera y territorial bajo control democrático.
- Investigación popular y tribunales obreros para juzgar y castigar a políticos, policías y empresarios coludidos con el narco.
- Expropiación sin indemnización de bancos y grandes empresas que operan como lavadoras legales del capital criminal.
- Trabajo, salud, educación y cultura socialista como alternativa material y simbólica al narco: porque no se combate el narcotráfico solo con discursos, sino construyendo otro modo de vida.
En resumen, el narcotráfico no es un «enemigo externo»: es una manifestación avanzada del capitalismo en descomposición, protegida por su Estado y sostenida por la miseria estructural. El combate contra él no es policial: es político, de clase, revolucionario. Y solo un poder obrero armado de un programa socialista podrá erradicarlo definitivamente.