por Gustavo Burgos
La Ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega confirmó ayer en televisión algo anticipado por el Subsecretario Monsalve: el Gobierno presentará una querella en contra del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. La acción penal —que se suma a más de 152 deducidas por el Gobierno— se dirige en contra de las declaraciones hechas públicas por el propio Llaitul en contra del llamado «Estado de Emergencia Intermedio» a través del cual se pretende perpetuar la militarización del Wallmapu. En ella se denuncia que «Los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric. (llamando) A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía», declaró el vocero de la CAM.
La acción anunciada es de la mayor gravedad. Aún cuando la Ministra indicó que aún no han resuelto cuál será la norma a invocar, es indubitado que siendo la base de la imputación la declaración efectuada, claramente lo que se persigue es la opinión vertida. En nuestro ordenamiento jurídico su único soporte ha de ser la Ley de Seguridad Interior del Estado dictada en 1958 bajo el segundo Gobierno de Carlos Ibáñez, refundida en 1975 por Pinochet. En el referido cuerpo legal, en su art. 4º —en extracto— se penalizan genéricamente la incitación a subvertir el orden público, a quienes se reúnan para derrocar al Gobierno y a los que propaguen o fomenten doctrinas que apunten a subvertir el orden público por vías distintas de las institucionales. La norma como se puede concluir es absolutamente incompatible con cualquier régimen que al menos formalmente se reclame democrático y de hecho es el antecedente directo del antiguo y anticomunista artículo 8º de la Constitución de 1980, que proscribía toda doctrina fundada en la lucha de clases.
En aplicación del precepto toda idea revolucionaria resulta proscrita. Esta misma revista —El Porteño— desde su fundación en el 2016 ha venido planteando sostenidamente desde su editorial la necesidad de quebrar el orden institucional y de organizarse con tal fin, difundiendo doctrinas de origen extranjero —como el marxismo— cuyo objetivo es acabar con el régimen capitalista, expropiar a la burguesía y destruir su Estado. Buena parte de la prensa revolucionaria en nuestro país transita por tales vías. Lo que ha hecho Llaitul al llamar a la resistencia armada es precisamente lo mismo, entrar a la lucha política, caracterizar al Gobierno de Boric como un enemigo del pueblo-nación mapuche y convocar a la resistencia armada. Esta es la primera cuestión que resulta necesario dejar asentada: lo que se persigue es su opinión política fuera de toda duda.
Pero la declaración de Jeanette Vega no puede ser entendida como la simple promesa de una acción legal. Esta declaración se enmarca en un entramado de acciones represivas dirigidas desde La Moneda con la finalidad de aplastar toda expresión de resistencia a los planes de restauración del régimen que propicia el Gobierno. El anuncio de esta acción penal persigue intimidar y silenciar toda disidencia del momento que la misma resulta armónica con el anunciado «Estado de Emergencia Intermedio», con el pretendido acuerdo nacional de seguridad; con el pacto con los camioneros; y, con el apoyo irrestricto ofrendado al General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien públicamente justificara las acciones represivas que ampararon a los pistoleros que acabaron con la vida de Francisca Sandoval.
En este contexto igualmente, ha de ser entendida la declaración que hoy mismo hiciera la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, corrigiendo a Vega, para indicar que en nuestro país no hay presos políticos sosteniendo impúdicamente —como se hiciera en Dictadura— que no hay nadie encarcelado por sus ideas, sino que por la comisión de delitos comunes. Esta afirmación se encuadra con un enfoque punitivista y de criminalización de toda forma de protesta social. Plantear que hay delitos comunes en un contexto de agitación social, no hace sino subrayar que las conductas por las cuales están encarcelados los compañeros presos políticos son efectivamente perseguirles y merecedoras de castigo. El silencio del partido Comunista sobre esta cuestión que formara parte inveteradamente de la línea de esta organización, obliga a concluir que para el PC hoy no hay presos políticos.
En el mismo sentido operan el trascendido informe de inteligencia del Ministerio del Interior que promueve el aislamiento de los grupos radicales. El torpe intento de editar el enlace de Wikipedia referido a Héctor Llaitul, motejándolo como terrorista, forma parte aún como chascarro de la misma voluntad represiva, segregadora y macartista. En efecto, el discurso antiterrorista ha terminado siendo el último refugio del Gobierno y sus arbóreos seguidores. El segregacionismo busca calificar a la CAM y demás organizaciones que se reclaman de la lucha armada como terroristas, poniéndose en línea con Kast, el APRA y el pinochetismo de toda ralea.
Contra esta barbaridad política, es necesario señalar con claridad que las acciones militares de resistencia desplegadas por los agrupamientos guerrilleros en el Wallmapu no pueden ser consideradas terroristas, del momento que lo que desarrollan es una lucha de liberación nacional, lucha que durante los últimos 25 años ha adquirido identidad propia en continuidad con la centenaria lucha del pueblo mapuche en contra del Estado burgués chileno. Las organizaciones en resistencia armada como la CAM de Llaitul y otras forman parte sustancial de la lucha de de los mapuche por su emancipación, constituyendo un deber democrático elemental su respaldo del momento en que se alzan en contra del Estado capitalista, responsable de sustentar los intereses generales de los explotadores.
La liberación y autodeterminación del pueblo mapuche —no la palabrería sobre la plurinacionalidad—solo será posible de la mano de la liberación del conjunto de explotados, mediante un Gobierno de Trabajadores, asentado en los órganos de poder de la clase y sobre las cenizas de la gran propiedad y Estado burgueses. Quienes hoy amenazan con querellas han de hacerse cargo de que perpetran un atentado en contra del pueblo-nación Mapuche, en contra de las libertades democráticas y en contra del conjunto de los explotados. Ni Piñera se atrevió a dirigir acciones de esta naturaleza en contra de los dirigentes mapuche, lo que se anticipa mediante estas acciones es un ataque general a las más elementales libertades democráticas.
La censura a Llaitul de la misma forma que aliento la ocupación militar de las FFAA en el Wallmapu, no son otra cosa que la manifestación particular del plan general de restauración del régimen pactado contra el el 15 de noviembre de 2019 como Acuerdo por la Paz, de los cementerios.