por Gustavo Burgos
En lo que va de aquí al 4 de septiembre, toda la discusión política ha sido llevada no solo al terreno electoral, sino que particularmente al constitucional. La idea de que el texto condicione la satisfacción de los grandes reclamos sociales ha calado profundamente porque entronca en una tradición política que se remota al épico discurso de Allende el 11 de septiembre de 1973. Se remonta a aquél discurso pronunciado mientras las FFAA bombardeaban La Moneda y en el que el compañero Presidente entrega su vida en cumplimiento a su juramento al respeto de la Constitución. Más tarde uno de los epítetos habituales para dirigirse a la Junta Militar y luego al propio Pinochet, fue la de «traidores». Vista esta tradición, no debe sorprendernos que se atribuya a la aprobación de un nuevo texto constitucional propiedades —no revolucionarias— pero sí de transformación social.
La izquierda en el Gobierno y aquella satélite de la misma, ha reinstalado la idea de «sepultar la Constitución de Pinochet» proponiendo la aprobación del nuevo texto constitucional como la apertura de una nueva etapa en el proceso democrático. Este planteamiento aparece renovado por el barniz posmoderno, pero en su contenido esencial es el mismo cretinismo parlamentario, el legalismo y la colaboración de clases que de manera ininterrumpida ha conducido a la mayoría trabajadora a sucesivas derrotas, aplastamientos militares, quiebras políticas y desorganización. El último 1º de Mayo en el acto oficialista de la CUT faltaron las carreras de sacos y los grupos de cueca. La última cuenta pública presidencial es la primera en 30 años que se registra sin ningún tipo relevante de protesta. Esto es el resultado del infame concepto de unirse «contra Kast» votando por Boric, renunciando a las formas más elementales de independencia de clase.
Desde el Gobierno, seremos generosos desde su «izquierda» PC, se plantea a los trabajadores la tarea de defender a Boric, a la Convención Constitucional y a su Proyecto de Nueva Constitución. La razón sería —no bromean, lo dicen en serio— impedir que la derecha pinochetista frustre el proceso de cambios. Teillier se refirió al plebiscito constitucional —con su proverbial elocuencia de burócrata— citando a Saddam Hussein calificando este acto electoral como «la madre de todas las batallas».
Esta gente, impulsada por razones que poco tienen que ver con la política y mucho con sus mezquinas prebendas de aparato, pretenden hacernos creer que Boric sería un Gobierno democrático y transformador. El mismo que formalmente le ha declarado la guerra al pueblo mapuche ocupando militarmente el Walmapu; el mismo que mientras balean a manifestantes y matan a una periodista sale a respaldar a una institución criminal como Carabineros; el mismo que califica a los presos políticos como delincuentes comunes; el mismo que fue a la reciente Cumbre de las Américas a mostrarse amigable con el amo imperialista y proseguir con la monserga anticomunista contra Cuba y Venezuela. Porque no se trata solo de un Gobierno condescendiente con el patrón e implacable con el explotado, sino que de uno que formalmente ha renunciado a las más elementales revindicaciones de su propio programa (No+AFP, libertad a los PP, etc).
El inédito derrumbe en la popularidad de Boric tiene que ver con estos hechos y muy secundariamente con la campaña de la Derecha y sus encuestas. Precisamente por eso es que la supervivencia del régimen y la continuidad de esta nueva «transición» depende prioritariamente ya no del Gobierno de Boric, sino que de las ilusiones democráticas cifradas en la nueva Constitución. La única forma de preservar, de legitimar al régimen revistiéndolo de un aura democrática es centrando todo en el proceso electoral plebiscitario y en la nueva Constitución. En este marco se pretende revivir lo vivido en la segunda vuelta presidencial y llamarnos a votar «contra la Constitución de Pinochet». Tal perspectiva volverá a agitar el voto antipinochetista y muy previsiblemente el triunfo del Apruebo se dará en condiciones holgadas aún más por la reinstalación del voto obligatorio.
La idea de que la «contradicción fundamental» se exprese a través del Apruebo/Rechazo es una nueva trampa política. Tal concepción únicamente sirve al régimen, estabiliza el panorama a la burguesía y contribuye decisivamente al desarme político organizativo de la clase trabajadora. Desde El Porteño no nos sumaremos a la campaña del Apruebo sin que ello impida que comprendamos a aquellos compañeros que se inclinen por esta opción. Para nosotros lo fundamental sigue siendo la unidad desde las bases, el fortalecimiento de las organizaciones de lucha y el potenciamiento de todas las instancias de movilización.
Al sostener esto ponemos de relieve el gigantesco operativo político que se cierne sobre los explotados y la mayoría nacional y que toma la forma de este nuevo proceso electoral. No creemos que haya ninguna referencia de masas que permita sostener un llamado a la abstención o al voto nulo ni mucho menos al rechazo que es la posición del pinochetismo. Tales posiciones solo contribuirían a incrementar la confusión y la división. Impugnamos el proceso plebiscitario, la Convención y la nueva Constitución, en tanto se trata de un Gobierno, una Convención y una Constitución que sirven a la minoría explotadora, al gran capital y al imperialismo. Sostenemos esta posición porque contra todo este proceso incubado en el Acuerdo del 15 de Noviembre, levantamos la bandera de la revolución obrera y el gobierno de la clase trabajadora. Para nosotros la contradicción fundamental sigue siendo de clase: entre explotados y explotadores.
No alcanza con impugnar las vías electorales, institucionales y propias de la democracia burguesa. Es necesario, por sobre cualquier otra consideración, señalar con claridad que el camino de emancipación social de los trabajadores solo podrá manifestarse a través de la acción directa y la movilización permanente, la auténtica violencia revolucionaria de masas. No hay otro camino y en esa perspectiva hemos de construir una nueva dirección política que agrupe a todo el activismo con una perspectiva revolucionaria y socialista. Reivindicamos, por lo mismo, las recientes declaraciones de Héctor Llaitul y de José Huenchunao en tanto proclaman la necesidad de alzarse en armas en contra del Estado chileno en defensa de la reivindicación de la autodeterminación del pueblo-nación Mapuche. El despiadado ataque comandado desde el Gobierno en contra de las organizaciones mapuche es una manifestación elocuente de la intensidad de la opresión nacional y revelador de la naturaleza de clase de la institucionalidad del Estado chileno.
En estos momentos la lucha nacional Mapuche, los reclamos democráticos de castigo a los violadores a los DDHH, la libertad a los presos políticos, solo podrán ser resueltos en el terreno de la lucha de clases, con una perspectiva que apunte a la formación de un Gobierno de Trabajadores construido sobre las cenizas del orden capitalista, su Estado y sus instituciones. Tales cuestiones generales han de materializarse en la politización de los conflictos y en la búsqueda de espacios de mayor unidad de clase, tal y como vivimos en las recientes experiencias de asambleas populares a partir del levantamiento del 18 de Octubre, porque es esa lucha, lucha de clases la que al día de hoy sigue abierta.