Chile: ¿Bastará con cambiar la Constitución?

por Franck Gaudichaud

Hubiéramos esperado a que exprese alegría, pero Alondra Carrillo está furiosa. Desde hace muchos años, esta joven militante feminista de Santiago de Chile esperaba el momento en que su país se desharía de la Constitución de 1980, heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989). Mientras que desde la transición a la democracia todos los gobiernos se dedicaron a preservar el statu quo, unas manifestaciones masivas finalmente forzaron al poder a modificar la Carta Magna. Se estableció, entonces, una plataforma virtual para facilitar el patrocinio ciudadano de las dos mil personas que optaron por una candidatura independiente, lejos de las formaciones tradicionales. Con algunas compañeras de la Coordinadora Feminista del 8 de Marzo, Carrillo se presenta como candidata para las elecciones de convencionales constituyentes.

Sin embargo, en este 2 de marzo, echa humo: la autoridad electoral acaba de hacer público el modo de financiamiento de la elección, que niega a los candidatos independientes condiciones similares a las de los grandes partidos. Denuncia que es una forma de “discriminación antipopular”, consciente de que para los 450 candidatos independientes que ya obtuvieron las firmas validando su candidatura, la carrera de obstáculos está lejos de haber terminado.

Desde el final negociado del régimen militar en 1989, Chile ha sido descrito por las elites latinoamericanas como una democracia de consenso ejemplar. Sin embargo, la success story de la contrarrevolución neoliberal inaugurada por los militares en 1973 se ha ido fisurando progresivamente hasta revelar el malestar de una sociedad desigual, mercantilizada y anómica. A pesar del aplastamiento del movimiento popular durante el régimen del general Pinochet y de la precarización general del trabajo, las iras dispersas seguían incubándose bajo las cenizas. Estudiantes, trabajadores portuarios o mineros, feministas y minorías sexuales, jubilados dependientes de fondos de pensión, clases medias endeudadas: desde 2006, muchos sectores manifestaron su descontento. Sólo faltaba una chispa para el estallido.

La rebelión de octubre

Para comprender la situación actual hay que volver a 2019. “En medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”, se regocijaba el presidente multimillonario de derecha Sebastián Piñera. Pocos días después, desbordado por la amplitud de los disturbios populares, su gobierno invoca la Ley de Seguridad del Estado (una Ley de excepción que permite condenas exprés en nombre del mantenimiento del orden público) y se ve forzado a cerrar el conjunto de las líneas de subterráneo de una capital que cuenta con seis millones de habitantes. Durante toda la noche, los carabineros se enfrentan violentamente con manifestantes formados en barricadas. Muchas estaciones del metro son incendiadas así como una garita de policía y un edificio de la compañía multinacional de energía Enel. Se cuentan numerosos heridos. Temprano en la mañana, Piñera parece haber olvidado su bella imagen de apacible oasis. Decreta el toque de queda en diez ciudades y, en un hecho inédito desde el fin de la dictadura, despliega el ejército en las calles. Al día siguiente, el Presidente se presenta ante el país acompañado por el ministro de Defensa y un general de brigada en uniforme de combate. El tono es marcial: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. ¿El enemigo? El pueblo, movilizado de norte a Sur, y en particular la juventud, en un movimiento que por su magnitud recuerda a aquellos de los años ochenta contra la dictadura.

La gota que hizo rebalsar el vaso fue el aumento de treinta pesos del metro. El 7 de octubre 2019, estudiantes secundarios hicieron un llamado a no pagar y a practicar felizmente el salto de los torniquetes. Gracias a las redes sociales, la práctica se extiende. El poder piensa poder apagar el incendio incrementando la presencia policial en las calles; está tirando aceite al fuego. El 25 de octubre, cerca de dos millones de personas toman las calles: la marcha más grande de la historia del país, proclama una prensa obligada, momentáneamente, a contener su apoyo al poder. “¡Chile despertó!”, proclaman algunos. Todos los reclamos, fruto de una democratización parcial y de un modelo económico violento, resurgen. Las banderas del pueblo Mapuche se izan junto a la bandera nacional en la Plaza Italia, rebautizada “Plaza de la Dignidad”. Las paredes de las ciudades se cubren de consignas y de frescos que denuncian una clase política desacreditada por los casos de corrupción, unas fuerzas armadas manchadas por casos de enriquecimiento ilícito y una Iglesia Católica culpable de mansedumbre frente a los pedófilos en sotana. Por las noches, las calles retumban con conciertos de cacerolas que parecen unir los suburbios populares y los barrios de clase media. Contra la pared, el gobierno levanta el estado de urgencia mientras Piñera echa a dos ministros y anuncia algunas tímidas medidas sociales.

Sin embargo, la movilización continúa, al igual que la represión. Según Amnistía Internacional, “los carabineros violaron de forma generalizada los derechos de los manifestantes”. En cuarenta y cuatro días, más de 12.000 heridos ingresaron en las guardias de los hospitales. Unos 2.000 fueron alcanzados por armas de fuego y casi 50 fueron víctimas de lesiones oculares graves. Miles de casos de malos tratos en las comisarías y cientos de denuncias de violencia sexual cometida por depositarios de la autoridad pública inundan los tribunales. Pero la cultura de la impunidad persiste. Más de 2.000 personas con prisión preventiva o imputadas y con medidas cautelares esperando ser juzgadas, a veces desde hace más de un año. Algunas son sin embargo menores y todas son consideradas como “presos políticos” por varios abogados y ciertas figuras políticas, entre ellas la diputada comunista Camila Vallejo, que pide una Ley de amnistía. A la vez que manejaba con vigor la mano derecha del Estado, el ejecutivo comprendió rápidamente que debía buscar una solución política a la crisis. No porque la oposición parlamentaria pareciera en condiciones de capitalizar la fuerza vital de la calle. Los estados mayores partidarios y sindicales del centroizquierda están desbordados, y hasta asustados, por este movimiento descentralizado, radical y horizontal que cuestiona su cogestión del neoliberalismo desde hace treinta años. La salida de Piñera se convierte rápidamente en una de las reivindicaciones de los “insurgentes”.  El éxito de la gran huelga nacional del 12 de noviembre de 2019, cuya organización debió asumir la Central Única de Trabajadores (CUT) ante la presión de los acontecimientos y de su base, es una muestra para el gran empresariado y La Moneda de la gravedad de la situación.

El acuerdo constitucional

La mayoría presidencial -Principalmente Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI)- entabla entonces una hábil maniobra táctica. En la noche del 15 de noviembre, logra hacer firmar por representantes de primer nivel en el Congreso un Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución. Se trata de retomar el control y de intentar canalizar el movimiento social organizando un referendo sobre la Constitución. Si el Partido Comunista (PC) resiste a este canto de sirenas, la Democracia Cristiana y los socialistas (que gobernaron el país entre 1990 y 2010), así como una mayoría del Frente Amplio (FA), nacido en la estela de las luchas estudiantiles de 2011, aprueban la idea. La mayoría de la oposición “capituló en forma deshonrosa ante la derecha que los intimidó con la amenaza del derrumbe del Estado de derecho y un eventual golpe militar”, estima el periodista Manuel Cabieses. En un primer momento, algunas voces se elevan denunciando un acuerdo firmado a espaldas del pueblo movilizado. Pero los llamados a la renuncia de Piñera poco a poco se debilitan. Una parte de la izquierda ve en la perspectiva del referendo, que se llevó a cabo en octubre de 2020, una ocasión soñada de volver a cuestionar un régimen ultrapresidencialista y neoliberal, de imaginar instituciones más participativas y más democráticas, de pensar la renacionalización del cobre, del litio o del agua, de moldear un Estado plurinacional que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación… El día del escrutinio, sólo la mitad de los electores acude, 78% de los votantes se pronuncian por una nueva Constitución y 79% de ellos por una asamblea elegida por medio del sufragio universal directo. Próxima cita: 16 de mayo 2021, para elegir a los miembros de la Convención Constitucional.

El nuevo ciclo

Indiscutiblemente, se abre un nuevo ciclo político e histórico. En doscientos años de historia republicana, Chile sólo tuvo constituciones redactadas por la oligarquía. Esta vez, fruto de largas negociaciones en el Congreso, la asamblea será totalmente paritaria (¡la primera en todo el mundo!) e incluirá bancas reservadas a los pueblos originarios, aunque no en las proporciones exigidas por los involucrados. Resultado de un proceso deliberativo de nueve a doce meses, la nueva Carta Magna será, además, nuevamente sometida a su aprobación por referendo. Entonces, ¿victoria? Sí. Pero, ¿para quién? Tras haber sentido el roce de la bala, Piñera recuperó las riendas: encarnación hasta ayer de todas las disfunciones del país, hoy es el garante de su mutación. Las instituciones volvieron a estar en el centro del debate público. El 16 de mayo, al mismo tiempo que la Convención Constitucional, se llevarán a cabo elecciones municipales y de gobernadores regionales. Luego, una elección presidencial debería asimismo acaparar los medios de comunicación (la primera vuelta se llevará a cabo en noviembre próximo). Ciertamente, el ala dura de la coalición presidencial está indignada frente a la idea de ver la gran obra constitucional del general desmantelada. Sin embargo, si la derecha insistió tanto en hablar de “Convención” (y no de Asamblea Constituyente), es porque el nuevo órgano electo va a deliberar en el marco de un perímetro delimitado por una comisión técnica preparatoria. Un ejemplo: los convencionales no podrán cuestionar los tratados internacionales (y, por ende, los acuerdos de libre comercio).

Cada artículo propuesto deberá ser aprobado por una mayoría calificada de dos tercios, lo que otorga a la derecha una minoría de bloqueo, sobre todo en un contexto en el que ésta se encuentra unida mientras que el centro y la coalición de la izquierda parlamentaria (en torno al PC) no han logrado ponerse de acuerdo sobre listas comunes. Por último, la posibilidad de una presencia notoria de candidatos surgidos de movimientos sociales fue descartada: las normas electorales han sido calcadas del escrutinio proporcional plurinominal de las elecciones legislativas (según el cuestionado sistema D’Hondt), que favorece mecánicamente los grandes pactos electorales y sobrerrepresenta las listas que obtienen más votos.

Un campo minado

De todas formas, aquellos que lograron obtener un patrocinio de sus candidaturas por fuera de los partidos sólo tienen derecho cada uno a… un segundo de tiempo al aire para la franja electoral televisada. Las organizaciones llamadas “representativas” conservan así un casi monopolio y dispondrán de varios cientos de miles de dólares cada una (hasta 800.000 para la UDI), mientras que 1.700 dólares serán generosamente atribuidos a los candidatos militantes… Se entiende entonces porqué Carrillo está furiosa y que su entorno denuncie una legislación “al servicio de los patrones”. No obstante, tanto para ella como para el ecologista Lucio Cuenca, el sindicalista Luis Mesina o para la abogada feminista Karina Nohales, la decisión tomada sigue siendo la correcta. Incluso sin ilusiones. El combate será largo: un pie dentro del movimiento social, el otro dentro de la arena constitucional que se entreabre. “Hemos construido y defendido nuestras demandas en las calles y en la lucha para hacer escuchar nuestra voz y nuestros programas en la Convención  –declara Nohales-. Porque nuestra voz es indelegable, hacemos un llamado a votar con independencia de los partidos que administraron el neoliberalismo”.

Otros son mucho más críticos acerca de esta participación y afirman que la trampa de una Convención Constitucional moldeada por los deseos de los poderosos está clausurando la lucha llevada a cabo desde octubre de 2019. Estas elecciones no harán más que poner una capa de barniz democrático al sistema –cambiar la Constitución para que nada cambie, en cierta forma–. Es en alguna medida lo que explicaba, a fines de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores Andrés Allamand. Buscando tranquilizar a todos aquellos que temían que la nueva Constitución “refunde” Chile, el antiguo apóstol de la dictadura analizaba aquello que consideraba como un “gravísimo error”. Al contrario, explicaba: el nuevo texto permitiría “mantener, sin ninguna duda, algunos pilares claves del desarrollo económico chileno como el respeto a la propiedad privada, la iniciativa individual, el tratamiento no discriminatorio entre la inversión nacional y la inversión extranjera”. Según las diversas estimaciones, los sectores conservadores tienen algunas razones para alegrarse: con alrededor del 40% de los elegidos, deberían asegurarse cómodas minorías de bloqueo para la Convención.

Piñera, gracias a lo que parecía un exitoso programa de vacunas contra el Covid-19 (con la ayuda de China), ha aumentado levemente -y de manera muy transitoria- su extremadamente decaído apoyo en los sondeos. Hoy está totalmente aislado políticamente. No obstante, la derecha sigue soñando con un triunfo posible en la próxima elección presidencial a fines de año con un candidato como Joaquín Lavín, lo que evidentemente está por verse. Una nueva rebelión popular o, en otro plano, la cada vez más popular candidatura presidencial de Daniel Jadue, alcalde comunista de la comuna de Recoleta (Santiago), podrían perturbar los planes de la oligarquía chilena.

(Tomado de Jacobin)

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