por Gustavo Burgos
La columna de Franco Caballero “Enemigo identificado = Izquierda reunida”, publicada por El Ciudadano, parte de una constatación real —la fragmentación, la derrota y la parálisis del movimiento social— para desembocar en una conclusión profundamente equivocada: que la salida estaría en la reunificación del Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio bajo una nueva estrella constitucional y antineoliberal. El texto sostiene que, si el PS se uniera al PC y al FA, “ganaría la sociedad civil” y se abriría nuevamente la “alameda ancha” del cambio constitucional. Pero allí donde la columna cree ver una recomposición de la izquierda, lo que en realidad aparece es la recomposición de un ala del régimen burgués.
El problema no es que el PS haya perdido su “leninismo”, ni que deba superar una supuesta “herida allendista” con el PC. El problema es que el bloque PC-PS-FA ya no puede ser analizado por sus símbolos, su retórica o sus memorias heroicas, sino por su función histórica concreta. Desde el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el eje que terminó articulando al progresismo chileno fue el restablecimiento del orden, la canalización institucional de la rebelión popular y la administración de la crisis en los marcos del Estado burgués. El propio Acuerdo de noviembre de 2019 declaró como primer compromiso el “restablecimiento de la paz y el orden público” y el respeto de la “institucionalidad democrática vigente”; no fue, por tanto, una ruptura con el régimen, sino una operación de salvataje de su continuidad.
Es cierto que el PC no firmó formalmente ese acuerdo y que sectores del Frente Amplio se dividieron en torno a él. Pero el hecho decisivo no es la firma notarial del documento, sino la trayectoria política posterior. El gobierno de Boric, sostenido por el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, transformó aquella salida institucional en programa de gobierno: administración del Estado heredado, respeto de los equilibrios del gran capital, subordinación a la seguridad interior, militarización de territorios, criminalización de la protesta y domesticación parlamentaria de las demandas sociales. La “izquierda reunida” que se propone como respuesta al neoliberalismo es, en los hechos, la izquierda que cogobernó con la burguesía el cierre del ciclo abierto en octubre de 2019.
Por eso resulta insuficiente, e incluso mistificador, decir que el enemigo es “el neoliberalismo”. El neoliberalismo no es una idea equivocada ni un mal moral que pueda ser derrotado por cabildos, pedagogía filosófica o reformas constitucionales administradas desde la cocina parlamentaria. Es una forma histórica de dominación del capital sobre el trabajo. Y esa dominación no existe fuera del Estado: se organiza en tribunales, policías, ministerios, Congreso, Banco Central, tratados internacionales, AFP, forestales, mineras, bancos, retail, salmoneras, inmobiliarias y grandes grupos económicos. Llamar “izquierda” a quienes administran ese aparato porque invocan al pueblo, a la multitud o al cambio constitucional es confundir la fraseología con la posición de clase.
La columna de El Ciudadano, como importantes sectores de la izquierda del sentido común, reclama que el PS abandone el centro y se una al PC y al FA. Pero el PC, el PS y el FA no representan hoy tres caminos divergentes hacia una ruptura anticapitalista; representan distintas modulaciones de una misma adaptación al régimen. Uno lo hace desde la vieja cultura estatal de la Concertación; otro desde la gestión ministerial y municipal del “realismo responsable”; otro desde la renovación generacional que convirtió la revuelta en carrera institucional. El resultado común ha sido el mismo: transformar la energía social de octubre en gobernabilidad, y luego transformar la gobernabilidad en colaboración parlamentaria con las necesidades de la clase dominante.
Esa adaptación suele presentarse pomposamente como un “balance político” de las grandes derrotas del siglo XX. Sectores de esta izquierda pedante, citando a Gramsci y aún a Foucault, afirman haber aprendido de la derrota “ideológica y política” del golpe de 1973, de la caída de la Unidad Popular y de la disolución de la URSS en 1991. Pero ese balance, lejos de significar una elaboración marxista de los límites del reformismo, del Estado burgués y de la ausencia de poder obrero, terminó funcionando como coartada para la renovación electoral de la izquierda. Bajo la forma de una autocrítica histórica, justificaron su abandono de toda perspectiva de poder de clase. La conclusión que extrajeron no fue que la clase trabajadora debía construir sus propios organismos de poder, sino que la izquierda debía convertirse en fuerza confiable para administrar el capitalismo democrático.
De ahí que la palabra “derrota” sea utilizada de manera interesada. No se la piensa como derrota de una estrategia de conciliación de clases, sino como derrota de todo horizonte revolucionario. Se pretende que 1973 demostraría la imposibilidad de enfrentar al capital y que 1991 demostraría la inviabilidad de toda alternativa socialista. Con esa operación ideológica, la renovación progresista no hizo un balance de la derrota: se integró a ella. Convirtió la memoria del golpe y el derrumbe soviético en argumento para la moderación, la gobernabilidad, el pacto social, el parlamentarismo y el respeto reverencial a los límites impuestos por el imperialismo y el gran capital. Transforman el antiimperialismo en una penosa pantomima de geopolítica.
La campaña de Jeannette Jara expresó esta contradicción en forma concentrada. Presentada como candidatura de izquierda, comunista y popular, se desplegó sobre un discurso de seguridad, crecimiento, responsabilidad fiscal y articulación público-privada. La propia presentación programática de Jara en la Universidad Católica se realizó ante académicos, representantes políticos, empresarios y medios, en un espacio organizado por CLAPES UC, think tank ligado a la ortodoxia económica de la derecha empresarial. A su vez, análisis del programa destacaron que su propuesta concebía al Estado como articulador de inversión privada, inversor directo mediante entidades mixtas y, solo en casos puntuales, como empresario.
No se trata de un detalle táctico. La alianza público-privada es el nombre amable de la subordinación del Estado al ciclo de acumulación capitalista. Es la forma contemporánea de la colaboración de clases: el capital conserva la propiedad, la inversión, la ganancia y el mando; el Estado organiza subsidios, infraestructura, garantías jurídicas, legitimidad social y contención de conflictos. Bajo ese esquema, la izquierda ya no promete expropiar a los expropiadores, sino hacer más eficiente la relación entre empresarios, ministerios y territorios sacrificados.
Lo mismo ocurre con el discurso securitario. La campaña presidencial de 2025 —no la olvidemos— estuvo dominada por la agenda del crimen, la migración y la seguridad, empujada agresivamente por la derecha y la ultraderecha; incluso la candidatura oficialista se vio obligada a adoptar esa agenda, según registró la prensa internacional. Pero cuando una izquierda acepta ese terreno sin denunciar su función de clase, termina reforzando el mismo dispositivo que luego se utilizará contra estudiantes, pobladores, trabajadores precarizados, comunidades mapuche y migrantes. El “orden” que se invoca contra el narco o la delincuencia se convierte rápidamente en orden contra la huelga, la toma, el corte de ruta y la protesta.
La colaboración se vuelve aún más evidente frente a la ofensiva antiobrera del gobierno de Kast. La discusión sobre reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio por una indemnización a todo evento —propuesta vinculada a la Mesa de Reactivación Laboral— revela el centro del ataque: abaratar el despido, flexibilizar la relación laboral y transformar derechos conquistados en cuentas individuales administradas bajo la lógica del seguro. La propuesta fue presentada en un contexto de desempleo de 9,4%, el nivel más alto en cinco años, y de contracción económica, es decir, en medio de una crisis que la burguesía busca descargar sobre la clase trabajadora.
Ante esto, la conducta de la izquierda institucional no ha sido preparar una respuesta obrera nacional, sino instalarse como oposición “propositiva”, democrática, responsable, exigente. En su momento, tras la derrota electoral, Jara llamó a la unidad de las fuerzas progresistas y ofreció colaboración al nuevo gobierno en aquello que “beneficie a Chile”, fórmula que en el lenguaje del régimen significa dejar abierta la puerta a acuerdos legislativos en nombre del país, la estabilidad o la protección de lo logrado. Pero cuando la ofensiva patronal viene por la indemnización, la jornada, la protesta, la educación, la salud, la vivienda y el gasto público, toda colaboración “por Chile” se convierte en colaboración contra los trabajadores.
La unidad de esta izquierda idealizada, en los hechos, ya fue puesta a prueba. No fue puesta a prueba solo en elecciones, discursos o documentos programáticos; fue puesta a prueba en el gobierno, en el Congreso, ante la rebelión social, ante la militarización, ante la prisión política, ante las AFP, ante las forestales, ante los empresarios, ante el imperialismo y ante las exigencias de orden. Y su conducta no fue la de una fuerza transicional hacia la emancipación social, sino la de una administración progresista de la derrota.
Por eso, la tarea no consiste en pedirle al PS que vuelva al PC, ni al FA que se parezca al viejo PS, ni al PC que encabece una nueva unidad electoral. Esa fórmula encierra a los explotados en el falso dilema entre el ala ultraderechista del régimen y su ala democrática. El fascismo liberalizado de Kast y el antifascismo liberal del progresismo se presentan como polos absolutos, pero ambos comparten el mismo suelo: propiedad capitalista, Estado burgués, subordinación parlamentaria, seguridad interior, alianzas público-privadas y respeto al orden imperialista.
La cuestión decisiva es otra: la clase trabajadora necesita recuperar su independencia política. No como consigna abstracta, sino como organización efectiva en los lugares de trabajo, estudio y población. Comités de base, asambleas territoriales, coordinadoras sindicales, organismos de autodefensa frente a la represión, frentes únicos de lucha y articulación nacional de las demandas obreras y populares. Allí donde la izquierda institucional llama a esperar indicaciones, negociaciones o nuevas mayorías parlamentarias, la clase trabajadora debe levantar su propio programa: defensa irrestricta de la indemnización por años de servicio, rechazo a toda flexibilización laboral, aumento real de salarios, fin de las AFP, nacionalización bajo control obrero de los recursos estratégicos, desmilitarización de territorios, libertad a los presos políticos de la revuelta y ruptura con toda forma de subordinación al imperialismo.
La respuesta a los problemas políticos de los explotados no vendrá del ala “democrática” del régimen, ni siquiera de sus antifascistas liberales. Vendrá de la unidad de la clase trabajadora expresada en sus órganos de base y en su capacidad de articular una respuesta en las calles. La movilización no es un complemento folclórico de la política institucional: es el único terreno donde puede frenarse la ofensiva patronal e imperialista en curso. Frente a la cocina cerrada del régimen, no se trata de pedir un mejor menú a sus administradores. Se trata de organizar a quienes producen toda la riqueza para derribar la puerta. Se trata de enfrentar la feroz ofensiva capitalista levantando las banderas del Socialismo.