por Gustavo Burgos
La agresión militar desencadenada por Estados Unidos e Israel contra la República de Irán ha vuelto a poner de manifiesto una de las características más persistentes del orden mundial contemporáneo: la guerra imperialista no es un fenómeno local ni regional, sino un mecanismo de reorganización del sistema internacional cuyos efectos se proyectan inmediatamente sobre todas las economías subordinadas del planeta. La globalización del capital ha tejido una red de interdependencias tan densas que un conflicto armado en el Golfo Pérsico repercute con rapidez en la estructura de precios, en los flujos de inversión y en la estabilidad política de países situados a miles de kilómetros del escenario bélico. En ese sentido, la guerra contra Irán no constituye únicamente una nueva operación militar del imperialismo norteamericano en Medio Oriente; es también un episodio que revela la fragilidad estructural de las economías dependientes y, en particular, la incapacidad histórica de las burguesías latinoamericanas para ofrecer una resistencia efectiva frente a las imposiciones del capital imperialista.
El impacto económico inmediato de la guerra se ha manifestado en el mercado energético mundial. El cierre de facto del estrecho de Ormuz —paso estratégico por donde circula más de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el planeta— ha tensionado la oferta global de crudo y gas licuado, disparando las expectativas especulativas de los mercados. El barril de petróleo, que antes de los primeros bombardeos se situaba en torno a los setenta dólares, comenzó a acercarse rápidamente a los ochenta y amenaza con escalar hacia los noventa o incluso los cien dólares si la conflagración se prolonga. Este aumento no constituye un mero indicador financiero: repercute directamente en el costo del transporte, de la logística, de los fertilizantes y de los alimentos, desencadenando presiones inflacionarias que atraviesan toda la economía mundial.
Las economías latinoamericanas observan esta situación con una mezcla de cautela y resignación. Algunos analistas sugieren que países productores de petróleo como Brasil, México, Venezuela o Colombia podrían beneficiarse del alza de los precios internacionales. Sin embargo, esta interpretación ignora un hecho elemental: las economías dependientes de la región no se estructuran sobre una base industrial autónoma, sino sobre la exportación de materias primas y la importación de bienes manufacturados, insumos industriales y combustibles refinados. El encarecimiento del petróleo repercute así en el aumento generalizado de los costos de producción, en la inflación y en la depreciación de las monedas locales frente al dólar. La aparente ventaja de exportar crudo más caro se diluye rápidamente cuando el conjunto del aparato productivo depende de cadenas de suministro controladas por el capital transnacional.
En términos estrictamente económicos, cada incremento de diez dólares en el precio del barril puede traducirse en un aumento inflacionario cercano al 0,4 por ciento en muchas economías emergentes. A esto se suma la tendencia recurrente de los capitales financieros a retirarse de los mercados periféricos en momentos de crisis internacional para refugiarse en activos considerados seguros. El resultado es una combinación explosiva de inflación, depreciación monetaria y fuga de capitales que golpea de manera directa a las clases trabajadoras de la región.
Chile cuenta con una matriz de importación de crudo diversificada, lo que reduce el riesgo de desabastecimiento, por lo que los analistas han llamado a la calma. El dólar, por su parte, respondió a la escalada del conflicto con una fuerte alza de 14,8 pesos , llegando a los 886,8 vendedor en las primeras horas. Está previsto que se registre una mayor demanda por la divisa estadounidense -un activo seguro-, por lo que el peso chileno puede continuar devaluándose en los próximos días o semanas.
Sin embargo, todas estas consideraciones dependerán de la extensión del conflicto. Si este se mantiene de manera acotada a un par de semanas el hecho podrá ser reabsorbido —como ocurrió en junio de 2025— y el impacto no debería ser mayor. Pero si el conflicto se hace crónico y el imperialismo opta por la vía de invadir Irán desplegando fuerzas terrestres, el desenlace es enteramente imprevisible atento a que la nación persa tiene una población que supera los 88 millones de habitantes y una superficie y geografía inabarcable aún en en el escenario de hacer colapsar el régimen islámico. Se trata de una hipótesis de guerra en el que el único debate es la magnitud de la catástrofe política, económica y militar para el propio orde imperialista.
Por lo indicado lo más revelador para América Latina de esta crisis no es lo económico, sino que lo político. La guerra contra Irán ha puesto en evidencia la naturaleza profundamente dependiente de las burguesías latinoamericanas. Frente a una agresión militar que amenaza con desestabilizar la economía mundial y desencadenar una escalada bélica de alcance como hemos indicado imprevisible, las clases dominantes de la región no han respondido con una política de independencia ni con una defensa consecuente del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Por el contrario, una parte significativa de los gobiernos latinoamericanos ha optado por alinearse dócilmente con la narrativa imperialista que justifica la agresión bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo o la proliferación nuclear.
Este comportamiento no es accidental ni coyuntural. Responde a lo que puede denominarse la incapacidad genética y estructural de las burguesías nativas para sostener una política antiimperialista coherente. Desde el punto de vista histórico, estas clases dominantes surgieron y se desarrollaron como intermediarias del capital extranjero, organizando economías destinadas a la exportación de materias primas y subordinadas a los centros financieros del capitalismo mundial. Su propia existencia social depende de esa relación de subordinación. Pretender que tales burguesías puedan encabezar una lucha consecuente contra el imperialismo equivale a exigir que renuncien a la base material de su poder.
La actual reacción de los gobiernos latinoamericanos confirma este diagnóstico. Mientras algunos intentan mantener un perfil diplomático ambiguo, otros se alinean abiertamente con Washington y reproducen su retórica geopolítica. Incluso aquellos regímenes que en el pasado reivindicaron una política exterior “soberana” se limitan hoy a declaraciones tímidas o a gestos simbólicos que no alteran en lo más mínimo la estructura de dependencia que los vincula al capital imperialista. Este vasallaje conforma un arco que va desde el alineamiento febril de Milei en Argentina, vergonzoso de Delcy Rodríguez en Venezuela, pasando por múltiples formas más o menos explícitas de apoyo como la impotente apelación al derecho internacional de Boric en Chile.
La guerra contra Irán revela así una paradoja fundamental del orden mundial contemporáneo. Mientras el imperialismo intensifica su ofensiva militar para preservar su dominio en un contexto de crisis estructural, las burguesías de las regiones dependientes demuestran una incapacidad absoluta para defender siquiera sus propios intereses nacionales frente a esa ofensiva. El resultado es un escenario en el que la resistencia al imperialismo no puede provenir de las clases dominantes locales, sino únicamente de las masas trabajadoras.
En el caso de Medio Oriente, esta realidad se expresa con particular claridad. La agresión contra Irán se inscribe en una estrategia más amplia de dominación regional que incluye el genocidio contra el pueblo palestino, la militarización permanente del Golfo y el sostenimiento de una red de regímenes cipayos cuya función histórica consiste en garantizar la subordinación política y económica de la región a los intereses de Washington y de sus aliados. Frente a este sistema de dominación, la clase obrera del Medio Oriente ha comenzado a manifestar, en múltiples episodios de lucha social y política, una resistencia que trasciende las fronteras nacionales y cuestiona tanto la dominación imperialista como a las oligarquías locales que la administran.
La solidaridad con la nación oprimida iraní no puede ser entendida, por tanto, como un simple gesto diplomático ni como una adhesión acrítica al régimen político existente en Teherán. Se trata de una posición política de principio frente a una agresión imperialista que amenaza con extender la guerra a escala mundial. Defender el derecho de Irán a resistir la agresión significa defender el derecho de todos los pueblos sometidos a luchar contra el dominio del capital imperialista.
Pero esta solidaridad adquiere su sentido más profundo cuando se vincula con la lucha de la clase obrera del Medio Oriente contra los regímenes que actúan como administradores locales de ese dominio. En esa lucha se encuentra la posibilidad de que la resistencia al imperialismo adquiera un carácter verdaderamente emancipador, capaz de superar tanto la dominación extranjera como las estructuras sociales que la reproducen.
Desde América Latina, donde las burguesías nacionales han demostrado reiteradamente su impotencia frente al imperialismo, esta lección debería resultar particularmente evidente. La guerra contra Irán no es un episodio lejano ni ajeno a nuestra realidad. Es una advertencia sobre la naturaleza del sistema mundial en el que estamos insertos y sobre el papel que nuestras propias clases dominantes están dispuestas a desempeñar en él. En un mundo donde el imperialismo recurre cada vez más abiertamente a la violencia militar para preservar su hegemonía, la defensa de los pueblos oprimidos se convierte también en la defensa de nuestra propia posibilidad de emancipación histórica.