por Gustavo Burgos
“El soberano es el pueblo y por tanto el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo y, cuando no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho.” Estas palabras de Daniel Jadue, que han despertado la indignación de los guardianes del orden burgués, merecen una seria reflexión.
Lejos de ser una simple provocación, estas declaraciones apuntan —aunque de forma aún difusa— hacia una verdad central: el llamado “Estado de Derecho” no es una estructura neutral al servicio de toda la sociedad, sino un instrumento de dominación de clase. El aparato estatal burgués —sus leyes, sus tribunales, su policía y sus cárceles— no actúa como un árbitro imparcial, sino como garante del poder de la minoría capitalista sobre la mayoría trabajadora. Es decir, el Estado es una máquina especial de represión de una clase por otra, y por tanto toda su arquitectura jurídica está construida sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción.
En este contexto, los derechos sociales y las libertades democráticas reales —la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la organización sindical, la protesta— no son inherentes al régimen burgués. Muy por el contrario, son conquistas arrancadas al capital mediante la lucha de clases, siempre frágiles, siempre bajo amenaza, siempre sujetas a la ofensiva del capital y de su aparato estatal. Cuando el pueblo exige el cumplimiento efectivo de estos derechos, la respuesta del Estado de Derecho es la represión, la judicialización y el castigo ejemplar.
La historia reciente de América Latina lo confirma: cada vez que las mayorías han intentado transformar el orden social desde sus raíces, los parlamentos, los jueces, las constituciones y las policías han cerrado filas con el capital. No es casualidad: la democracia burguesa no admite que se cuestione la dominación del capital. Por eso, el discurso de defensa de “la institucionalidad” o de “la democracia en abstracto” es, en realidad, la defensa encubierta del orden burgués.
En efecto, nuestras cárceles retienen a centenares de presos políticos como Mauricio Hernández Norambuena o Héctor Llaitul solo por señalar a los más prominentes. La institucionalidad del Estado chileno —represora del pueblo y garante de la impunidad de los represores y de sus mandantes— expresa concentradamente los intereses generales de la minoría explotadora de ese 1% de la población que se roba casi un 50% de la renta nacional.
Frente a esto, hemos de señalar sin ninguna sin ambigüedad: los derechos del pueblo trabajador no caben dentro del Estado burgués. Defender las conquistas sociales, hacer efectivos los derechos democráticos reales, supone necesariamente una ruptura con la legalidad existente. Esa ruptura no es un acto arbitrario o voluntarista: es la única vía coherente para liberar las fuerzas productivas de la camisa de fuerza del capital y colocar el poder político en manos de la clase trabajadora.
La tarea histórica es clara: superar el Estado de Derecho burgués mediante una revolución social que expropie a los capitalistas y destruya su aparato estatal. No para instaurar el caos, sino para levantar en su lugar una nueva legalidad, una democracia obrera basada en consejos, comités de fábrica y asambleas populares. Sólo así los derechos del pueblo dejarán de ser letra muerta para convertirse en realidad concreta.
Por eso, cuando el pueblo se alza contra el Estado de Derecho, no rompe con la democracia: rompe con su caricatura. Lo que se juega entonces no es “el fin del orden”, sino el nacimiento de un orden nuevo, fundado no sobre el lucro y la explotación, sino sobre la justicia social y la verdadera libertad.