Trump cataloga de terroristas a todos los que se le oponen

por Patrick Martin

El Gobierno de Trump continúa su campaña de intervención militar contra las protestas de masas sobre brutalidad policial que se han expandido por todo Estados Unidos desde el asesinato policial del afroamericano de 46 años George Floyd el 25 de mayo. El fiscal general William Barr y el director del FBI, Christopher Wray, celebraron una rueda de prensa el jueves por la tarde para afirmar falsamente que grupos izquierdistas inclinados hacia la violencia habían “secuestrado” la protestas para fabricar un pretexto para la represión.

Barr abogó por emplear unidades antiterroristas para detener a los “agitadores” que acusó de “secuestrar” las manifestaciones. La calificación de la oposición política nacional como terrorismo busca deslegitimar y criminalizar toda la oposición a la violencia policial y las políticas de la oligarquía.

Antifa es poco más que una etiqueta adoptada por los jóvenes que protestan contra las provocaciones de la ultraderecha y los supremacistas blancos. Como grupo organizado, existe principalmente en la febril imaginación de los informantes y agentes del FBI, que probablemente constituyen la mayor parte de sus “miembros”. Si Antifa no existiera (y puede que no exista), Trump, Barr & Co. se verían obligados a inventarla como pretexto para la represión masiva que están llevando a cabo contra la clase obrera estadounidense.

Barr argumentó a favor del uso de las Fuerzas de Tarea Conjuntas para Terroristas (JTTF, sigla en inglés) existentes contra la supuesta amenaza de Antifa. La JTTF une a los agentes de la policía federal y estatal en un esfuerzo común inicialmente dirigido contra los fundamentalistas islámicos que llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York y en Washington. Pero ahora será empleado contra toda la oposición de izquierda a las políticas de la Administración de Trump y sus colaboradores a nivel estatal.

Los agentes del FBI que trabajan por conducto del JTTF saldrán a interrogar a la gente sobre sus opiniones políticas, en flagrante violación de la Primera Enmienda, y tratarán de penalizar su participación en las protestas. Un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, obtenido por Pol itico, citó la necesidad de que los agentes de inteligencia estén “atentos en la búsqueda de cualquier tipo de amenaza emergente a la patria”, mientras que hizo la reveladora admisión de que “algunos de los comportamientos sospechosos observados incluyen actividades constitucionalmente protegidas…”.

Barr ha surgido como uno de los principales agentes de Trump en la preparación de una dictadura presidencial. El “jefe de las fuerzas del orden”, como se describe al fiscal general, es en realidad un completo coconspirador en el asalto a la Constitución de los EE.UU. y los derechos democráticos.

Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, pero a diferencia de 1992 en California, ningún gobernador estatal ha solicitado asistencia militar federal. Así pues, la Casa Blanca pretende utilizar el Distrito de Columbia, un territorio federal que no forma parte de ningún estado, como muestra del uso de una fuerza militar abrumadora para aplastar las protestas e intimidar a la población mayoritariamente afroamericana.

Como lo han comenzado a mostrar los informes de prensa, fue Barr quien tuvo el papel principal en el ataque policial-militar contra los manifestantes pacíficos en el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, el lunes por la noche. La fuerza antidisturbios de la Oficina Federal de Prisiones, bajo la autoridad directa de Barr, ya que es parte del Departamento de Justicia, fue la punta de lanza del esfuerzo para desalojar el parque, usando gases lacrimógenos, proyectiles de pimienta y otros equipos antidisturbios, a fin de permitirle a Trump realizar su tan publicitado paseo por el parque y sesión fotográfica, sosteniendo una Biblia, frente a la iglesia episcopal de San Juan, que había sufrido daños menores por fuego durante el fin de semana.

En la conferencia de prensa, Barr alabó el papel de las innumerables agencias federales en la represión en DC, declarando: “Hemos desplegado en esta misión a todos los componentes principales de la policía, incluyendo el FBI, la ATF, la DEA, la Oficina de Prisiones y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos”.

Recordó su propio papel en 1992, durante su anterior mandato como fiscal general en la Administración de George H. W. Bush, la última vez que un presidente invocó la Ley de Insurrecciones, durante los disturbios en Los Ángeles que siguieron a la absolución de los matones de la policía que golpearon a Rodney King —una atrocidad racista anterior por parte de la policía que, como el asesinato de George Floyd, se convirtió en un escándalo nacional porque fue filmado por transeúntes y todo el país pudo ser testigo de la verdadera naturaleza de la “ley y el orden” estadounidense—.

El vicepresidente Pence, que estuvo ausente durante la provocación en el parque Lafayette, ha resurgido como un ferviente defensor de la Ley de Insurrecciones y del uso de tropas federales. En una entrevista con una estación de televisión de Pittsburgh, Pence condenó al gobernador demócrata de Pensilvania por sólo llamar a 500-600 tropas de la Guardia Nacional y amenazó con enviar en su lugar al ejército de los Estados Unidos.

“El presidente y yo seguiremos instando a los gobernadores, como el gobernador Wolf, a que llamen a la Guardia Nacional, a que los desplieguen en las calles y de manera firme y decisiva para restablecer el orden. El pueblo estadounidense no espera nada menos”, dijo Pence.

Aunque las mentiras de tal magnitud como las avanzadas por Barr puedan parecer demenciales e increíbles, hay una lógica definitiva en marcha. Es parte de un plan de juego para justificar un golpe de Estado militar que pondría el poder indiscutible en manos del presidente. El lenguaje matón de Trump y sus cómplices, incluyendo ayudantes como Stephen Miller y asesores como Steven Bannon, demuestra que no están siguiendo ningún tipo de reglamento democrático constitucional. Harán y dirán cualquier cosa para llevar a cabo sus planes de establecer un régimen autoritario basado en el ejército y la policía.

El mayor peligro para los trabajadores y los jóvenes sería subestimar los peligros y creer –como sugieren los medios de comunicación corporativos y el Partido Demócrata— que Trump ha renunciado a sus planes de un gobierno militar debido a la oposición de la élite política y dirigentes de la seguridad nacional. Difundir esta venenosa complacencia fue la principal función del sermón del agente del Partido Demócrata, Al Sharpton, durante el servicio conmemorativo de George Floyd el jueves en Minneapolis.

Sharpton se vio obligado a admitir que la participación masiva en las protestas nacionales, con un gran número de jóvenes blancos que constituían una clara mayoría de los indignados y enojados por el asesinato de George Floyd, significó algo nuevo en la vida política y social de los Estados Unidos. Pero rápidamente se dirigió a su verdadero propósito: retratar el ataque a Floyd como algo puramente racial, ocultando así su carácter de clase como un ataque a la clase obrera, y el papel de la policía, ya sea blanca o negra, como el brazo represivo del Estado capitalista.

Aludiendo a la amenaza de Trump de usar la fuerza militar contra los manifestantes, Sharpton dijo que el presidente “solo ladra, no muerde”. Esto en condiciones en las que al menos una docena de personas ya han sido asesinadas por la policía y la Guardia Nacional desde que comenzaron las protestas, y mientras Trump y sus coconspiradores están preparando activamente una intervención de los militares en las calles del país que significaría un terrible baño de sangre.

Ningún demócrata prominente ha denunciado a Trump por amenazar con un golpe militar o ha exigido que sea destituido de su cargo. El presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden ha sido prácticamente invisible. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata de Washington, se limitó a enviar una carta a la Casa Blanca el jueves, pidiéndole que proporcionara al Congreso una lista de las agencias militares y policiales involucradas en la intervención en el parque Lafayette, como si no hubiera un esfuerzo continuo por derrocar la estructura constitucional de los Estados Unidos.

El Partido Socialista por la Igualdad ha emitido un llamado a los trabajadores y jóvenes para que se opongan a los planes de la Casa Blanca de suprimir los derechos democráticos e imponer un régimen policial-militar. Escribimos:

La clase obrera necesita intervenir en esta crisis sin precedente como una fuerza social y política independiente. Debe oponerse a la conspiración de la Casa Blanca por medio de los métodos de la lucha de clases y la revolución socialista.

Millones de obreros y jóvenes que participan en las protestas de masas contra la violencia policial necesitan plantear demandas políticas contra los métodos matones del Gobierno de Trump, exigiendo la expulsión de Trump, Pence y sus conspiradores de sus cargos.

(Tomado de WSWS)

(Visited 11 times, 1 visits today)